Le haría un gran favor a la credibilidad de su gobierno.
Al promulgar las leyes del Sistema Anticorrupción, Enrique Peña ofreció disculpas y pidió perdón por el escándalo que generó el Caso de la Casa Blanca. Dijo que vivió en carne propia la indignación de la gente por ese hecho.
Afirmó que los servidores públicos deben, además de conducirse en el marco de la ley, también son responsables de la percepción que generan.
Aseguró: “Reconozco que cometí un error,. No obstante que me conduje conforme a la ley este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos, la entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Les reitero mi sincera y profunda disculpa por el agravio e indignación que les causé”.
La oficina de la Presidencia informó después que la esposa del presidente regresó la casa a la constructora Higa, propietaria del inmueble.
La revelación sobre la propiedad de La Casa Blanca fue dada a conocer por la unidad de investigaciones especiales de Carmen Aristegui en el noticiero que difundía todas las mañanas en MVS Radio y por la revista Proceso.
Ante el escándalo que se desató, el Peña nombró al exconsejero electoral Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública, cargo desde donde exoneró al presidente y su familia de haber cometido faltas a la ley.
En la víspera de la promulgación de las Leyes Anticorrupción, Andrade renunció a su cargo en el gabinete.
Estas leyes son cuestionadas por una parte de la sociedad que, con 634 mil firmas promovió una propuesta ciudadana para que los políticos cumplieran con lo que es conocido como la Ley 3de3, es decir, que le del máxima publicidad a sus declaraciones fiscales, patrimoniales y de conflicto de interés.
Tal vez si el presidente Peña impulsa dentro de los partidos que lo postularon, el PRI y el PVEM, esta demandada ciudadana podría ser aprobada en las condiciones que 634 mil electores propusieron.
También sería un buen punto para el presidente y su partido, iniciar no sólo las investigaciones, sino un proceso judicial en contra de los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, quienes son acusados de realizar actos de corrupción desde sus cargos.
Así, Enrique Peña Nieto le haría un gran favor a la credibilidad de su gobierno, le restañaría el daño causado a la investidura presidencial y ayudaría a bajar el malestar social que se vive el México.