Como medida central ante los hechos que han derivado en revisiones y señalamientos relacionados con contrataciones irregulares que ocasionó la renuncia de la exconsejera presidenta del INE, Gudalupe Taddei, el Consejo General solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondiente al periodo 2016-2026.
Asimismo, aprobó una serie de medidas orientadas a fortalecer la integridad institucional, reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, implementación de mecanismos de denuncia y dar seguimiento específico de las contrataciones relacionadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.
Adicionalmente, avaló la elaboración de un Plan de Acción Crítico a fin de asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales y para la organización de la elección en curso.
El acuerdo define la colaboración plena del Instituto con las autoridades fiscalizadoras, la preservación inmediata de documentación física y electrónica vinculada con procesos de contratación, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes.
En este marco, se establece que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que, en su caso, resulten procedentes.
El Consejo General propuso revisar el padrón de proveedores del INE, habilitar un mecanismo para la recepción de información relacionada con posibles hallazgos, solicitar información a otras autoridades en el ámbito de sus atribuciones y evaluar medidas adicionales orientadas al fortalecimiento de los procedimientos de contratación y supervisión institucional.
Consejerías respaldan revisión integral
Durante la discusión, la consejera Carla Humphrey Jordan hizo un llamado a robustecer los mecanismos de fiscalización y control del gasto institucional, al afirmar que en la revisión de adquisiciones y contratos del Instituto debe prevalecer la premisa de que “no quede nada sin revisar”. Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones verificables sobre el destino de los recursos públicos y a conocer las acciones emprendidas ante posibles incumplimientos o fallas administrativas.
“La democracia también se honra en las cuentas que entregamos, en el orden que demostramos y en la salvaguarda del gasto que ejercemos con total transparencia y rendición de cuentas”, dijo la consejera al plantear la necesidad de impulsar cambios de fondo en la gestión administrativa del organismo, al reiterar que “necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.
Ante “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”, el consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo General para fortalecer la vigilancia y el control institucional, entre ellas la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la implementación de mecanismos para detectar riesgos de corrupción y la presentación de las denuncias que resulten procedentes, además de hacer un llamado a la Fiscalía General de la República para que valore las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 19 constitucional para delitos de corrupción.