Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
A veces el elefante está en la sala pero nadie lo quiere ver. Y eso está pasando en México. Recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum decidió sumarse a la tendencia internacional de reglamentar –lo que en última instancia significará limitar o prohibir– el acceso a las redes sociales a las personas menores de 15 años.
Si bien el aviso lanzado desde la conferencia matutina en días pasados fue recibido con el beneplácito de muchos como ha sucedido en todos los países donde se ha anunciado, la decisión del gobierno federal de abrir un debate nacional —con su respectiva escaleta de anuncios cada lunes en la conferencia mañanera— sobre el uso de redes sociales, inteligencia artificial y dispositivos digitales en la infancia, se inscribe en una larga tradición de salidas fáciles.
Al colocar el tema en la agenda nacional bajo la premisa de frenar adicciones y regular plataformas, la cruzada gubernamental contra las pantallas funciona como un recurso de aplauso rápido: un espectáculo político que ofrece la ilusión de control mientras elude los problemas estructurales de fondo.
En un país donde la erosión del tejido social se refleja en las tasas de homicidios dolosos, desapariciones y el crimen organizado se vuelve en algo aspiracional para las infancias y adolescencias, las redes sociales se convierten en el chivo expiatorio perfecto. Pues el que exista un ente superior en el ciberespacio le da a los poderes públicos y al entorno familiar la oportunidad de desentenderse de crisis mucho más profundas y urgentes, como la violencia intrafamiliar y la precarización de los vínculos afectivos en la socialización primaria.
Las prohibiciones por decreto —impulsadas al calor de tendencias internacionales y replicadas parcialmente en el discurso oficial y en estados que han limitado el uso de celulares en las aulas— chocan sistemáticamente con la realidad operativa. Vetar el acceso a plataformas o restringir dispositivos sin un andamiaje pedagógico crítico fomenta la clandestinidad digital y soslaya que el verdadero desafío no es la herramienta tecnológica, sino la ausencia de educación digital y de criterios de discernimiento.
Así, mientras el debate público en las mañaneras se consume en satanizar las tendencias o retos virales en TikTok o la figura externa del groomer en la red, se invisibiliza una realidad documentada: en cerca del 90% de los casos de abuso sexual infantil, los agresores pertenecen al entorno familiar o son personas conocidas por la víctima, e informes de organizaciones como UNICEF detallan que en dos de cada tres casos de riesgos digitales los menores ya conocían previamente a su agresor. Ninguna ley de restricción digital ni filtro de edad en plataformas tiene alcance sobre la violencia que se gesta en el espacio doméstico, donde además se documenta que más del 60% de los menores experimentan disciplina violenta en casa, un ámbito que estas cortinas de humo de leyes ayudan a mantener en la penumbra.
Atribuir la agresividad social y el deterioro de la infancia a las redes sociales exime también a padres y tutores de su responsabilidad central. Delegar en una prohibición legal o en foros gubernamentales la tarea de poner límites y contención afectiva reduce la crianza a una expectativa de control externo que las leyes, por definición, no pueden suplir. Reducir la complejidad de la violencia contemporánea a un dilema de “pantallas sí o pantallas no” condena a la política pública a la simulación.
En lugar de enfrentar las verdaderas problemáticas sociales que tienen su origen en el núcleo familiar y en la falta de espacios comunitarios seguros, pareciera apostarse por el veto institucional: una salida cómoda que simula proteger a la infancia mientras abandona a los menores frente a los peligros reales que ocurren, sin intermediación de algoritmos, en el hogar.