Por. Ernesto Zavaleta
X: @ErnestoZavale
Ricardo Monreal ya encontró un nuevo fantasma para alimentar la narrativa de la soberanía sitiada: la “invasión extranjera”.
Los temores a ese “fantasma” son tan reales que aprobaron realizar esta semana, a partir de mañana martes, un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para, a toda prisa, “prevenir” qué tal espíritu se haga presente en las elecciones de 2027.
No se espera que cientos o miles de marines, rangers, deltas y SEALs crucen la frontera, lo que ya cruzó es el combate al crimen organizado y, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que defender la soberanía.
Para el gobierno mexicano tal amenaza contra la soberanía incluye a los cárteles mexicanos que una y otra vez son señalados por el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos de terroristas y como fuentes de recursos para Morena en pasadas elecciones.
Y sin ese cómplice que domina el 70% del territorio mexicano ¿podrá repetir sus abrumadores triunfos el partido en el poder? ¿perder o ganar con márgenes reducidos serán una pista de complicidad?
Con ese pretexto, la defensa de la soberanía, el coordinador de los diputados de Morena impulsa una reforma para declarar nulas las elecciones cuando exista intervención extranjera.
El argumento parece patriótico. El problema es que, como suele ocurrir en el obradorismo tardío, o segundo piso de la Cuarta Transformación, detrás del discurso nacionalista aparece una redacción ambigua, peligrosa y políticamente utilitaria.
En la lógica del oficialismo, invasión puede ser desde una operación militar hasta la presión diplomática de Washington para exigir resultados contra el narcotráfico o incluso el financiamiento “intervencionista” de candidatos, partidos y campañas electorales.
Y ahí comienza el verdadero fondo del asunto.
La iniciativa surge justo cuando Estados Unidos endurece el tono contra los cárteles mexicanos y contra los políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La entrega de personajes acusados de colaborar con organizaciones criminales, particularmente con el Cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, encendió las alarmas en sectores del poder político mexicano.
No es casualidad, Morena sabe que el tema del narcotráfico dejó de ser solamente un problema de seguridad pública para convertirse en un conflicto geopolítico con Washington.
Y cuando Estados Unidos habla de terrorismo, intervención o sanciones extraterritoriales, el gobierno federal y la élite de la 4T responde refugiándose en la bandera de la soberanía nacional.
La reforma propuesta por Monreal incluye además otro elemento delicado: el financiamiento extranjero a partidos, candidatos y campañas. Ahí el terreno se vuelve todavía más pantanoso.
Porque la Constitución mexicana no define con precisión qué debe entenderse por “inversión extranjera”. El artículo 27 establece límites y bases regulatorias, pero la definición operativa proviene de la Ley de Inversión Extranjera, que considera inversión foránea desde la participación de empresas extranjeras en sociedades mexicanas hasta capitales internacionales en sectores regulados.
Entonces surge la pregunta inevitable:
¿Dónde termina la cooperación económica y dónde comienza la “intervención extranjera” que podría anular una elección?
Porque bajo interpretaciones amplias, prácticamente cualquier vínculo financiero internacional podría convertirse en sospechoso. Un fondo de inversión, una empresa multinacional, una plataforma tecnológica extranjera o incluso organismos internacionales que financien proyectos de observación electoral podrían entrar en la discusión política.
Y en tiempos de polarización extrema, las leyes ambiguas suelen tener destinatario político.
El discurso soberanista siempre funciona en temporada electoral. Produce aplausos fáciles, activas emociones patrióticas y coloca al adversario en el incómodo papel de presunto “entreguista”. Pero también sirve para construir herramientas de control político bajo la apariencia de defensa nacional.
La historia mexicana está llena de ejemplos. Ya alguien amenazó con defender el peso “como un perro”.
Cada vez que el poder habla de amenazas externas, termina fortaleciendo mecanismos internos de concentración política.
Lo verdaderamente inquietante es que la iniciativa aparece justo cuando Morena comienza a mirar el 2030 con preocupación. La hegemonía ya no luce invencible; la violencia territorial del crimen organizado pesa sobre múltiples regiones; y la relación con Estados Unidos podría tensarse aún más si la Casa Blanca incrementa la presión sobre políticos mexicanos vinculados con el narcotráfico.
Por eso la reforma parece menos una defensa constitucional y más una póliza preventiva ante la derrota electoral cada vez más clara y posible del partido en el poder.
En San Lázaro ya aprendieron que el miedo a la intervención extranjera puede convertirse en argumento perfecto para blindar al régimen.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Morerira Valdez, advirtió que en este breve periodo extraordinario la oposición dará la batalla legislativa “día y noche” para impedir la aprobación de reformas que calificó como una “farsa” y un intento por centralizar el poder.
Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) mantiene una postura de rechazo frontal a las reformas electorales impulsadas por el oficialismo. El bloque panista encabezado por Elías Liza y Ricardo Anaya ha advertido que no otorgará ni un solo voto a favor, argumentando que los cambios atentan contra la equidad en la contienda y buscan perpetuar un partido hegemónico en el poder.
Sin embargo ni la falta de consultas y foros abiertos; ni la carencia de un tiempo razonable de análisis; ni la denunciada intención de anular elecciones adversas, impedirán que el mayoriteo se haga presente.
Para el próximo fin de semana las cuatro reformas constitucionales propuestas estarán aprobadas por el Congreso de la Unión y al menos 17 congresos estatales.