Por. María del Socorro Pensado Casanova
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La cifra de más de 128 mil personas desaparecidas que recientemente volvió a documentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reafirma la manera en que la violencia y la ausencia forman parte de la vida cotidiana. Las fichas de búsqueda pegadas en estaciones de autobús, postes y redes sociales dejaron de sorprender a una sociedad que convive diariamente con fosas clandestinas, cuerpos sin identificar y familias enteras buscando a quienes nunca regresaron a casa.
Desde hace décadas, la CIDH ha advertido sobre la gravedad de las violaciones a derechos humanos en América Latina y particularmente sobre la violencia contra las mujeres. A través de informes, medidas cautelares, investigaciones y recomendaciones dirigidas a los Estados miembros de la OEA, el organismo interamericano ha insistido en la obligación estatal de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género. Casos emblemáticos como María da Penha vs. Brasil o Campo Algodonero vs. México han evidenciado la negligencia institucional, la impunidad y los estereotipos de género que históricamente han colocado a las mujeres en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la violencia extrema.
Sin embargo, hablar hoy de desapariciones en México implica reconocer que el problema alcanzó dimensiones alarmantes. La propia CIDH ha señalado que las desapariciones ya no responden únicamente a contextos políticos como ocurrió durante la llamada “guerra sucia”, sino que pueden afectar a cualquier persona sin importar edad, profesión o condición social. No obstante, las mujeres y niñas continúan enfrentando riesgos específicos relacionados con violencia sexual, trata de personas y explotación. Muchas desaparecen después de salir de la escuela, utilizar transporte público, acudir a entrevistas de trabajo o regresar a casa.
La desaparición de mujeres no puede analizarse separada de la violencia de género. Ni tampoco debe olvidarse junto con el mes de marzo que fue publicado el último informe de la CIDH sobre las desapariciones en México. Detrás de cada joven desaparecida existen estructuras sociales que continúan minimizando el riesgo que enfrentan las mujeres en espacios públicos y privados. En numerosas ocasiones, las familias denuncian la desaparición de sus hijas y continúan recibiendo respuestas institucionales cargadas de estereotipos: “seguramente se fue con el novio”, “hay que esperar”. Cada hora perdida representa una posibilidad menos de encontrarlas con vida y una muestra de la falta de actuación inmediata que durante años han denunciado organismos internacionales de derechos humanos.
La CIDH ha insistido constantemente en que uno de los principales obstáculos para enfrentar esta problemática recae en la impunidad y en las barreras institucionales que limitan el acceso a la justicia. Las investigaciones suelen iniciar tarde, sin perspectiva de género y sin líneas claras de búsqueda. A ello se suma una profunda desconfianza hacia las autoridades ministeriales y fiscalías, derivada de años de negligencia, revictimización y ausencia de resultados. Muchas familias terminan realizando labores que corresponden al Estado: buscar fosas, reunir pruebas, rastrear información y organizar brigadas de búsqueda para encontrar a sus propias hijas e hijos.
En medio de eventos deportivos, conciertos, campañas políticas y espectáculos internacionales, México también se convirtió en el país de las madres buscadoras. Mujeres que transformaron el dolor en resistencia y que recorren terrenos baldíos con palas, fotografías y la esperanza de encontrar alguna respuesta. La CIDH ha reconocido incluso los riesgos que enfrentan estas mujeres por buscar a sus familiares desaparecidos, pues muchas han sido amenazadas, desplazadas o asesinadas.
Es profundamente doloroso que en un país democrático sean las propias familias quienes tengan que asumir las tareas de búsqueda ante la insuficiencia estatal. Detrás de cada fotografía pegada en una pared existe una vida interrumpida, una familia destruida y una deuda pendiente del Estado con la verdad, la justicia y la dignidad humana.
La inseguridad y las desapariciones no deberían convertirse en herramientas de confrontación política ni en discursos temporales utilizados según el momento o el interés público. Manifestarse, exigir justicia y denunciar la violencia sigue siendo indispensable, pero hacerlo sin politizar el dolor de las víctimas resulta igual de urgente. Porque mientras las desapariciones continúen utilizándose únicamente como un tema de disputa, México seguirá perdiendo la capacidad de mirar esta tragedia como lo que realmente es, una emergencia que exige unidad, memoria, prevención y acciones reales para que ninguna mujer más desaparezca en silencio.