Óscar H. Morales Martínez
En política, los espacios vacíos siempre se llenan.
Considerando que México tiene un grave problema de indiferencia y desinterés de la ciudadanía en participar activamente en política ¿quiénes están ocupando esos vacíos?
Este año se celebran las elecciones más grandes en la historia del país, porque habrán de renovarse más de 20 mil cargos de elección popular, incluidos 500 diputados federales, 15 gobernadores, presidentes municipales, síndicos, regidores y concejales. Además, este proceso electoral representa el primer ejercicio formal de evaluación de la 4T.
Entre la lista tan variada de candidatos, llama la atención que los criterios selectivos de los partidos políticos estén asociados a la fama pública de que gozan algunos de ellos, ya sea por sus méritos deportivos, la actuación, la música o en general por ser parte de la farándula y el espectáculo.
Si bien esto no es nuevo o exclusivo del sistema político mexicano, ha aumentado en participación. Parece que esta fórmula ha probado ser efectiva para garantizar un triunfo electoral, lo cual no necesariamente significa un buen desempeño del cargo.
Todos los ciudadanos mexicanos tenemos derecho a participar en política (a menos que por condena o sanción se restrinjan los derechos políticos), sin discriminación por razón de profesión, nivel social, género, ni de cualquier tipo, pero esto no exime que existan controles mínimos de requerimientos que validen la capacidad, experiencia, interés legítimo, habilidad, compromiso y demás virtudes que debe reunir un político, porque no todas las personas (incluyendo las que en apariencia tienen más credenciales académicas), gozan de competencia para ser funcionarios o ejercer cargos públicos.
Pensemos en una aerolínea que está contratando personal de asistencia técnica, sobrecargos y pilotos. Sería impensable que no existieran criterios mínimos de selección de personal relacionados con su capacitación, conocimiento y experiencia. La seguridad de los pasajeros estaría en peligro.
De igual modo, una institución financiera que pusiera en riesgo el patrimonio de sus clientes no estaría cumplimiento con su compromiso y obligaciones.
Un hospital sin médicos y enfermeras debidamente preparados, desprotegería la salud y vida de sus pacientes.
Luego entonces ¿por qué se tolera que los funcionarios a cargo del cuidado, administración y gestión del dinero público, la seguridad, la salud, la protección de los derechos humanos, la creación de leyes y en general la conducción de un Ayuntamiento, Estado o país, ocupen sus cargos sin exigirles la preparación, capacitación y experiencia necesarios?
No estoy sugiriendo una tecnocracia, ni estoy denostando el sistema democrático. Tampoco desconozco la realidad de muchos lugares -principalmente rurales- donde existen usos y costumbres para elegir a sus representantes. Lo que pongo en la mesa de discusión es la obligación de acotar los parámetros para seleccionar a participantes políticos, con base a ciertos requerimientos.
Un país de excelencia requiere políticos de excelencia. Para ello, los funcionarios y candidatos deben contar, además de cierta preparación cognoscitiva, con un perfil de aptitudes bien definidas y desarrolladas, que involucren cuando menos: habilidades de comunicación; capacidad de empatía; conocimiento de medios de comunicación; actitud abierta al diálogo; brindar soluciones pragmáticas; ser asertivos; trabajar en equipo para resolver problemas puntuales; capacidad de gestión y liderazgo; adaptabilidad y flexibilidad a las circunstancias; capacidad y aceptación de autocrítica, entre otros.
Tampoco como propedéutico sobrarían unas clases de expresión oral, argumentación, retórica, redacción y lectura de comprensión, además de unas lecciones básicas de administración, ciencias políticas, historia y derecho constitucional, que son necesarios para dar contexto al mapa político.
Si dirigir una empresa es complicado, no puedo imaginarme la complejidad de hacerlo respecto a un país, una entidad paraestatal, una dependencia de gobierno o cualquier otro organismo federal, local o municipal. De igual forma, participar en la aprobación de una ley, proponer cambios legislativos sin vulnerar principios de seguridad jurídica, no es tarea menor.
Por tanto, no hay razón ni lógica para seguir aceptando y peor aún, votando, por personas que no han demostrado tener las capacidades suficientes para ocupar esos cargos, cuyo único mérito en algunos casos es su popularidad y a veces ni eso.
“La política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano”, dijo Dwight D. Eisenhower, presidente de Estados Unidos. Tiene toda la razón. Sin participación ciudadana seguiremos teniendo los mismos políticos y vicios endémicos.
Empecemos por renovar la sangre política, que al estilo de Bram Stoker ha permanecido mutatis mutandis incrustada como vampiro en el sistema político mexicano. Debajo de las máscaras, siempre son las mismas caras, que cambian de partidos y de principios sin el mínimo reparo de vergüenza.
Así como hay profesiones de carrera, podría certificarse a los candidatos que quieran ocupar puestos públicos, mediante evaluaciones practicadas por instituciones independientes al gobierno, para validar determinadas capacidades cognoscitivas. De igual forma, una revisión de su comportamiento social, opiniones, puntos de vista e información expresados en público o a través de redes sociales ayudaría a conocer los perfiles y personalidades de los candidatos, tal como lo hacen en la actualidad los reclutadores de empleados en muchas empresas. Pensemos en un candidato a diputado o gobernador de un Estado que fuera misógino o ejerciera violencia contra las mujeres, necesariamente debería ser desacreditado por no ser un legítimo representante popular.
Si un funcionario aplicó con las aptitudes suficientes para un cargo público, no necesariamente cumplirá los requisitos para ocupar otro puesto, por lo que la examinación debe hacerse o al menos deben justificarse las habilidades para el nuevo puesto.
Cuando en un país los sueldos de los políticos son más altos que los de los doctores, por mencionar una profesión, algo no está bien. Pero en todo caso, un sueldo elevado como el que perciben muchos de ellos, con privilegios, canonjías e inmunidades, necesita justificarse con aptitudes, experiencia, conocimiento y capacidad de alto nivel.
Ahora que los diputados han manifestado la exigencia de ser vacunados contra el COVID-19 con prioridad a otras personas, aduciendo que su función y papel son indispensables para México, bien valdría la pena aprovechar para evaluar su desempeño y destituir a gran parte de ellos. Si ya resultaba ignominiosa su relección, esto ya es un escupitajo al pueblo mexicano.
Tristemente, vinculamos el término “político” a una persona que es “doble cara”, “veleidosa”, “sin escrúpulos”, “ladrona”, al igual que asociamos términos peyorativos a un policía, debiendo ser figuras de amplio reconocimiento y respeto por la sociedad. Algo se rompió desde hace mucho tiempo, las personas perdieron el respeto que merecían porque no supieron conservarlo o ganárselo.
Parece que la integridad ya no es un valor entendido, al menos en política mexicana. Cuando en otros países se ha cuestionado la integridad de un funcionario público porque plagió parte de su tesis, mintió sobre algún logro académico o salió de viaje en época de encierro por pandemia, invariablemente han renunciado a su cargo, lo que estamos muy lejos de presenciar en nuestro país.
Hace unos días, la canciller alemana Angela Merkel anunció oficialmente su retiro de la política tras 16 años. Fue aplaudida durante más de 6 minutos por todo el pueblo alemán, mientras le expresaban: “Gracias Angela el mundo te agradece tu existencia y tu ejemplo de funcionaria pública”.
Si no tenemos líderes políticos de altura, es porque el sistema se los ha devorado y nosotros lo hemos permitido.
Se dice que “cada pueblo tiene el gobierno que se merece”. México merece mejores políticos, pero solo sucederá hasta que se dé un cambio de visión y proyecto de Nación, en el que todos tengamos participación activa.
