Por. Ana Gabriela Núñez Pérez*
Cada mundial de pronto sólo parece un torneo de fútbol, pero lejos está de ser sólo eso. Pocas cosas dibujan tan claro cada cuatro años, quién tiene el poder en el mundo y quién no. En 1945, George Orwell, en su ensayo El espíritu deportivo, escribió que el deporte internacional no acerca a los pueblos, los enfrenta bajo una lógica que él mismo resumió como “la guerra menos los disparos”. La frase incomodó entonces y sigue incomodando ahora, porque contradice la idea que el fútbol prefiere contar de sí mismo: la de un terreno neutral donde la pelota no distingue banderas. Ocho décadas después, la evidencia respalda más a Orwell que al mito. El fútbol no está fuera de la política, nunca lo estuvo, lo que ha cambiado es nuestra disposición a fingir que no la vemos.
La política empieza, de hecho, antes de que ruede el balón. Empieza en el nombre con el que un país decide presentarse al mundo, una decisión que rara vez se toma por estética y casi siempre se toma por estrategia. En este Mundial, muchas personas se preguntaron por qué un equipo ya no se llama como antes y se quedaron con la duda, sin saber bien por qué. La respuesta casi nunca es casualidad. Detrás de cada cambio de nombre suele haber una decisión deliberada, tomada mucho antes de que un país logre la clasificación a la competencia.
Comencemos por el caso de “Holanda”, desde enero de 2020, el gobierno de los Países Bajos aplica oficialmente una nueva estrategia de posicionamiento internacional bajo el nombre “Netherlands”, dejando atrás la marca “Holland” que durante décadas lo identificó en el extranjero. La decisión, coordinada entre el Ministerio de Asuntos Exteriores neerlandés y el The Netherlands Board of Tourism & Conventions (NBTC), respondía a un problema concreto: “Holland” designa apenas dos de las doce provincias del país, las que concentran Ámsterdam y Róterdam, y reducía la identidad nacional a una fracción de su propio territorio.
El caso turco siguió una ruta más formal. El 26 de mayo de 2022, el gobierno de la República de Türkiye notificó al secretario general de las Naciones Unidas, a través de su entonces canciller, el cambio de su nombre oficial. Desde entonces, la ONU reconoce “Türkiye” como la denominación oficial del país en todos sus documentos. El gobierno turco fue explícito sobre el motivo: distanciar al país de la traducción inglesa de su nombre anterior, asociada en los diccionarios con fracaso y con un ave de granja, y consolidar una marca nacional acorde con el papel que Ankara busca jugar en la región.
Algo similar, aunque con menor atención mediática, ocurrió con la República Checa. El 2 de mayo de 2016, el gobierno checo aprobó la Resolución 403, mediante la cual solicitó a Naciones Unidas registrar “Czechia” como nombre corto oficial del país en sus bases de datos terminológicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores checo explicó que el nombre largo, “República Checa”, resultaba poco práctico para etiquetas, camisetas deportivas o gafetes corporativos. El registro se completó el 1 de julio de ese año. De manera significativa, el nombre corto fue adoptado primero por las asociaciones deportivas y el Comité Olímpico Checo, antes de generalizarse en otros ámbitos. El deporte, una vez más, como el espacio donde primero se ensaya el relato que un país quiere contar de sí mismo. Un país no elige su nombre por capricho. Elige, con él, quién cuenta su historia.
Lo que un Estado hace con su nombre, la FIFA lo hace con sus sedes. La organización que gobierna el fútbol mundial no se limita a fijar calendarios y reglamentos. Decide, cada cuatro años, qué país recibe la visibilidad, la inversión y la legitimidad internacional que produce el evento más visto del planeta. Esa decisión nunca ha sido puramente deportiva.
El proceso de adjudicación de las sedes de 2030 y 2034 ilustra el punto con precisión. La FIFA organizó la votación final de ambos torneos de manera conjunta, en un congreso extraordinario donde las 211 federaciones miembro emitieron un único sí o no, sin posibilidad de pronunciarse por separado sobre cada candidatura. España, Portugal y Marruecos recibieron así la sede de 2030 en el mismo paquete que llevó a Arabia Saudita a la de 2034, país que se presentó como único candidato. El mecanismo diluyó cualquier oposición real a una candidatura que, de votarse de forma independiente, habría enfrentado un escrutinio considerablemente mayor. La FIFA no organiza fútbol, organiza, desde hace tiempo, alianzas geopolíticas.
Esa lógica no es nueva. Catar ya la había demostrado en 2022. Un país de menos de tres millones de habitantes invirtió, según distintas estimaciones, más de 200,000 millones de dólares en infraestructura para construir, en apenas una década, la relevancia internacional que ningún otro instrumento diplomático le habría dado con esa velocidad. El patrón identificado entonces, bautizado como sportswashing por organizaciones de derechos humanos, consiste en usar el deporte para legitimarse en el escenario global mientras se desvía la atención de problemas internos. Arabia Saudita no inventó esa estrategia. La perfeccionó, y las cifras lo demuestran. Entre 2022 y 2025, el gobierno saudí destinó alrededor de 5,700 millones de euros a mejorar su imagen internacional a través del deporte: fichajes futbolísticos de cifras récord, el circuito LIV Golf, el boxeo, el Rally Dakar y la Fórmula 1. La adjudicación del Mundial 2034 no fue un paso aislado dentro de esa estrategia. Fue su consolidación. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y más de veinte organizaciones firmaron un comunicado conjunto advirtiendo sobre los riesgos del torneo para los trabajadores migrantes, que representan el 42% de la población saudí. El plan de construcción contempla 15 estadios y más de 185,000 habitaciones de hotel, y dependerá en gran medida de mano de obra extranjera bajo el sistema de kafala, que otorga a los empleadores un control desproporcionado sobre sus trabajadores y que, según Amnistía Internacional, sigue vigente a pesar de las reformas anunciadas desde 2018. Arabia Saudita no compró un Mundial, compró, con él, el silencio del mundo.
El propio informe de evaluación de derechos humanos encargado por la FIFA calificó el riesgo de la candidatura saudí como “medio”, una conclusión que organizaciones independientes consideraron insuficiente frente al historial documentado del país en materia de libertad de prensa, derechos de las mujeres, criminalización de la comunidad LGBTIQ+ y aplicación de la pena de muerte. Esa evaluación se apoyó en un análisis encargado a AS&H Clifford Chance, un despacho legal con sede en Riad, lo que organizaciones de derechos humanos señalaron como un conflicto de interés evidente en un proceso que debía ser independiente. La cercanía entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el príncipe heredero Mohammed bin Salman, en el contexto de la disputa de poder entre la FIFA y la UEFA por el control del fútbol mundial, ha sido señalada por analistas como un factor adicional en la designación.
La pregunta que se desprende de este proceso no es menor para quienes estudian la gobernanza de organismos internacionales. Si la propia entidad que reparte el evento deportivo más visto del planeta delega la evaluación de riesgos a una firma con sede en el país candidato, el mecanismo de control pierde la independencia que se supone debe garantizar. No se trata de un detalle administrativo, sino de una falla estructural en el diseño institucional de la FIFA: el organismo que debería operar como árbitro neutral termina, en la práctica, validando sus propias decisiones políticas con apariencia de rigor técnico.
México no necesita mirar tan lejos para encontrar una versión doméstica del mismo fenómeno, aunque sin las violaciones de derechos humanos documentadas en los casos anteriores. Es el único país en organizar tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026, es también uno donde una parte considerable de su población queda excluida, por motivos económicos, del estadio que su propio gobierno ayudó a construir.
La asimetría no se limita al precio del boleto. De los 104 partidos del torneo, Estados Unidos concentra 11 de las 16 sedes y la mayoría de los encuentros, incluida la final. México y Canadá comparten una fracción menor de estadios y de protagonismo. Compartir la organización de un Mundial no equivale a compartir el poder que produce, equivale, casi siempre, a decidir qué país conserva el papel principal y cuáles aceptan uno secundario a cambio de participar.
El hilo que conecta el nombre de un país, la sede de un Mundial y el lavado de imagen de un régimen autoritario es el mismo: el control del relato como forma de poder. Quien decide cómo se llama un territorio, quién organiza el espectáculo más visto del planeta o quién compra el silencio internacional sobre sus violaciones, ejerce una forma de poder tan real como un tratado o un despliegue militar, aunque se presente como pasión deportiva. La FIFA no está fuera de la geopolítica. Es, desde hace tiempo, una de sus jugadoras principales.