Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
Resulta curioso que la máxima autoridad encargada de vigilar las reglas del juego democrático haya terminado perdiendo el suyo en la auditoría más elemental: las facturas de los afectos.
La autoridad moral de un árbitro electoral no se sostiene únicamente en la dureza de las normas, sino en el respeto de las mismas en su ejercicio cotidiano. Pero cuando las altas esferas de la institución encargada de garantizar la legalidad democrática se ven envueltas en la sombra de la opacidad administrativa, el problema deja de ser una grilla partidista para convertirse en una crisis de confianza pública. Así que el desenlace que en octubre de 2026 culminó con la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral no responde a un capricho político, ni a violencia de género, sino a la consecuencia ineludible de un hecho comprobado: la evidencia innegable a través de videos y audios de un conflicto de interés.
Los datos detrás de la caída son insostenibles. Eran los videos donde las imágenes mostraban lo más burdo del uso del presupuesto público para la vida personal: reuniones privadas, llamadas donde se negociaban adjudicaciones con absoluta naturalidad y el cruce evidente de favores entre el círculo de confianza de la presidencia del INE y los proveedores favoritos del instituto.
El proveedor favorito salía a cuadro con gran confianza y palabras cariñosas. No eran trascendidos de pasillo ni grilla de café; era la evidencia en alta definición de cómo el presupuesto público se deslizaba sin rubor hacia los bolsillos del dueño de sus afectos. De la noche a la mañana, el escándalo pasó de la sospecha a la estampa inocultable, arrastrando a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a intervenir de oficio ante la fiesta de licitaciones a la medida.
Frente a la contundencia de los contratos y las grabaciones, y la inmediata condena de la oposición, la Presidenta intentó responder con el recurso más socorrido de la época: descalificar la crítica a la hoy exfuncionaria bajo la etiqueta de violencia política debido a género. Una maniobra tan predecible como peligrosa. Se trató de instalar la narrativa de que el escrutinio sobre la presidenta del INE no nacía de sus actos al frente de la chequera institucional, sino de un supuesto sesgo misógino contra una mujer en el poder.
Sin embargo, hay una línea ética y jurídica insalvable que la Presidenta prefiere ignorar. Exigir rendición de cuentas, fiscalizar licitaciones y señalar conflictos de interés no es violencia de género; es el ejercicio más elemental de la democracia. Atenuar un escándalo de adjudicaciones a la medida como si se tratara de una persecución personal, o pretender “emparejarla” con la supuesta corrupción no demostrada de un antecesor en el cargo, no solo devalúa el concepto, sino que trivializa las batallas reales de las mujeres que sí sufren agresiones sistémicas por hacer política. Cuando el escudo de género se utiliza para aminorar la corrupción, el feminismo institucionalizado deja de ser una herramienta de justicia para convertirse en el último refugio de la impunidad.
Así que, por favor, señora Presidenta: no menoscabe la lucha feminista para abaratarles el costo a las corruptas.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género