“El nacionalismo es una enfermedad. Es el sarampión de la humanidad.”
Jorge Luis Borges, En diálogo I (Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1985).
Por. Boris Berenzon Gorn
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Hay momentos en los que un partido de fútbol deja de ser un partido y se convierte en un espejo de la civilización. No importa el marcador. Lo verdaderamente trascendente ocurre cuando el poder político intenta cruzar una frontera que no le pertenece: la de las instituciones encargadas de hacer cumplir las reglas del juego. Cuando un gobernante utiliza el peso de su investidura para influir en decisiones deportivas, el problema deja de ser futbolístico y se convierte en un problema de cultura democrática.
La reciente controversia protagonizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ilustra ese riesgo. Tras la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, Trump reconoció haber solicitado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, una revisión de la decisión arbitral. Posteriormente, la sanción fue suspendida y el jugador quedó habilitado para disputar el encuentro frente a Bélgica, una resolución que generó cuestionamientos sobre la independencia de los órganos disciplinarios del fútbol. Más allá de las explicaciones ofrecidas por la FIFA sobre la autonomía de sus comités, el episodio dejó una pregunta inquietante: ¿deben las decisiones deportivas quedar expuestas a la influencia de quienes ejercen el poder político?
El asunto trasciende el resultado de un partido. Toda democracia descansa sobre una idea sencilla: las normas existen precisamente para impedir que los poderosos obtengan aquello que los demás no pueden conseguir. Cuando la excepción beneficia al poderoso, deja de ser excepción para convertirse en privilegio. Y el privilegio es el primer síntoma de la decadencia institucional.
El deporte, como la justicia, sólo conserva legitimidad mientras las reglas sean iguales para todos. La fuerza moral de un árbitro, de un tribunal deportivo o de un juez no radica en su autoridad personal, sino en la confianza colectiva de que sus decisiones no dependen de llamadas telefónicas, presiones diplomáticas o intereses políticos. Cuando esa confianza se rompe, pierde el deporte, pero pierde también la democracia.
Las controversias surgidas durante los grandes torneos internacionales han reabierto una vieja discusión. Más allá de los resultados deportivos, los debates sobre decisiones disciplinarias, arbitrajes e influencias externas revelan una pregunta que supera al fútbol: ¿hasta dónde puede llegar el poder cuando pretende alterar la autonomía de las instituciones deportivas?
El autoritarismo rara vez aparece solo. Suele caminar acompañado por otras formas de exclusión: el racismo, la xenofobia y la construcción del “otro” como amenaza. El deporte, que debería representar uno de los espacios más universales de igualdad, tampoco ha escapado a esa lógica.
Las campañas internacionales contra la discriminación evidencian que el problema continúa vigente. La FIFA incorporó un protocolo mediante el cual jugadores y entrenadores pueden denunciar actos de racismo con el gesto de los brazos cruzados formando una “X”, una señal que volvió a aparecer recientemente en un partido mundialista cuando el seleccionador egipcio Hossam Hassan recurrió a ella para llamar la atención del cuerpo arbitral. Más allá del episodio concreto, el mensaje resulta inequívoco: el racismo continúa siendo una amenaza para la legitimidad del deporte.
A ello se suman denuncias de discriminación hacia aficionados, restricciones que han afectado a determinados grupos de visitantes y un clima de creciente polarización que acompaña diversas competiciones internacionales. No se trata únicamente de incidentes aislados. Son síntomas de un fenómeno más profundo: cuando el nacionalismo se radicaliza, la diferencia deja de ser una riqueza y comienza a convertirse en un motivo de exclusión.
En los grandes torneos también proliferan controversias donde actores políticos, funcionarios e incluso legisladores utilizan la enorme visibilidad del fútbol para amplificar confrontaciones ideológicas o personales. La tentación de convertir el espectáculo deportivo en propaganda demuestra que el poder comprende perfectamente el capital simbólico del deporte. Nada de esto es nuevo. El siglo XX demostró que el fútbol podía convertirse en una herramienta extraordinariamente eficaz para fabricar legitimidad política.
Benito Mussolini entendió antes que muchos dirigentes que un campeonato mundial podía generar más adhesión popular que un centenar de discursos. La Copa del Mundo de 1934 fue utilizada por el fascismo italiano como una gigantesca operación propagandística destinada a exhibir la supuesta superioridad del régimen.
Adolf Hitler convirtió los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en una vitrina para la Alemania nazi. Paradójicamente, las cuatro medallas de oro obtenidas por Jesse Owens desmintieron, frente al mundo entero, el mito de la supremacía racial que el régimen pretendía exhibir.
Francisco Franco transformó las victorias internacionales del deporte español en símbolos de estabilidad para su dictadura. En América Latina, la Copa Mundial de Argentina 1978 fue utilizada por la junta militar para proyectar una imagen de normalidad mientras, a pocos kilómetros de los estadios, funcionaban centros clandestinos de detención y se perpetraban graves violaciones a los derechos humanos.
Décadas después, el Mundial de Qatar 2022 volvió a demostrar que el deporte puede convertirse en escenario de profundas discusiones sobre derechos humanos, libertades civiles, condiciones laborales de trabajadores migrantes y discriminación. Las sedes cambian. Las preguntas permanecen.
Como explica el historiador Cristóbal Villalobos Salas en Fútbol y fascismo, el fútbol ha sido simultáneamente un juego, una pasión colectiva, un enorme negocio y una herramienta privilegiada de propaganda política. Su extraordinaria capacidad para movilizar emociones ha seducido una y otra vez a gobiernos autoritarios que buscan apropiarse de esa energía simbólica para fortalecer su legitimidad. Los dictadores nunca inventaron el fútbol. Descubrieron, simplemente, que un estadio lleno podía producir un consenso emocional difícil de alcanzar mediante la política.
Los gobernantes democráticos entienden que existen espacios donde su autoridad termina. Las instituciones independientes cumplen precisamente esa función: recordar que nadie está por encima de las reglas. Los líderes autoritarios, en cambio, viven convencidos de que el poder debe extenderse a todos los ámbitos de la vida pública. Si una decisión les resulta inconveniente, buscan modificarla. Si una institución les impone límites, intentan someterla. Si las reglas no favorecen sus intereses, procuran reinterpretarlas.
El abuso del poder rara vez comienza con grandes rupturas constitucionales. Empieza con pequeñas excepciones. Con la llamada telefónica “justificada”. Con el favor “extraordinario”. Con el trato especial concedido en nombre de una causa aparentemente noble. Así se erosionan las instituciones: no mediante un estruendo, sino mediante una lenta normalización del privilegio.
El fútbol seguirá despertando pasiones. Y eso es, quizá, una de las mejores noticias para nuestras sociedades. Lo preocupante no es la pasión, sino que sea utilizada para colonizar instituciones que deberían permanecer independientes. Cuando aparecen expresiones de racismo, xenofobia o discursos que convierten al adversario en enemigo, el deporte deja de ser un espacio de convivencia para reproducir las mismas lógicas autoritarias que deterioran la vida pública. Ninguna competencia internacional puede representar auténticamente los valores universales del deporte si tolera la discriminación o convierte la diferencia en motivo de exclusión.
El verdadero desafío no consiste únicamente en proteger la autonomía de las instituciones deportivas, sino en impedir que el deporte se convierta en un vehículo para normalizar el autoritarismo, el racismo y la intolerancia. Allí donde las reglas dejan de aplicarse por igual, donde la identidad nacional justifica privilegios o donde el odio encuentra espacio en las tribunas, comienza a erosionarse algo mucho más importante que un campeonato: la cultura democrática. Cuando el poder invade la cancha, el resultado del partido deja de ser lo importante. Lo verdaderamente decisivo es saber si las reglas siguen perteneciendo a todos o únicamente a quienes ocupan el poder.
Porque las democracias no suelen morir de manera espectacular. Se desgastan lentamente. Comienzan aceptando excepciones. Después toleran privilegios. Finalmente olvidan que la igualdad ante la ley era la única victoria que realmente importaba.
Quizá por eso la advertencia de Borges conserva toda su fuerza. Los nacionalismos, cuando se transforman en instrumento del poder, dejan de ser una celebración de la identidad para convertirse en una enfermedad de la razón. Y el fútbol, que nació como un juego capaz de reunir a los pueblos, corre el riesgo de convertirse en el escenario donde los poderosos intentan demostrar que incluso las reglas pueden inclinarse ante su voluntad.
La grandeza de una nación no se mide por las copas que levanta ni por la influencia de sus gobernantes sobre los organismos internacionales. Se mide por su capacidad de respetar las instituciones, rechazar toda forma de racismo y discriminación, aceptar la derrota cuando llega y comprender que ninguna victoria vale la pena si para alcanzarla fue necesario sacrificar el principio más elemental de toda sociedad libre: que la ley, como el reglamento de un partido, debe ser la misma para todos.
Manchamanteles
Los Juegos Olímpicos, concebidos por Pierre de Coubertin como una celebración de la paz y la fraternidad, tampoco escaparon a la seducción del poder. Berlín 1936 fue la gran escenografía propagandística del nazismo: Hitler convirtió el deporte en una vitrina para exhibir la supuesta superioridad del Tercer Reich. Pero la historia, que suele tener mejor sentido del humor que los dictadores, envió a Jesse Owens. Sus cuatro medallas de oro bastaron para demostrar que la propaganda corre mucho más lento que la verdad.
Narciso el obsceno
El nacionalismo es el espejo donde el narcisismo del poder contempla su propio reflejo hasta convencerse de que la nación y el gobernante son una sola cosa.