El protagonismo femenino legislativo se deja sentir con una fuerza sin precedentes en la historia del Congreso mexicano.
Y, claro que se trata de una consecuencia de la paridad que caracteriza a la LXIV Legislatura.
Pero, ojo: no se limita únicamente a un fenómeno de cantidad de iniciativas, propuestas y llamados de atención por parte de las integrantes de la Cámara de Diputados y del Senado.
Se trata de una tendencia que va más allá de los números, de una fuerza parlamentaria femenina que hace suyas las banderas de las libertades democráticas, de la equidad de género y de los derechos humanos, involucrando en sus agendas a las organizaciones de la sociedad civil.
Para muestra, varios botones.
La semana anterior, se instaló la Comisión de la Juventud y el Deporte, presidida por la senadora de Morena, Lucía Meza Guzmán, quien acompañada de la futura titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, definió el rol estratégico que tendrán estas materias en la pacificación del país y en las políticas de seguridad del futuro gobierno.
La legisladora de Morelos habló de impulsar con la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador, programas que incluyan a los jóvenes en el desarrollo económico, les garantice el derecho a la salud, a la educación y al deporte.
“Una de las prioridades de los mexicanos deberá ser la pacificación del país, acabar con la violencia, y esto sólo se alcanzará dándoles oportunidades a las y los jóvenes, sin exclusiones y menos discriminándolos”, definió la senadora Meza Guzmán.
NO A LA “CORRECCIÓN SEXUAL”
Destaca también la iniciativa presentada el pasado 4 de octubre por la senadora de Morena Citlalli Hernández Mora para modificar la Ley General de Salud y sancionar con uno a tres años de cárcel y 200 días de multa a quienes pretendan corregir mediante “terapias” la orientación sexual de las personas.
El sólo hecho de que una legisladora alce la voz para denunciar la existencia de esa pretensión traducida actualmente en negocios, resulta digno de subrayarse.
La propuesta, que fue respaldada por las senadoras Alejandra Lagunes del PVEM y Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano, prevé que la persona dedicada a la práctica médica que promueva o realice este tipo de “terapias de conversión”, se le sancionará con la suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años o de forma definitiva.
Sin duda la iniciativa generará controversia porque incluye sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del Juez para los padres o tutores de la víctima, en caso de que sean ellos quienes promuevan la aplicación de las cuestionadas terapias.
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Y este miércoles 10 de octubre, se dejó sentir en el Senado la participación de organismos de la sociedad civil que asistieron a la instalación de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia que preside la exsecretaria de Educación y de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota.
La legisladora por el PAN expuso que en México se dieron pasos importantes con la aprobación de tratados internacionales y la creación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Ello nos convoca a continuar trabajando de la mano de la sociedad civil, para preservar un marco jurídico centrado en el respeto de los derechos humanos que siga fortaleciendo nuestro máximo ordenamiento jurídico, así como los tratados internacionales suscritos por nuestro país”, definió la senadora Vázquez Mota.
Los defensores de derechos humanos convocados al acto formularon sus consideraciones y recibieron el compromiso de la panista de que “nada de lo que surja de esta comisión será sin ustedes, serán escuchadas todas las voces”.
El hecho de que la también excandidata a la presidencia de la República definiera que la citada Ley será el horizonte de trabajo de la Comisión, establece un consenso necesario para el arranque del quehacer parlamentario en esta materia.
Y es que de esa forma se preserva un avance legislativo que, en el actual sexenio, respondió a la experiencia y causas de las organizaciones sociales que han pugnado por seguir en México los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño.
Christian Skoog, representante UNICEF México, confió en las aportaciones de un espacio legislativo como éste, donde se parte de la premisa de que el país requiere de respuestas institucionales para afrontar la pobreza, desigualdad y violencia que afecta a una sociedad con 40 millones de niñas, niños y adolescentes.
En esta columna y en nuestra revista digital daremos cabal registro y seguimiento a las iniciativas de esta fuerza parlamentaria femenina en la que confluyen voces de distintos signos partidistas, bajo un mismo sello: el de hacerse cargo de una nación plural, equitativa, donde las leyes no sean letra muerta.
