Por. María del Socorro Pensado Casanova
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“Tú que comes chicharrón y garnachas, tamarindo y mamey magullados, sopes y frijoles
refritos, quesadillas de flor y gusanos de maguey, carnitas y pozole…”
Carlos Fuentes, La región más transparente, Ciudad de México, 1958.
El Centro Histórico de la Ciudad de México volvió a llenarse de la ciudadanía que acudió a conmemorar las fiestas patrias y, una vez más, se hizo visible la situación de personas que encuentran en esas calles su lugar de trabajo y permanecen ahí cuando termina la celebración.
Durante esos días me tocó observar cómo retiraban de la vía pública a mujeres vendedoras de elotes cacahuazintles. En medio del movimiento del Zócalo podía parecer una escena más, pero detrás de ella aparecía una cuestión mucho más amplia. Para algunos se trata de ordenar las calles y garantizar su uso colectivo. Para otros, ese lugar representa el ingreso diario.
A finales de agosto se celebró el Primer Parlamento de Comercio Popular, donde comerciantes, locatarios de mercados, tianguistas y productores presentaron propuestas relacionadas con el desarrollo de sus labores. Durante septiembre, el uso y la protección del espacio público también formaron parte del debate legislativo.
Parecería entonces que la respuesta es sencilla. Hace falta una ley. Pero ¿con una ley basta?
Las leyes son indispensables. No obstante, su aprobación constituye solamente una parte del camino. Pocas actividades reflejan mejor la distancia entre el texto jurídico y su aplicación que el comercio informal. Una regulación puede establecer permisos, obligaciones, zonas determinadas y procedimientos para organizar una práctica presente en la dinámica de la ciudad. También puede otorgar certeza a quienes laboran en las calles y a quienes transitan por ellas.
¿Quién determina dónde puede instalarse alguien? ¿Con qué criterios se asignan los lugares? ¿Qué sucede con quien lleva años trabajando en un mismo punto? ¿Cómo se evita que los procedimientos generen intermediarios, privilegios o decisiones arbitrarias? ¿Qué alternativas existen para quien depende económicamente de esas actividades cuando debe abandonar el lugar?
Ninguna de esas preguntas desaparece con la publicación de una norma.
Además, no es posible olvidar que muchas mujeres dependen del comercio informal para sostener a sus familias y, en ocasiones, compatibilizan el trabajo remunerado con las tareas de cuidado que todavía recaen de manera desigual sobre ellas. Regular esta práctica sin tomar en cuenta dichas circunstancias reproduce desigualdades que una disposición, aun cuando parezca neutral, difícilmente resolverá por sí sola.
El espacio público debe garantizar movilidad, seguridad, accesibilidad y convivencia. Al mismo tiempo, detrás de aquello que habitualmente denominamos comercio informal existen personas y formas de subsistencia que no pueden reducirse a puestos, mercancías o cifras.
Para que el derecho pueda materializarse se requieren instituciones capaces de aplicarlo, autoridades preparadas para interpretarlo correctamente, recursos suficientes y mecanismos permanentes de evaluación. Cuando alguno de estos elementos falta, el ordenamiento conserva su valor jurídico, aunque disminuye su capacidad para atender aquello que motivó su creación.
Por eso resulta relevante que el comercio popular haya llegado al ámbito legislativo no solamente como objeto de regulación, sino acompañado de las experiencias de quienes lo ejercen. Escuchar sus voces ayuda a comprender algo que no siempre puede advertirse desde el articulado.
Sin embargo, legislar tampoco representa la meta final. Aprobar una norma implica asumir la responsabilidad de generar las herramientas necesarias para que produzca cambios efectivos. El camino es claro: planeación, coordinación, recursos, seguimiento y revisión de resultados.
Septiembre termina y tanto el Zócalo de la Ciudad de México como las plazas y calles de sus 16 alcaldías recuperan poco a poco su imagen habitual. Las celebraciones quedan atrás. En cambio, las personas que día a día obtienen ahí una forma de subsistencia continuarán preguntándose sobre permisos, derechos y decisiones de nuestras autoridades.
Entre lo que establece una norma y lo que sucede por las mañanas cuando alguien vuelve a colocar su puesto existe una distancia que no se resuelve únicamente desde un curul. Una ley puede regular el espacio público, pero su eficacia también se mide en la manera en que sus disposiciones conviven con la vida de las personas que trabajan ahí.
Todos conocemos algún puesto de tamales, barbacoa o elotes que forma parte de nuestro entorno. Ordenar las calles no debe significar perder de vista a quienes encuentran en ellas su sustento.