Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
Para todo mal, un mezcal, dicen por ahí. El gobierno mexicano parafrasea esta máxima sosteniendo que “para toda tragedia, una nueva ley”. Aunque el mal no se remedie y la ley solamente implique letra muerta.
Esto parece confirmarse con la reciente reforma de ley para homologar el delito de feminicidio en el país, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum y que fue aprobada hace unos días por el Senado.
Y así, mientras el Diario Oficial de la Federación sigue engrosando las iniciativas que nuestros legisladores aprueban, el Poder Judicial parece hacer caso omiso de dichas resoluciones y las fiscalías siguen fomentando la impunidad.
La violencia de género ha sido un problema sin control en el país. Se manifiesta no sólo en el feminicidio, sino en la violencia digital, el acoso y la violencia vicaria, entre otras. Así, se han creado la Ley Olimpia, la Ley Montse, la Ley Malena y hoy se busca la homologación nacional del feminicidio.
Sin duda, cada una de ellas han sido herramientas valiosas y han dado respuesta a las diversas problemáticas que enfrentamos las mujeres en el país. Varias han surgido por mujeres víctimas cuyos casos han sido emblemáticos o bien que no han callado y han dado la lucha en todas las trincheras. No obstante, estas normas operan dentro de un sistema judicial ya caduco. La impunidad no es una falla del sistema mexicano: es su esencia.
Tampoco se puede decir que la homologación de la tipificación del feminicidio no sea algo positivo. La homologación es, en esencia, un acto de veracidad. Al unificar los criterios —estableciendo penas de hasta 70 años y obligando a investigar toda muerte violenta de una mujer con perspectiva de género—, el Estado mexicano está admitiendo que la violencia contra las mujeres no es un fenómeno aislado de una región, sino una emergencia nacional que requiere una vara de medir única y no los criterios del gobernador en turno o sus intereses y campañas de comunicación social.
No obstante, incluso en el escenario optimista de que esta ley por fin se cumpla, la justicia está llegando tarde, y sin efecto retroactivo ni sanador para aquellas personas que enfrentan la muerte de sus mujeres queridas desde la rabia e impotencia, de saber que sus muertes aún no han alcanzado justicia.
Esto lo explicó a la perfección Cristina Rivera Garza en días pasados en su reciente visita a la UNAM. La ganadora del premio Pulitzer que escribió “El invencible verano de Liliana”, una novela para visibilizar el feminicidio de su hermana y la infinidad de casos que se viven en el país, señaló cómo la impunidad no es un error del sistema, sino un estado de existencia.
Señaló que cuando el Estado no protege a una mujer, la relación ciudadano-Estado se rompe para siempre. “Sabes que el Estado no te quiere” , sentenció, refiriéndose a cómo el sistema ignora las pruebas y los documentos que vinculan a la víctima con la sociedad (apenas el viernes pasado pudimos documentarlo con el caso de Edith Guadalupe, desaparecida y asesinada cuando salió a buscar trabajo, y cuyos familiares enfrentaron además la indolencia y corrupción de las autoridades).
A nuestro sistema Judicial y Legislativo le falta entender algo: que la justicia no se escribe en leyes, sino en acciones y cero tolerancia a la criminalidad.
