Por. María del Socorro Pensado Casanova
X: @mariaaspc / IG: @pcasanovams
Las prostitutas, llamadas así desde el latín prostituere, que significa “exponer públicamente”, han existido desde las primeras organizaciones sociales de la humanidad. Hoy, son reconocidas como trabajadoras sexuales, resignificando así su actividad desde una perspectiva de derechos. No obstante, las realidades que viven dentro de su ejercicio son opuestas. Por un lado, hay mujeres que se encuentran dentro de redes o células organizadas de explotación y control sexual. Por otro, hay mujeres que ejercen el trabajo sexual por decisión propia.
Si nos centramos en aquellas mujeres que optan por ejercer el trabajo sexual por decisión propia, es posible afirmar, que son descalificadas y señaladas como desviadas, inmorales o como personas que eligieron un camino fácil, omitiendo considerar la complejidad de sus trayectorias. La premisa de que el trabajo sexual no tiene complejidades desconoce las múltiples violencias, riesgos y condiciones deplorables que atraviesan sus historias, ya que son factores económicos, sociales, familiares y contextos de exclusión los que influyen en su decisión.
Al mismo tiempo, la postura crítica que reivindica la prostitución como una forma de cosificación de la mujer y de su sexualidad, las agrede sin encontrar un alto. Lo anterior, en atención a que desde esta mirada, el cuerpo femenino se convierte en mercancía dentro de un sistema que permite su consumo bajo lógicas de poder. Y, el deseo masculino es posicionado como un eje y la mujer como un objeto disponible.
Si bien, hablar sobre la prostitución implica de manera obligatoria analizar el papel del sistema patriarcal, que normaliza la disponibilidad del cuerpo femenino, la convicción de ejercer el trabajo sexual por decisión propia, no debería ser violentada, puesto que continúa el círculo vicioso de la discriminación y violencia en su contra. Frente a estas problemáticas, las trabajadoras sexuales han impulsado la exigencia del reconocimiento de sus derechos.
En muchos contextos, su lucha se centra en el acceso a condiciones laborales dignas, seguridad, salud y protección frente a la violencia. Esta demanda no necesariamente implica una aceptación sin cuestionamientos de la prostitución, sino el reconocimiento de que, mientras se ejerza, quienes la practican no pueden quedar al margen de los derechos humanos que les corresponden por el simple hecho de ser personas.
Asimismo, uno de los aspectos más preocupantes que enfrentan es la violencia extrema que provoca su muerte. Muchas trabajadoras sexuales son asesinadas en contextos donde su vida es considerada inservible. En estos feminicidios, la violencia ejercida responde a una lógica de género en la que se les despoja de valor por su condición. Sin embargo, la estigmatización social contribuye a la impunidad y refuerza la idea de que sus muertes no generan indignación en lo absoluto.
En el caso de mujeres trans que ejercen el trabajo sexual, la situación se agrava. Ellas enfrentan discriminación por su actividad y por la transfobia de la violencia estructural. Así, la falta de acceso a derechos básicos las colocan en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y, los transfeminicidios evidencian una violencia específica que responde tanto a su identidad de género, como a su situación dentro del trabajo sexual, mostrando la urgencia de una mirada interseccional.
Por otra parte, en los últimos años, han emergido nuevas formas de prostitución vinculadas al entorno digital. Plataformas en línea, redes sociales y servicios de acompañamiento, han transformado las dinámicas del trabajo sexual. Aunque algunas mujeres encuentran en estos espacios mayor autonomía, también se enfrentan a nuevas formas de vulnerabilidad. La exposición, la falta de regulación y la persistencia de esquemas de discriminación siguen presentes, incluso bajo figuras como las escorts o damas de compañía, que no escapan a la lógica de desigualdad, estigmatización y riesgo frente a la explotación sexual.
Hablar de trabajadoras sexuales exige abandonar posturas simplistas. No se trata de romantizar ni de criminalizar, sino de comprender las múltiples realidades que atraviesan. La invitación es a mirar más allá del prejuicio, a cuestionar las estructuras que sostienen las dinámicas de violencia sexual y a reconocer que, en el centro de esta discusión, hay vidas que merecen dignidad, protección y justicia. En lugar de discriminar a las personas, resulta necesario impulsar condiciones que fortalezcan sus proyectos de vida, garanticen su seguridad y amplíen sus posibilidades de decisión, para que puedan acceder a mejores oportunidades, igualdad y una vida libre de violencia.