Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
En este país la indignación es selectiva, empezando desde el poder. Eso quedó demostrado con la reacción de la presidenta con la diseñadora muxe Elvis Guerra.
Días antes de que se conmemorara el Grito de Independencia, el talento textil del Istmo de Tehuantepec acaparó los reflectores nacionales gracias al taller colectivo Biulú, liderado por la artesana y diseñadora muxe Elvis Guerra, cuyo trabajo formó parte de la creación del vestido tradicional que la presidenta Claudia Sheinbaum lució en Palacio Nacional.
Sin embargo, el brillo de ese reflector cultural se eclipsó casi de inmediato con la violencia regional: la noche del 18 de septiembre, la fachada de su vivienda y taller en Juchitán de Zaragoza fue atacada a balazos por sujetos en motocicleta, una agresión precedida por una exigencia de extorsión de 200 mil pesos tras inaugurar un salón de eventos.
Ante el atentado, la reacción del poder federal fue tan inmediata como contrastante, pues la mandataria se comunicó personalmente con la diseñadora para prometerle protección y cero impunidad, mientras el Gabinete de Seguridad desplegó operativos en la zona.
Esta pronta respuesta institucional evidencia una dolorosa diferencia en el México actual: mientras la tragedia toca las esferas cercanas al poder y recibe atención gubernamental de primera línea, el clamor y la búsqueda de miles de ciudadanos que enfrentan la violencia en el abandono absoluto continúan sin encontrar un eco similar en Palacio Nacional. Y prueba de ello son las madres buscadoras y las cifras sin precedentes de desaparecidos.
Y previo a que los corifeos de redes aleguen que no existen tales, son los mismos datos generados desde el poder los que sustentan los dichos. Pues los registros oficiales presentados por el gobierno federal ubican la crisis de personas desaparecidas en cifras históricas que superan los 130 mil casos acumulados en el país, de los cuales una proporción significativa corresponde a los expedientes abiertos durante los últimos años.
Y así, mientras el Ejecutivo federal defiende estrategias de localización y contabiliza decenas de miles de personas halladas —la gran mayoría con vida— desde el inicio de la administración en octubre de 2024, diversas organizaciones civiles y colectivos de familiares cuestionan la consistencia de las cifras institucionales. En el terreno cotidiano, los nuevos reportes continúan sumando decenas de casos diarios a lo largo de los estados, evidenciando una crisis estructural de seguridad e identificación forense que choca de frente con el reclamo constante de los grupos de búsqueda en México.
Así, ante este panorama, no puede menos que doler que la justicia sea selectiva. Pues habría que preguntar a las familias de estos cientos de miles cuántos han recibido llamadas directas desde Presidencia o al menos han visto contestadas sus súplicas de atención.
Un caso como el de Carlos Emilio Galván Valenzuela —el joven de 21 años que desapareció en octubre de 2025 tras levantarse a los sanitarios de un concurrido establecimiento en la Zona Dorada de Mazatlán sin que las fiscalías estatales o los videos del lugar ofrecieran respuestas claras— encapsula el calvario de la burocracia y el abandono oficial que enfrentan los familiares de desaparecidos.
Frente a la indolencia institucional, donde su madre Brenda Valenzuela ha tenido que litigar contra las propias instancias de víctimas y lidiar con meses de omisiones, el contraste con la atención del poder es implacable: mientras un atentado contra figuras vinculadas a la agenda cultural del régimen moviliza llamadas presidenciales inmediatas y operativos de blindaje federal, una madre buscadora debe romper cercos de seguridad e interceptar a la presidenta en una gira pública únicamente para arrancarle un acuse de recibido a su dolor.
Al parecer, no todas tienen la suerte de bordarle un traje a la presidenta.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género