Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
Hay tragedias que tratar de justificarlas envilece. Y la de Vicente es una de ellas.
El caso del pequeño fallecido por un golpe de calor en Mexicali marca un punto de inflexión entre la responsabilidad civil y las tragedias, entre los discursos de género y las negligencias mortales.
Los hallazgos ministeriales han revelado que el menor de tres años falleció tras permanecer más de doce horas en el interior de una camioneta, bajo temperaturas que superaron los 45 grados, mientras su madre y cuidadora legal presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol y subía historias a redes sociales.
Sin embargo, es necesario establecer una pauta y dejar en claro que el feminismo, como agenda de justicia e igualdad, no puede —ni debe— ser el refugio de la irresponsabilidad .
Pues una cosa es la lucha contra la estructura que históricamente ha cargado el peso de la crianza en los hombros de las mujeres, sin importar si éstas trabajan, doblan jornadas, entre otros factores —un debate necesario sobre roles y cuidados compartidos—, y otra, muy distinta, es el proceso penal por la muerte de un niño que nunca debió ocurrir.
El feminismo lucha por esa emancipación que implica no sólo libertades sino obligaciones como cualquier adulto funcional. Ser mujer no otorga un fuero frente a la vulneración del derecho más elemental: el de la vida.
Cuando se asume el rol de cuidadora, se adquiere un compromiso que no admite el matiz del “descuido” bajo el influjo de la evasión personal. La irresponsabilidad no tiene género, y justificarla no reditúa en mayor visibilización de las cargas desiguales en los roles familiares sino que propicia la victimización sistémica que termina –irónicamente– traicionando los principios de autonomía que el feminismo defiende.
Pero este caso pone sobre la mesa un tema polémico por excelencia, pues es el momento de cuestionar cómo es que el Estado asigna las custodias. Pues el padre de Vicente está dando una batalla legal por la custodia de su hijo, advirtiendo riesgos que no fueron escuchados a tiempo por el sistema judicial.
Este escenario no sólo ha derivado en la vinculación a proceso de la madre por homicidio, sino que ha impulsado una nueva propuesta legal que se conocería como “Ley Vicente” con la cual se busca que se obligue a los juzgados a ir más allá del género y a fundamentar las custodias en peritajes psicológicos, garantizando que el interés superior del niño no sea desplazado por un populismo de género donde se romanticen las maternidades como preferibles.
Y más allá de cualquier posición, es un acto de congruencia desde el feminismo reconocer que es necesario que exista la justicia para Vicente. Porque no se puede pretender subsanar la desigualdad y la vulnerabilidad negando el crimen contra el más vulnerable en todo este caso. Que la muerte trágica de Vicente nos obligue a repensar el sistema, pero jamás a justificar lo injustificable.