Ocho mexicanos murieron a manos de un joven de 21 años que masacró a una multitud en el Walmart de El Paso, Texas.
La línea ideológica de este muchacho está en concordancia con los grupos supremacistas y de odio que proliferan en los Estados Unidos. En los primeros ocho meses de 2019 se han registrado alrededor de 250 tiroteos contra grupos minoritarios.
Hasta el ataque en El Paso, las ráfagas de los rifles de asalto habían estado dirigidas contra afroamericanos, homosexuales y judíos. Ahora fue contra mexicanos.
Políticos norteamericanos han culpado al discurso antiinmigrante del presidente Trump como el motor del ataque de El Paso.
Y por primera vez, el presidente Trump declaró que “el odio no tiene cabida en nuestro país”. Además, dijo que los ataques con armas de asalto eran parte de un problema de salud mental.
La reacción del gobierno de México ante la muerte de connacionales fue inmediata. No solo se puso a trabajar el consulado en esa ciudad tejana, sino que el propio canciller Marcelo Ebrard se trasladó a la ciudad fronteriza para expresar solidaridad con las víctimas de la masacre y anunciar acciones legales en contra del tirador y de quien le vendió el arma letal.
El perpetrador del ataque solo tiene 21 años. Legalmente no puede beber alcohol pero sí puede comprar un rifle de asalto para asesinar.
En las últimas semanas, el gobierno mexicano le pidió a su contraparte estadounidense poner mucha atención en el trasiego de armas hacia nuestro país. Ahora, la petición se amplia pues hay la intención de solicitar la extradición del asesino para juzgarlo por terrorismo que provocó la muerte de mexicanos y también pondrá en la mira a las armerías de la frontera que venden indiscriminadamente armas letales.
El objetivo del criminal del sábado pasado era matar al mayor número de mexicanos. Logró su objetivo. El gobierno mexicano ha reaccionado con prontitud y claridad para condenar el hecho y buscar que se haga justicia.
Pero en los Estados Unidos hay campaña presidencial y Trump sabe qué hay miedo en millones de sus compatriotas por la llegada de migrantes a la nación migrante por excelencia. Ese discurso le puede generar la reelección.
LA LETRINA. Se anunció la noche del domingo que las cuentas bancarias de Rosario Robles, ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña, estaban congeladas. Lo mismo sucedía con las Emilio Zebadúa, quien fuera su brazo financiero. Robles es el centro de una trama de corrupción denominada La Estafa Maestra por la cual se desviaron miles de millones de pesos del erario a empresas fantasma. El presidente López Obrador pidió el lunes en la mañanera que no se hagan juicios sumarios a la ex jefa de Gobierno del DF. Algunos quieren ver en la cárcel a Robles, pero creo que el caso no llegará más que a una inhabilitación para ocupar carlos por los próximos 10 años.
