Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
“A falta de pan, tortillas”, dicen por ahí. Y en la actual gestión gubernamental el refrán parece haberse transformado en “a falta de resultados, buenos son los cargos honoríficos”, en especial en cuanto al tema de la agenda de mujeres se refiere… y de dar puestos a quienes son afines.
Tal es el caso de la Secretaría de las Mujeres –que sigue sin titular desde la salida de Citlalli Hernández Mora, quien cambió la silla por la grilla– y de la próxima responsable, la senadora morenista Laura Itzel Castillo, actual presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, quien ha sido designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como la nueva cabeza de la dependencia… una vez que termine su encargo en la Cámara Alta.
La creación de la Secretaría de las Mujeres se vendió como el saldo de una deuda histórica: la elevación de la agenda de género al máximo nivel del Estado. Sin embargo, los hechos de los últimos meses revelan una contradicción preocupante.
Los datos sobre la realidad de las mujeres en el territorio mexicano contrastan con la narrativa oficial de cobertura y atención. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y diversos observatorios ciudadanos, la violencia de género mantiene una tendencia alarmante. Durante el primer semestre de 2026, la tasa de impunidad en delitos de alto impacto, como el feminicidio, se mantiene por encima del 90%, cifra que refleja la ineficacia de los mecanismos de investigación actuales.
Así, mientras se presume la entrega masiva de cartillas y el despliegue de los Centros LIBRE, la incidencia de violencia sexual afecta a casi el 50% de la población femenina, según datos del INEGI. La brecha no radica en la falta de folletos o instancias administrativas, sino en la ausencia de una política pública y de prevención que trascienda la coyuntura electoral. Al parecer, no fue lo mismo luchar contra la violencia de género que generar alianzas partidistas, lo cual parece ser la especialidad de Hernández Mora.
Aun ante el evidente fracaso de la anterior titular, la designación de perfiles para la titularidad de la Secretaría sigue respondiendo más a un sistema de premios y trueques entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo que a una búsqueda de perfiles especializados en seguridad pública o procuración de justicia.
Esta estrategia del feminismo como bandera electoral convierte la defensa de los derechos humanos en un mero discurso de campaña. La interinidad de la institución no es menor; es la señal más clara de que la seguridad de las mujeres está condicionada a los tiempos de la política interna de la bancada oficialista y sus grillas.
El modelo de atención actual, basado principalmente en el acompañamiento social y de entregar dinero en efectivo, resulta insuficiente para frenar una espiral de violencia que exige una coordinación férrea con fiscalías estatales y una capacidad de presión política que hoy se encuentra ausente. Los resultados de una Secretaría deben medirse por la reducción de las cifras de violencia y el incremento en las sentencias condenatorias, no por la cantidad de personas atendidas en programas que, aunque probablemente valiosos, no logran frenar la agresión estructural.
Si la agenda de las mujeres sigue siendo utilizada como una plataforma de reflectores y no como un eje de seguridad nacional, el feminismo de Estado corre el riesgo de convertirse en una simulación institucional que, al igual que los dichos populares, puede sonar bien, pero no llena la justicia que el país demanda con urgencia.