Después de tantas mentiras, ¿Podremos darle el beneficio de la duda al nuevo Sistema Nacional Anticorrupción?
Uno de los peores, si no es que el principal daño de los problemas que enfrenta México, es la corrupción. Un mal endémico que ha llevado a nuestro país a recurrentes crisis, a una brecha interminable en la desigualdad, falta de crecimiento económico, retraso educativo e incluso a vulnerar nuestra endeble democracia.
En los últimos años, cada presidente en turno ha refrendado su compromiso con la “cero tolerancia” a la corrupción, y es muy claro que sólo ha quedado en el discurso o en la firma. En medio de la parafernalia, han presentado iniciativas y programas para enfrentar este flagelo y nada… no ha pasado nada.
Sexenio a sexenio, mandatarios han desfilado y se han comprometido a erradicarlo. El tema ha sido parte de sus campañas, programas y de sus agendas. Pero, inmediatamente en el poder surge el primero de los escándalos de corrupción y, con él, los que siguen. Situación que no deja de sorprendernos e indignarnos.
Vicente Fox incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo. Si no se trató de corrupción los casos más sonados de abuso y cero austeridad, fueron –quizá alguien se acuerde– el llamado “toallagate” o el “colchóngate” en la embajada ante la OCDE, con sede en París.
Felipe Calderón puso en marcha el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, para fortalecer las buenas prácticas dentro de la función pública, ¿no le provoca hilaridad?
Pero eso no es nada, en 2012 firmó el decreto de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que pretendía sancionar hasta con 124 millones de pesos a quien incurriera en actos de soborno, extorsión, colusión, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa en contrataciones públicas.
Pero no hablemos de los funcionarios afines que compraron departamentos a precios estratosféricos o de los que se llenaros las manos de contratos gubernamentales. Es más, hace unos días nos enteramos que funcionarios de salud de esa administración estuvieron involucrados en actos de corrupción con la farmacéutica Teva, de origen israelí.
Enrique Peña Nieto no podría haberse quedado atrás, se comprometió a que, con un nuevo PRI, se enfrentaría el flagelo de la corrupción, pero ese priismo “reloaded” resultó no más abusado, más abusivo. Ahí están los casos de Javier Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borge, César Duarte, Humberto Moreira, las casas “Blancas”, “Malinalco”, etc.
Sin embargo y a pesar de tanta decepción, acaban de anunciar a los integrantes de Comité Nacional del Sistema Anticorrupción, a quienes debemos darles el beneficio de la duda para combatir esta terrible enfermedad o fenómeno cultural, dirían otros.
Se trata de personas destacadas, reconocidas y confiables, aseguran. Serán los encargados de supervisar las políticas públicas del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ojalá no se trate de una estructura burocrática más.
De nada sirven estos nombramientos y estas aspirinas mediáticas, cuando personajes como Virgilio Andrade (quien exoneró al presidente y a su esposa del tema de la “Casa Blanca”), vuelven a la palestra pública con premios innecesarios, como Bansefi.
El día que transitemos de una “cultura de la corrupción” a una “cultura de la legalidad, la transparencia y la honestidad”, ese día nuestro México será competitivo.
Ya son muchos temas por los que el México bronco se ha asomado. No dejemos que la corrupción le abra las puertas.
