Por. Ivonne Melgar
Todos los actos gubernamentales, legislativos y partidistas ya están cruzados por la disputa electoral, por la resistencia y la narcopolítica, a pesar del veto del INE sobre el término.
Los consejeros le han prohibido a Alejandro Moreno, presidente del PRI, relacionar a Morena con el crimen organizado, alegando que es calumnia e imputación de delitos falsos.
El senador tampoco puede usar palabras como narcorégimen, narcopartido, narcogobierno o narcopolíticos. El PRI impugnará argumentando que es censura y se viola la inmunidad de los legisladores en su libre expresión.
Si bien el Tribunal Electoral ha venido avalando al INE es sus actos filo morenistas, la Sala Superior le ordenó que retome el filtro que impediría a los servidores de la nación participar en tareas de observación y capacitación electorales.
Los cinco magistrados avalaron el argumento de Felipe Fuentes, quien le dio la razón al PAN, PRI, MC y Somos en la exigencia de garantizar que las personas con chalecos guinda no pueden disfrazarse de defensores del voto libre.
Y aunque Morena puede decidir con sus aliados lo que puede o no hacerse en el Congreso, el jefe de sus diputados, Ricardo Monreal, decidió atender las exigencias del PAN para la pasarela del gabinete, en ocasión del desglose del informe de gobierno.
Eso es lo que el líder de la mayoría contó a la prensa, al ventilar que su homólogo panista, Elías Lixa, rechazó que los secretarios de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Economía, Marcelo Ebrard, realizaran sus comparecencias a puertas cerradas.
Son jaloneos propios de la coyuntura y del futurismo que al interior de la 4T ya agregó el nombre de la titular de la SEGOB a los de Omar García Harfuch y Marcelo Ebrard.
Los seis integrantes de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aceptaron que las comparecencias del secretario de Seguridad Ciudadana y de la fiscal Ernestina Godoy sean solo con ellos.
Pero el PAN no quiso ese formato cerrado para Marcelo Ebrard ni para Rosa Icela Rodríguez; y aceptó que el responsable de Economía asista ante comisiones. Sin embargo, la visita de la funcionaria quedó pendiente, aun cuando Monreal dijo que está dispuesta a comparecer bajo cualquier modalidad.
El cuidado de Morena con la secretaria de Gobernación ocurre cuando comienza a correr la versión de que ella podría ser parte de la lista de los futuros diputados federales, junto con Andrés López Beltrán. ¿Como jefa de bancada, en lugar de Monreal?
Son hipotéticos escenarios frente a los que el PAN actúa reclamando, como principal partido de oposición, que la mayoría atienda sus condiciones. Y, cosa rara: lo logra.
En este clima preelectoral, PAN y MC hablaron de destinatarios de la reforma para vetar a candidatos presidenciales y a gobernadores con doble nacionalidad. Es contra Ebrard, declaró el coordinador Lixa. Es por Ricardo Salinas Pliego, dijo en tribuna la jalisciense Claudia Salas.
Mientras eso sucedía en el Congreso, de visita en Tabasco, martes y miércoles, en Villahermosa y Macuspana, el dirigente del PAN, Jorge Romero, definió que la campaña del partido será de tocar puertas para sembrar hacia 2030.
En la meca del obradorismo, el líder opositor hizo recorridos, visitó familias y tuvo encuentros con ciudadanos, dejándoles el mensaje de que para Acción Nacional no hay entidades vedadas.
Jorge Romero dijo a los tabasqueños que los homicidios en su entidad se triplicaron entre 2023 y 2025. Y en alusión a La Barredora, el grupo delictivo que creó el exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, planteó: “No hay peor traición para una comunidad que aquel que juró protegerte a ti, sea el que se asocie para secuestrarte a ti”.
Son diagnósticos obligados. Y, por más que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE sea la Santa Inquisición de las campañas opositoras, la realidad de la narcopolítica se impone.
Bien lo sabe el secretario García Harfuch que esta semana aplicó de nueva cuenta la Operación Enjambre en Oaxaca, con la detención -por extorsión agravada- del alcalde por Morena en Juchitán, Miguel Sánchez Altamirano, y la de su excomisario de policía, John Keny Moreno Segura, por vinculación con una célula del CJNG.
Cuestionado sobre si lo sucedido ahí tendría un costo en las urnas, el presidente de la Cámara de Diputados, el oaxaqueño Raúl Bolaños-Cacho Cué del PVEM, planteó las dos caras de una disyuntiva: “Así como hay un costo político; decir que no sería cegarnos. También creo que hay un reconocimiento a un gobierno del mismo partido que toma determinaciones sin mirar los colores”.
Lo de Oaxaca es un escándalo. Pero a estas alturas del sexenio también lo es que la Operación Enjambre se aplicó apenas en la cuarta parte del país, sin llegar todavía a Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Guerrero, con altos índices de homicidios violentos. Tampoco a Tabasco ni a Baja California Sur, pese a las denuncias.
¿Por qué la estrategia contra la narcopolítica no actuó todavía ahí? ¿¿Sale más barato prohibir el término en el diccionario electoral que enfrentarla?