Por. Ernesto Zavaleta
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La elección de Coahuila dejó una fotografía política que pocos esperaban tan contundente.
Mientras Morena gobierna el país, controla la Presidencia, domina el Congreso de la Unión y administra la mayoría de los estados, en la tierra de los Rubén Moreira y de Manolo Jiménez, el PRI volvió a demostrar que sigue vivo y que, al menos en esa entidad, conserva una maquinaria electoral que no ha podido ser desmontada por la llamada Cuarta Transformación.
Los números son contundentes. La alianza PRI-UDC se perfila para ganar los 16 distritos de mayoría relativa y mantener el control del Congreso local. Con cerca del 55 por ciento de la votación estatal, frente a un 26 por ciento de Morena y sus aliados, el mensaje de las urnas parece claro: Coahuila sigue siendo territorio priista.
Sin embargo, en política las victorias amplias suelen venir acompañadas de preguntas incómodas.
Mientras Rubén Moreira celebraba la fortaleza del modelo coahuilense y Alejandro Moreno proclamaba que el PRI había “barrido” a Morena, desde el oficialismo federal surgían denuncias graves. Compra de votos, utilización de códigos QR para controlar electores, intimidación de operadores políticos, detenciones de militantes y hasta acusaciones de una presunta “elección de Estado”.
Ricardo Monreal elevó el tono al denunciar que diputados federales y simpatizantes de Morena fueron privados ilegalmente de su libertad durante la jornada electoral. No es una acusación menor. Tampoco lo es cuando se afirma que hubo intentos por alterar el desarrollo democrático de una elección.
La pregunta es inevitable: ¿cómo explicar una diferencia cercana a treinta puntos porcentuales únicamente mediante supuestas irregularidades como las que denuncia Morena?
Si las denuncias son ciertas, deberán acreditarse ante la FISEL, el Instituto Electoral de Coahuila y los tribunales. Si las pruebas existen, tendrán que producir consecuencias jurídicas. Pero si no logran sostenerse, Morena tendrá que enfrentar una realidad que parece negarse a reconocer: perder también es parte de la democracia.
Porque hay un dato que la dirigencia morenista parece pasar por alto. Coahuila no es una elección aislada. Desde hace años, el estado ha construido una narrativa política basada en la seguridad pública, la estabilidad económica y una estructura territorial que el PRI conserva prácticamente intacta. Esa narrativa puede gustar o no, pero ha demostrado ser electoralmente rentable.
Rubén Moreira lo entiende perfectamente. Por eso convirtió la elección en un referéndum sobre los resultados de los gobiernos priistas. Y por eso Alejandro Moreno aprovechó para lanzar un mensaje nacional: el PRI busca presentarse como la única oposición capaz de derrotar a Morena en las urnas.
El problema para ambos bandos es que los excesos verbales terminan debilitando sus argumentos.
Cuando Alito habla de “narcopolíticos” para referirse a Morena, contribuye poco al debate democrático. Cuando Morena denuncia una elección de Estado antes de que concluyan los cómputos oficiales, corre el riesgo de parecer un mal perdedor.
La democracia exige algo más que victorias y derrotas. Exige pruebas.
Por ahora, los números favorecen al PRI. Las acusaciones favorecen a Morena. Los tribunales tendrán la última palabra sobre las denuncias, pero las urnas ya emitieron un mensaje político difícil de ignorar.
Coahuila se convirtió en algo más que una elección local. Es un laboratorio rumbo a 2027. Es la demostración de que Morena no es invencible y de que el PRI aún conserva bastiones capaces de resistir la ola guinda.
La verdadera pregunta no es quién ganó ayer.
La pregunta es quién entendió mejor el mensaje de los electores.
Y, por lo visto, en Coahuila Morena todavía no encuentra la respuesta.
Y el PRI debería distinguir entre una victoria electoral y una victoria política antes de lanzar las campanas al vuelo y cantar victoria para el 2027.