Por unanimidad, con 109 a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen con el que se reforma el artículo 73 constitucional, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio.
La reforma constitucional busca que en su momento se expida una ley que establezca el tipo penal y las sanciones para este delito, que permitan una adecuada articulación de acciones que garanticen, desde los distintos órdenes de gobierno e instituciones, el acceso a una vida libre de violencias de las mujeres y niñas, además de fortalecer al Estado mexicano para prevenir investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
El dictamen, que surge de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destaca que esta reforma no tiene impacto presupuestario adicional para el presente ejercicio fiscal ni en subsecuentes.
Refiere que es indispensable contar con una legislación general que establezca bases homogéneas para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio en todo el país, pues el delito se encuentra tipificado de manera diversa en las legislaciones penales de las entidades federativas de la República.
Por ello, con esta reforma, destaca el documento, se dota al Congreso de la Unión de facultades constitucionales que le permitan la generación de la legislación general orientada a establecer un tipo penal homogéneo, sanciones y agravantes, homologar estándares de investigación con perspectiva de género; fortalecer la coordinación entre Federación y entidades federativas.
Además de garantizar el acceso efectivo a la justicia para las víctimas y la reparación de daños y fortalecer la coordinación de instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
De igual forma, contempla la protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Esta población, señala el texto, enfrenta afectaciones emocionales, sociales y económicas que comprometen el ejercicio pleno de sus derechos, de ahí que el Estado debe reforzar la protección y garantizar atención integral, acceso a servicios de salud física y mental, acompañamiento psicológico, acceso a educación y mecanismos de reparación integral del daño.
90% de los feminicidios se consuman por la pareja o un familiar
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que esta reforma es de la mayor trascendencia histórica y humanitaria, pues habla de vidas que ya no están y de las que aún se pueden salvar, por eso no se habla sólo de leyes, sino de mujeres, niñas, madres, hijas, de familias que viven con una silla vacía y de un Estado que ya no puede fallar.
Refirió que el 90 por ciento de los feminicidios en México se consuman por parte de la pareja actual, de la expareja, de familiares y de amigos, y por eso hay una deuda histórica con las mujeres, llena de omisiones, impunidad y silencios, pues en todo el país existe este delito.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, sostuvo que la reforma al artículo 73 constitucional, no es una reforma más ni un cambio menor, sino una decisión de Estado necesaria, debido a que el diseño actual de como está configurado el combate al feminicidio impide una actuación uniforme y coordinada frente a este delito.
Añadió que la impunidad ha generado dolor no sólo a las mujeres que han sido privadas de la vida por el hecho de ser mujeres, y por eso se requiere una acción pública, ordenada, firme y con visión de largo plazo, por lo que esta reforma establece una legislación general que unifique criterios, homologue tipos penales y las punibilidades y defina estándares de investigación con perspectiva de género.
La senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, asentó que el feminicidio no admite demoras, pues se trata de la vida de niñas y mujeres, por eso es que el Estado debe asumir una respuesta articulada, integral, coherente y sin vacíos frente a la violencia feminicida, pues el feminicidio no es un delito más, es una grave violación a los derechos humanos.
La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.