Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
Cruzar las puertas de una clínica del IMSS con un malestar a cuestas se ha vuelto un acto de fe. Mientras las conferencias oficiales presumen un sistema de salud robusto y la presidenta desestima las protestas como “exageraciones”, la realidad en el piso es un viacrucis cotidiano.
Para saberlo, basta con mirar las salas de espera atiborradas desde la madrugada o escuchar a los derechohabientes que descubren, frente a la farmacia, que la receta es solo un papel sin valor alguno porque el anaquel está vacío. Como lo documentan a diario las crónicas y las auditorías, faltan medicamentos, los especialistas tardan meses y las cirugías se posponen indefinidamente, no hay quimioterapias y cuando hay ya es demasiado tarde.
Aquí es cuando el derecho a la salud se reduce a depender de la suerte o del propio bolsillo, el pacto social se rompe y esas promesas de primero los pobres son huecas. Pretender que este colapso es un invento o un “asunto político” como se esfuerzan las voces porristas del régimen en redes, es un ejercicio de cinismo que normaliza el sufrimiento de quien paga sus cuotas con el sudor de su trabajo y es obligado a ver cómo una enfermedad quiebra la economía del hogar.
Pero no son protestas sin fundamentos. Pues son sus propios datos y las inspecciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) las que desmoronan cualquier intento de maquillar la crisis. Un ejemplo de ello son los informes de fiscalización que han documentado deficiencias en los controles de almacenamiento, retrasos severos en la entrega de fármacos, etc.
A esto se suma el déficit estructural de personal: mientras la derechohabiencia supera los 22 millones de puestos de trabajo formales afiliados —más sus familias—, el crecimiento de las plazas definitivas de base no va a la par, obligando a médicos y enfermeras a operar bajo turnos extenuantes y cargas de pacientes por encima de cualquier estándar internacional.
Esto solo demuestra que la realidad institucional choca con la propaganda de los datos alegres.
Lejos de asumir el costo político, las culpas se reparten entre la propaganda y la inacción. Por un lado, la presidenta Claudia Sheinbaum prefiere desestimar las protestas desde Palacio Nacional y minimizar el dolor de las familias, mientras la narrativa oficial blinda a directivos como Zoé Robledo al frente del IMSS —quien ha acumulado sexenio tras sexenio de promesas incumplidas sobre el supuesto abasto “al 100 por ciento”—. Y a la par, el silencio cómplice de las cúpulas del sindicato que pactan incrementos pírricos a espaldas de las bases, mientras culpan a la oposición de encender un descontento que los propios trabajadores y derechohabientes viven todos los días en carne propia.
Al final, ningún discurso mañanero, ningún video de aplausos ni ninguna campaña de control de daños podrá ocultar el eco de las recetas no surtidas ni el cansancio de quienes defienden su derecho a la atención. La salud pública no es un favor que se otorga desde el poder, sino un derecho que se exige con dignidad. Y mientras el Estado elija voltear hacia otro lado y minimizar el dolor de sus derechohabientes, lo que verdaderamente se desmorona es la promesa de con el pueblo todo.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género