RELANZAN RED DE MUJERES EN PLURAL
Este fin de semana, activistas, políticas, funcionarias y aliadas en la causa de la igualdad, se reunieron en la Casa Jesús Reyes Heroles, en Coyoacán, para celebrar la Asamblea Nacional 2026 de Mujeres en Plural (MEP), una red que fue determinante en logros legislativos y judiciales en favor de la participación política femenina y del logro de la paridad en todo como derecho escrito en la Constitución.
En lo que podríamos calificar como un relanzamiento de esta importante plataforma, MEP busca abrir canales de comunicación con las instituciones de los tres niveles de gobierno para concretar la democracia paritaria ahí donde aún es remota.
Luchadoras por la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos humanos se dieron cita este sábado 5 y domingo 6 para reformular además el concepto de consenso, a fin de impulsar sus posicionamientos de la manera más incluyente y participativa, evitando sin embargo que la polarización que caracteriza a nuestra vida política inhiba el involucramiento de la Red en la discusión pública.
Asistieron destacadas políticas: la senadora Amalia García (MC), las diputadas Kenia López Rabadán (PAN) y Patricia Mercado (MC), la historiadora y exdirigente del PRI Dulce María Sauri; exlegisladoras como Martha Tagle, Claudia Trujillo, Lucero Saldaña, Blanca Saldaña, Cora Amalia Castilla y Dora María Talamante; las activistas Margarita Dalton, Beatriz Cossío, Maru López Brun, Nashieli Ramírez, Rosalinda Ávila Selvas y Cecilia Tapia; funcionarias y exfuncionarias del sistema electoral mexicano como la consejera Carla Humphrey, la exmagistradas María Silva Rojas y Gabriela Villafuerte, las exconsejeras Miriam Hijonosa, Claudia Zavala y Dania Ravel, la expresidenta del Tribunal Electoral, Maricarmen Alanís; académicas y consultoras como Teresa Hevia, Janete Góngora, Cecilia Lavalle y Paz López; la abogada María Inés Aragón y las periodistas Cristina Renaud e Ivonne Melgar, entre un largo etcétera de participantes presenciales y vía remota.
HUMO BLANCO EN JURÍDICAS UNAM
Hoy saldrá humo blanco de la Torre de la Rectoría de la UNAM, cuando los 15 grandes electores de la Junta de Gobierno deliberen quién es el mejor para conducir al Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) en los próximos cuatro años.
Se necesitarán ocho votos para definir si el IIJ continúa siendo liderado por Mónica González Contró, actual directora, exabogada general de la UNAM, o se concreta un relevo con Marisol Anglés Hernández, desde 2023 coordinadora del Programa de Posgrado en Derecho, o con el investigador Guillermo Estrada Adán, exsecretario académico de la Coordinación de Humanidades.
En los tres casos existe fortaleza académica, capacidad administrativa y reconocimiento internacional, con acentos en áreas diversas. Pero en la recta final, los apoyos de las vacas sagradas y del funcionariado universitario se han dado alrededor de la reelección de González Contró o la alternancia vía Estrada Adán. Y es que Anglés Hernández se encuentra a medio camino de la renovación de los programas de maestría y doctorado de esta disciplina estratégica para la democracia.
El desenlace será muy significativo para pulsar cómo anda la brújula de la Junta de Gobierno cuando las comunidades académicas se dividen a favor de la continuidad y el cambio. Pero también en torno a visiones encontradas de lo que significa el liderazgo. Los promotores de Estrada quieren un Instituto más vinculado con el exterior, en un momento en que México experimenta transformaciones de fondo en su Poder Judicial.
Mientras que los respaldos de González Contró sostienen que su gestión implicó en los últimos cuatro años un relevo de género y generacional y una apertura de agenda (pueblos indígenas, infancias, diversidad) que necesita consolidarse.
DEFIENDEN MIGRANTES DOBLE NACIONALIDAD
Los días 8 y 9 de septiembre se estará analizando en la Cámara de Diputados la reforma que prohibirá tener doble nacionalidad si se aspira a una candidatura por la Presidencia de la República o una gubernatura; el martes se analizará la propuesta presidencial en la Comisión de Puntos Constitucionales y el miércoles estaría siendo votada en el pleno.
Uno de los principales llamados a rectificar en esta iniciativa proviene del Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (COLEFOM), cuyo comunicado a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso describe que se trata de una red trasnacional de más de 100 federaciones y organizaciones de Estados Unidos, Canadá y México.
El planteamiento de los inconformes es que esta reforma a los artículos 82, 116, y 122 constitucionales estaría afectando la progresividad de los derechos de las personas y en general al pueblo migrante, al impactar negativamente “el núcleo esencial de nuestro derecho a la participación”.
En la COLEFON se encuentran jaliscienses, zacatecanos, durangueses, sonorenses, paisanos todos que se han organizado en Estados Unidos de tiempo atrás para defenderse de las injusticias en contra de los inmigrantes. Y que durante décadas pelearon porque les fuera reconocido su derecho a votar y ser votados. Pero ahora deben reclamar que esto no se vea impedido por una mala práctica parlamentaria, según advierten.
“Es un proyecto insuficiente de razonamientos jurídicos, doctrinarios, científicos e históricos. No analiza su impacto con el bloque de constitucionalidad, tampoco con el bloque de convencionalidad, no tiene contenido de derecho comparado y menos aún enuncia el proceso originario y evolutivo del concepto de nacionalidad y el de la ciudadanía, tampoco diferencia entre ambos y, menos todavía, reconoce o señala la lucha que fuera y dentro de las fronteras mexicanas hemos realizado las y los mexicanos en el extranjero por la no pérdida de la nacionalidad mexicana y de nuestro sentido de pertenencia, así como vínculos jurídicos con México, desde el siglo pasado”, se expone en el comunicado.
Veremos si los diputados, al menos, los escuchan.
CUESTIONAN VIENTRES DE ALQUILER
El viernes 3 de septiembre concluyeron en la Universidad Panamericana los trabajos de la IV Conferencia de la Declaración de Casa Blanca México 2026, donde especialistas en derecho y salud de América Latina alertaron que la maternidad subrogada, como se le conoce a los vientres de alquiler, vulnera los derechos de las mujeres y de la infancia, bajo la lógica de un contrato mercantil.
Se analizaron los proyectos de ley en la materia, destacando la advertencia del maestro Abraham Madero Márquez, de Early Institute, de que “la venta de niñas y niños ya está prohibida en México, por lo que la gestación subrogada no opera en un vacío normativo, sino en franca contradicción con el artículo 1º constitucional y con los tratados internacionales de protección a la infancia”.
Se criticó la validez que Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado ya a seis casos de este tipo de contratos, sin colocar en el centro de la discusión el interés superior de los niños.
Y se puso el dedo en la llaga: la ausencia de una ley nacional que prohíba los vientres de alquiler ha generado que en entidades como Sinaloa, Tabasco y Coahuila se permita la gestación subrogada como figura contractual en los dos primeros casos o como procedimiento de asistencia reproductiva en la entidad norteña. “Ese mosaico legal estatal ha convertido a México en un ‘paraíso’ para la explotación reproductiva”, planteó el experto.