Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
“Donde manda capitán, no gobierna marinero”, dicen por ahí, aunque en la realidad de la política mexicana de 2026 parece no existir por completo mandato alguno, sino la ley de chantajes de grupos y el caso omiso al reclamo de justicia de otros.
Y en medio de la crisis de desaparecidos y las protestas en el marco del Mundial, así como los chantajes manifiestos en plantones de la CNTE a la par, resulta sintomático —y profundamente revelador— que la oposición dedique sus trincheras a la trivialidad de debatir si la presidenta Claudia Sheinbaum debía o no asistir a la inauguración. O si cumplía ella y su equipo con la indumentaria adecuada en las reuniones con los directivos de la FIFA, mientras el tejido social del país se deshilacha ante la mirada de una clase política extraviada en lo irrelevante y en el peloteo diario que lanza el oficialismo en cada mañanera.
Pues, de entrada, la incapacidad del gobierno para gestionar las movilizaciones de la CNTE no es solo una cuestión de movilidad; es el reflejo de un Estado que ha confundido la gobernabilidad apegada a derechos con la inacción, sin importar los daños a terceros.
Para muestra, basta revisar los siguientes datos: para junio de 2026, de acuerdo con la Canaco, los bloqueos en el Centro Histórico han dejado un quebranto financiero que ni las cifras ni los “otros datos” logran disimular: una pérdida diaria estimada en 40 millones de pesos, sumando un impacto acumulado que ya supera los 405 millones de pesos en apenas los primeros días del mes.
Pero la negativa a imponer la ley, bajo la premisa de una supuesta política de no represión, ha terminado por erosionar el Estado de Derecho, dejando a más de cuatro mil centros económicos —en su inmensa mayoría PyMEs— en una indefensión absoluta. Y así, mientras el debate se reduce a la silla de un estadio o si el vestido de la presidenta era el adecuado, se omite lo esencial: el costo de una parálisis que también merma el erario, con más de 586 millones de pesos destinados a salarios de una huelga que ha dejado a 1.4 millones de alumnos sin clases, dañando a infancias que dependen del sistema público para hacer valer su derecho a la educación.
Como si esto no fuese suficiente, se siguen rasgando las vestiduras por si la presidenta vio el partido en la Gustavo A. Madero y no en el Azteca, mientras la crisis de derechos humanos en materia de desapariciones narra una realidad desoladora. Al inicio de 2026, el registro oficial de personas desaparecidas rebasó la barrera de las 132 mil víctimas. Ante una emergencia que organismos internacionales ya analizan bajo la lente de posibles crímenes de lesa humanidad, la oposición ha preferido abaratarle a la presidenta la exigencia con polémicas triviales. Así, mientras los partidos discuten la agenda protocolaria de un evento deportivo, el sistema de justicia permanece con niveles de impunidad que mantienen a más del 90% de los casos sin una línea de investigación sólida.
Al parecer, el gobierno no puede estar más agradecido con una oposición que le concede una válvula de escape que le permite mantenerse en la superficie. Se privilegia la imagen del país sobre la urgencia de justicia para las familias que buscan a sus seres queridos y el alivio para quienes ven su patrimonio desmoronarse en las protestas.
