Por. Ernesto Zavaleta
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Esta semana, la Cámara de Diputados tendrá una de sus batallas legislativas más importantes del año: aprobar un Presupuesto de Egresos de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos para 2027, con una oposición que advierte que el Gobierno federal pretende sostener su gasto a costa de más deuda, mientras Morena y aliados buscan sacar adelante un proyecto con escaso margen para modificar las prioridades del Ejecutivo.
El dictamen ya fue aprobado en lo general por la Comisión de Presupuesto, con 33 votos a favor y 12 en contra, y ahora deberá pasar al pleno, donde se prevé iniciar la discusión el lunes 9 de noviembre y prolongarla hasta el miércoles 11, aunque el debate podría extenderse.
El problema es que la discusión no será solamente de números, sino de prioridades políticas.
El proyecto contempla un recorte de cinco mil millones de pesos al presupuesto solicitado por el INE, recursos que se redistribuirán entre educación, medio ambiente, infraestructura y búsqueda de personas desaparecidas.
La modificación abre una discusión sobre la suficiencia presupuestal de las instituciones electorales en un periodo de preparación política rumbo a los próximos procesos electorales. No se trata de desconocer la necesidad de revisar el gasto de los organismos autónomos, sino de explicar con claridad qué consecuencias tendrá una reducción de esa magnitud para sus responsabilidades.
Mientras Morena defiende que los recursos deben destinarse a necesidades sociales, la oposición cuestiona que se debilite financieramente a una institución que tendrá bajo su responsabilidad la organización de las elecciones de 2027.
Y aunque el grupo oficialista tiene los votos para sacar adelante el presupuesto, no podrá evitar el costo político de las decisiones que está tomando. La deuda pública, estimada por la oposición en 1.7 billones de pesos de nuevo endeudamiento para financiar el ejercicio fiscal, será uno de los principales blancos de las críticas, junto con los recursos destinados a salud, educación, seguridad y al campo.
Ricardo Monreal ha reconocido que existe poco margen para reasignar dinero y que cualquier incremento para un sector tendrá que salir de otro. Así, San Lázaro se encamina a una aprobación prácticamente cantada, pero no necesariamente a un debate resuelto. Porque una cosa es tener mayoría para aprobar el presupuesto y otra muy distinta convencer al país de que el dinero se está gastando donde más se necesita.
Son diez billones 636 mil millones de pesos que pretende gastar el Gobierno federal en 2027, pero una parte cada vez mayor de ese dinero tendrá que destinarse a pagar compromisos financieros, mientras sectores como seguridad, infraestructura, campo y organismos autónomos reclaman recursos.
El proyecto contempla un gasto neto de 10 billones 636 mil 488 millones de pesos, con un crecimiento real de alrededor de 1.3 por ciento respecto de 2026. Para el oficialismo, se trata de garantizar los programas sociales y continuar con los proyectos prioritarios; para sus críticos, el problema está en lo que se deja de atender y en la manera en que se financiará el gasto.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, ya había advertido desde la presentación del paquete económico que el presupuesto no se traducía necesariamente en mejores condiciones para la población.
En su análisis, aunque el gasto total es mayor en términos reales que en 2018, 21 de los 41 ramos comparables reciben menos recursos. Su cuestionamiento apunta a la distribución: mientras se mantienen compromisos financieros y proyectos emblemáticos, las carreteras, el campo, la seguridad local y otros servicios públicos quedan bajo presión presupuestal.
El priista también ha puesto el acento en el costo de las decisiones financieras del Gobierno. Su crítica no se limita al tamaño de la deuda, sino a la ausencia de una explicación convincente sobre los beneficios que recibirá la población a cambio de comprometer recursos futuros. En otras palabras, el debate no consiste solamente en cuánto dinero se gastará, sino en qué resultados producirán esos diez billones de pesos y quién asumirá la responsabilidad si las previsiones económicas no se cumplen.
Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, llevó esa preocupación al debate legislativo. Calificó el proyecto como un presupuesto inercial e hipotecario para las familias mexicanas y señaló que contempla contratar alrededor de 1.7 billones de pesos de deuda, mientras aproximadamente 1.6 billones se destinarían al costo financiero de los compromisos públicos.
Su argumento coloca sobre la mesa una interrogante que el oficialismo tendrá que responder: ¿cuánto margen queda para financiar servicios, infraestructura y nuevas necesidades cuando una porción tan importante del gasto está condicionada por obligaciones anteriores?
Téllez también cuestionó el gasto corriente, que ubicó en 4.46 billones de pesos, y el recorte de cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral. Además, reclamó mayores recursos para las instituciones encargadas de buscar a personas desaparecidas y para las madres buscadoras. Su planteamiento es que el presupuesto debe medirse también por su capacidad para atender problemas que no pueden resolverse con discursos ni con transferencias económicas.
Desde Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega ha colocado otra discusión sobre la mesa: la necesidad de que el presupuesto atienda las demandas de estados y municipios. En su planteamiento sobre las prioridades presupuestales, publicado en septiembre, reclamó mayores recursos para agua, vivienda, carreteras, medio ambiente y atención a las infancias.
También insistió en la inversión en infraestructura eléctrica y en garantizar el suministro de combustibles, ante los apagones que afectan distintas regiones del país. Su postura introduce una dimensión territorial: el gasto federal debe traducirse en servicios e infraestructura que mejoren la vida cotidiana, no concentrarse exclusivamente en las prioridades del centro.
La discusión sobre los recursos para las entidades también exhibió las negociaciones políticas. Movimiento Ciudadano respaldó el dictamen en lo general, mientras anunció que impulsaría reservas para conseguir recursos adicionales para proyectos hidráulicos en Jalisco y movilidad en Nuevo León.
El acuerdo para destinar 6 mil 500 millones de pesos al nuevo acueducto de Guadalajara generó críticas del PRI y del PAN, que cuestionaron las condiciones políticas de ese respaldo. Así, el presupuesto también se convirtió en una negociación entre necesidades regionales, intereses partidistas y prioridades del Gobierno federal.
El Gobierno federal sostiene que el presupuesto protege los programas sociales, impulsa la inversión y mantiene una ruta de reducción gradual del déficit. Esa es la justificación de la mayoría legislativa, que también defiende el incremento de recursos para educación, salud y otros sectores. Sin embargo, las cifras obligan a revisar los resultados esperados, la viabilidad de las proyecciones y el espacio disponible para atender las demandas que llegan desde los estados, los municipios y las instituciones públicas.
El dictamen todavía debe superar el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, con cientos de reservas registradas y una fecha límite de aprobación del 15 de noviembre. Moreira, Téllez y Ortega, desde posiciones partidistas distintas, han señalado problemas que convergen en una pregunta: ¿cómo garantizar que el dinero público alcance para atender las necesidades del país sin trasladar una factura cada vez más pesada a las siguientes generaciones?
Porque un presupuesto no se mide únicamente por los billones que anuncia, sino por los servicios que garantiza, las obras que concreta y las obligaciones que deja pendientes.
La disputa por el árbitro electoral
La elección de la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a convertirse en una prueba de fuerza entre Morena y la oposición, incluso antes de que se integre el Comité Técnico de Evaluación que revisará los perfiles.
La convocatoria, cuya aprobación se aplazó por las diferencias entre las bancadas, abrió un nuevo frente político: el PRI anticipó su voto en contra, el PAN presentó ocho condiciones para garantizar la independencia de los evaluadores y Movimiento Ciudadano también cuestionó las condiciones del procedimiento. Ricardo Monreal busca un acuerdo que evite una designación cuestionada por su origen, pero el tiempo legislativo comienza a jugar en contra.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, advirtió que su partido no respaldará a una presidenta vinculada con Morena y exigió que los integrantes del comité tengan al menos ocho años sin cargos públicos o partidistas, además de observadores ciudadanos, transparencia en los exámenes y evaluaciones públicas.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador priista en San Lázaro, sostiene que cambiar a la titular no resuelve la crisis del organismo y reclama una revisión de fondo, auditorías al padrón electoral y la revisión de los nombramientos realizados durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Movimiento Ciudadano, a través de la diputada Laura Ballesteros, también reclama un comité plural, con especialistas, universidades y representantes de la sociedad civil, para evitar que la selección se convierta en un reparto de cuotas partidistas.
El verdadero desafío no está solamente en encontrar a una mujer que ocupe la presidencia del INE, sino en construir un procedimiento que genere confianza entre las fuerzas políticas y la ciudadanía. La integración del comité será el primer examen de independencia; si nace bajo sospecha de subordinación a la mayoría legislativa, la nueva presidenta tendrá que cargar desde el primer día con el cuestionamiento sobre la legitimidad de su nombramiento.