Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
Incluso en la desgracia hay discriminación. El martes 1 de septiembre, un departamento del fraccionamiento Grand Viure en Zona Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, se convirtió en el escenario de un multihomicidio que cobró la vida de Jonathan “Honas” Meléndez —tecladista y fundador de Camilo Séptimo—, su esposa Ana Paola, su hija de tres años y Aleyda Romero, una joven trabajadora doméstica de 21 años, en un crimen donde la agresión no distinguió entre la notoriedad de un músico y el anonimato de una empleada cuyo nombre ha comenzado a hacerse oír.
Incluso en la tragedia, las etiquetas se encuentran presentes. Pues están los nombres que la historia y la nota roja se apresuran a dar una categoría con la comodidad de las etiquetas: el músico famoso, el entorno familiar, y al fondo, casi como inexistente, “la empleada doméstica”. Sin embargo, bajo el ruido de los titulares que se llenan con la tragedia en Zona Esmeralda, la barbarie desnuda una asimetría dolorosa que nos confronta a todos. Cuando la violencia llega, el reflector selectivo de los medios y del propio sistema de justicia decide a quién le otorga el beneficio del dolor con nombre propio y a quién relega al anonimato de una estadística colateral. Esa jerarquía del horror —donde la vida de una trabajadora precarizada vale solo lo que dura un subtítulo— no es un accidente informativo, sino el síntoma más claro de un país que estratifica hasta el derecho a ser llorado y a exigir justicia.
Mientras que el entorno de la familia Meléndez cuenta con redes de apoyo, abogados visibles y exigencias públicas de justicia que resuenan en medios nacionales, las familias de trabajadoras domésticas —frecuentemente mujeres jóvenes, migrantes internas o de zonas con altos índices de marginación— enfrentan enormes barreras económicas y burocráticas para exigir que sus casos no queden en el olvido.
En la práctica, las fiscalías suelen volcar sus recursos humanos y tecnológicos con mayor rapidez cuando hay presión mediática o cuando la víctima pertenece a un sector privilegiado. Para las personas en situación de vulnerabilidad, el acceso a peritos, asesoría jurídica digna y un seguimiento real de la investigación suele ser un camino cuesta arriba.
De esta manera, el borrar o minimizar la identidad de una trabajadora en un hecho de esta magnitud refuerza la idea de que su vida vale menos o que su presencia en el lugar del crimen era meramente instrumental, ignorando que era una persona con un proyecto de vida propio, un hogar y una familia que hoy también exige respuestas.
Y no es dramatizar, como si se necesitara hacerlo con algo de esta dimensión, la tragedia. Visibilizar esta doble vara es indispensable para entender que la violencia criminal en México opera sobre estructuras sociales profundamente desiguales, donde el acceso a la verdad y a la justicia también se estratifica según la clase social y la ocupación.
El dolor no democratiza el horror; tan solo pone en evidencia que, en un país fracturado por la desigualdad, ni siquiera la muerte consigue borrar las jerarquías de clase.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género