Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
Mientras en el debate público se suele hipervisibilizar el temor a las falsas acusaciones, las desgracias nos dan un bofetón de realidad. En el municipio de Sabanilla, Chiapas, cuatro hombres —identificados como Aurelio “N”, Octavio “N”, Gabino “N” y Fernando “N”— fueron detenidos y vinculados a proceso bajo la medida de prisión preventiva oficiosa tras una agresión sexual cometida contra un niño indígena en un predio de la comunidad Los Naranjos. Un crimen que, como si no fuese ya lo suficientemente atroz, fue videograbado y difundido en redes sociales.
No obstante, cabe destacar que el sujeto que lo subió a Facebook, tras las reacciones a la grabación, tuvo el cinismo de compartir posteriormente otro video minimizando el hecho y diciendo que era una broma, como si se pudiese bromear con violar a una persona, lo que desató una inmediata movilización de la Fiscalía General del Estado (FGE) para rescatar a la víctima, trasladarla a Yajalón para recibir atención psicológica especializada y someter a los imputados a la justicia por el delito de pederastia.
Y si bien aquí hubo pronta respuesta de las autoridades y en esta ocasión sí hubo enojo de la sociedad, esto se debió más a que se rompió el pacto implícito que conlleva la violencia sexual, el cual le permite seguir siendo el delito con mayor grado de impunidad en el país y donde la víctima tiene que probar que no lo merecía y que sí es una víctima digna.
Aquí, con el caso de Chiapas, los agresores lo propagaron y nos confrontaron con la realidad que nos negamos a ver. El código no escrito de este delito opera bajo un pacto tácito de silencio, ya sea en el ámbito intrafamiliar o comunitario, y por ello las infancias son las más vulnerables a él. Así, mientras el abuso permanece oculto, privado y sin repercusiones institucionales, la sociedad puede mantener la ilusión de normalidad. El problema ocurre cuando hay una denuncia, pues se le obliga a posicionarse. Pues es más cómodo ignorar o desconocer que tener que asumir la realidad de la violencia sexual que corroe el tejido social.
En esta ocasión, al menos la víctima no fue cuestionada. Pero sí su madre, a quien se ha buscado desprestigiar alegando, sin que esto esté comprobado, que ella pidió a los agresores bajar el video presuntamente diciendo que no era verdad. Al margen de la veracidad de este suceso, llama la atención que, al no poder culpar al menor afectado, la narrativa digital intente desviar el foco hacia la madre. En el tribunal de las redes sociales se busca, de forma perversa, equiparar moralmente las acciones de unos pederastas con la desesperación de una madre por proteger la privacidad de su hijo.
Pues al parecer es menos doloroso socialmente desacreditar denuncias que admitir que el entorno es violento, que no hemos avanzado y que nos hemos sumido en los niveles más bajos de brutalidad moral donde no sólo nos atrevemos a atentar contra las infancias, sino que se considera algo digno de pregonar.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género