martes 16 julio, 2024
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Incrementan 62% agresiones contra la prensa en sexenio de AMLO: Artículo 19

“Al cierre del gobierno de López Obrador se identifica que no pudo detenerse la violencia, por el contrario, hubo un incremento porcentual del 62.13 por ciento de agresiones contra la prensa, respecto al gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Así lo reveló Leopoldo Maldonado, director regional de ARTICLE 19 durante la presentación de Derechos Pendientes, informe sexenal sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, derecho a la verdad y acceso a la información en México.

Expuso que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se registraron 3 mil 408 agresiones contra la prensa, de las cuales 561 se registraron solo en 2023. Esta cifra equivale a un promedio de una agresión cada 14 horas en los últimos seis años, incluidos los asesinatos de al menos 46 periodistas y cuatro desaparecidos. El total representa un incremento del 62.13% en las agresiones contra la prensa en comparación con el sexenio de Enrique Peña Nieto.

También destaca que las agresiones en línea representaron uno de cada tres ataques durante el sexenio. La organización registró que el Estado mexicano, mediante sus autoridades, se mantiene como el principal agresor de la prensa con 1559 agresiones (45.75% del total).

En el panorama nacional, ARTICLE 19 registró agresiones contra periodistas y medios de comunicación en todos los estados de la República; no obstante, los mayores índices de violencia se registraron en la CDMX (582), Guerrero (247), Puebla (241), Quintana Roo (236) y Veracruz (199).

ARTICLE 19 también compartió que durante el sexenio se registraron 179 agresiones en las “mañaneras” e identificó que autoridades municipales y estatales de 20 entidades de la República repitieron 62 veces el mismo discurso estigmatizante, con señalamientos como: “hampa del periodismo”, “hipócritas”, “prensa fifí, “conservadores”, “fantoches”, “doble cara” y “corruptos”.

Asimismo, la organización insistió sobre la estrategia de control de líneas editoriales que mantiene el gobierno a través del gasto en comunicación oficial. De los 916 medios de comunicación que recibieron publicidad oficial durante el gobierno de López Obrador, los primeros 10 concentraron 47.08% de los recursos.

En este marco, Maldonado señaló que México se encuentra en una situación crítica de violencia que requiere la suma de todos los esfuerzos y perspectivas, por lo que el Informe busca arrojar luz sobre los desafíos para la libertad de expresión que se mantienen vigentes, como la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad.

Observó que de cara a la llegada de un nuevo gobierno que ha dado señales de apertura, es fundamental entablar un diálogo respetuoso y objetivo sobre el deterioro que ha sufrido la agenda de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión, de 2018 a la fecha.

Como ejemplo de que la colaboración entre sociedad civil y gobierno puede generar dinámicas virtuosas, el informe destaca que dentro de la Segob se generaron espacios, como el grupo de trabajo para la mejora del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que permitieron un diálogo político y técnico en la mejora de dicha instancia.

La política del olvido

El informe de ARTICLE 19 también expone las preocupaciones que existen en torno a la crisis de personas desaparecidas que atraviesa el país, así como la política de reducción de cifras alrededor del tema.

Según reportes retomados por la organización, del 1 de diciembre de 2018 hasta agosto de 2023 se registraron 44,073 personas desaparecidas, esto significa que más del 40% del total de las desapariciones reportadas desde 1965 ocurrieron durante el actual gobierno de López Obrador. En estos seis años, un promedio de 25 personas ha desaparecido cada día, y una cada hora.

A esto se suma que en 2023 el presidente anunció la realización del Censo Nacional de Personas Desaparecidas a cargo de la Segob, institución que no cuenta con las facultades de ley para la búsqueda de personas desaparecidas en el país, y que presentó entre sus resultados que de las 110,964 personas desaparecidas solo 12,377 estaban confirmadas como tal, pues las otras entraban en categorías como “no hay información para la búsqueda”, “carecen de datos para la identificación”, “personas ubicadas” y “personas localizadas”.

En el mismo sentido, el informe señala que pese a la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada en 2018 y la insistencia de diversos colectivos y personas para acelerar la colaboración interinstitucional para la búsqueda de personas desaparecidas, la apertura del gobierno ha sido mínima.

Control estatal del espacio digital

En Derechos Pendientes, también da seguimiento al ejercicio de los derechos digitales en México, ámbito fundamental para el desarrollo de las sociedades democráticas.

Al respecto, la organización denunció que a pesar de declarar en diciembre de 2018 que ya no había espionaje, la administración de AMLO continuó con la adquisición y operación de equipo espía de diversa gama y sofisticación. El hito más preocupante fue el expuesto por la investigación de “Ejército espía”, en la cual se detectó la utilización del sistema Pegasus contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas durante el sexenio actual.

A estas acciones se suman reformas abiertamente violatorias a los derechos de libertad de expresión y de privacidad, como el llamado mecanismo de “aviso y retirada” en la Ley Federal de Derechos de Autor.
De igual forma, el informe identificó un retroceso en el acceso de la población mexicana a dispositivos e internet. Las cifras más recientes muestran que solo 43.8% de los hogares cuentan con computadoras, situación preocupante al compararlo con el 44.9% reportado en 2015.

En un contexto nacional donde impera la falta de servicios básicos, el derecho de acceso a internet se ha convertido en un privilegio para la población en situación de pobreza, pues el gasto para contar con este servicio representa el 8.6% de su ingreso mensual, convirtiéndolo en un privilegio que profundiza la desigualdad.

Erosión institucional

El informe también señala el retroceso que ha habido en términos de institucionalidad. A lo largo del sexenio —hasta un corte en mayo de 2024— se concretaron 65 designaciones en 17 de las 19 instituciones clave, de un total de 96 designaciones que tuvieron que hacerse por ley.
Esta situación tuvo particular impacto en términos de acceso a la información, a través de la parálisis a la que la mayoría de la bancada oficialista (Morena, PT y PVEM) en el Senado sometió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Lo anterior se enmarca en una estrategia de debilitamiento de las instituciones y los contrapesos democráticos, representada también en la inacción de instituciones como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que, de las 1726 indagaciones abiertas desde su creación a abril de 2024, sólo se reportan 187 sentencias y otras formas de resolución en favor de las víctimas. Ello da por resultado impunidad en 89.17% de los casos de violencia contra la prensa.

 

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