viernes 19 julio, 2024
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Integrantes del Poder Judicial participan en el diálogo “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una magistrada, un juez, investigadores, consultores y especialistas fijaron sus posiciones sobre el tema “División de Poderes: Medios Legales y Constitucionales”, como parte de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial, que la Cámara de Diputados organizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El objetivo del foro es escuchar y analizar las propuestas

Al moderar las intervenciones, el diputado Ismael Brito Mazariegos (Morena) señaló que el ejercicio republicano de dialogar es fundamental para la convivencia y la armonía entre la sociedad y los pueblos, porque el diálogo como método para crear leyes y disposiciones constitucionales es un ejercicio que fortalece la relación entre poderes y ciudadanos.

Comentó que el objetivo de este foro es dialogar y escuchar, proponer, debatir, analizar y tomar juntos el mejor camino para construir el futuro que el pueblo de México requiere. “Un futuro de certeza jurídica, de confianza en el Poder Judicial y de justicia”.

Jurisprudencia de la Corte data de 2008

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Laynez Potisek, recordó que la jurisprudencia de la Corte que permite revisar el proceso legislativo data del año 2008, fue la primera y expedida precisamente por los grupos minoritarios que no eran escuchados en los parlamentos. Respecto a que el proceso legislativo no esconda a las minorías una iniciativa o una dictaminación, dijo que desde 1996 la Corte ha abordado este punto en 221 asuntos y lleva cuatro declaratorias de leyes federales, por lo que “no veo el abuso de la Corte por proceso legislativo”.

En consulta indígena, continuó, se tiene la obligación constitucional: “legislador, cuando legisles y emitas una ley en materia indígena consulta a los pueblos y comunidades indígenas”; mencionó que 116 asuntos en la Suprema Corte, en 91 nunca se les consulta. “Ese asunto llega a la Corte impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones y yo pregunto, si ustedes estarían en mi lugar, ¿qué harían?”.

La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le dio 

La consejera de la Judicatura Federal, Celia Maya García, señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en graves malformaciones, exceso de gastos, privilegios inaceptables, pero el mayor defecto es su corporativismo, el cual la ha aislado de la sociedad y así su incapacidad orgánica de servir al pueblo impartiendo justicia bajo los parámetros que mandata la Carta Magna. “La justicia no funciona, está paralizada en sus prácticas de control, influyentísimo y parcelas de poder”.

Comentó que la transformación que se busca no reduce el espacio del Poder Judicial, solo toca su método de nombramiento, permanencia y una reconfiguración de su competencia. “La Corte no ha honrado la misión que el pueblo le ha confiado y del Consejo de la Judicatura, hay que decir que las estipulaciones normativas y esquemas administrativos que fueron expedido para regularlo lo han colapsado”.

Se requiere de personas juzgadoras con altos niveles

Julia María del Carmen García González, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, indicó que en el Poder Judicial de la Federación se sabe que es indispensable una reforma y que hay una deuda histórica para que la justicia sea pronta, accesible, efectiva, diligente, empática y cercana; sin embargo, para ello se debe entender que lejos de minar sus cimientos se debe fortalecer sus presupuestos, “de lo contrario solo es retórica cuando cada día crecen más los asuntos que llegan a los tribunales y no hay los recursos materiales suficientes”.

Resaltó que México requiere personas juzgadoras con altísimos niveles de profesionalización, experiencia en la altura de su responsabilidad republicana, “lo que difícilmente se logrará desmantelando la carrera judicial”; además, con esta propuesta se ignora la carrera judicial que mucho personal tiene. Cuestionó cómo la elección de las personas juzgadoras mediante el voto popular daría como resultado una administración de justicia que verdaderamente atienda los problemas.

Analizar qué tipo de reforma se quiere

El juez de Distrito adscrito al Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Chiapas, Mario Felipe Mata Ríos, subrayó que la elección actual de ministras y ministros ha brindado ejemplos de éxito, pero el último ejercicio dejó en claro que se debe de cambiar y que casi cualquier sistema que se elija será mejor que el de designación directa; no obstante, el cambiar a los actuales ministros y la integración de la Corte es un atentado mayúsculo a la división de poderes y a la independencia judicial, y aclaró que el hecho de que los jueces no sean populares no significa que no hagan bien su trabajo ni mucho menos que sean corruptos.

Relató que a ellos nadie los propone para el puesto, sino que han llegado a ser juzgadores por sus méritos, conocimientos y desempeño en la carrera judicial. Llamó a analizar qué tipo de reforma se quiere, una que potencie al sistema judicial, en donde se mejore el régimen jurídico, el cual incluye fiscalías, tribunales locales y administrativos, centros de conciliación y a los abogados postulantes, o se pretende una reforma como la planteada que no resuelve los problemas, y donde “su principal error, es que está cimentada bajo primicias falsas y por eso no estamos de acuerdo. Nosotros venimos del pueblo”.

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