Por. María del Socorro Pensado Casanova
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“No sólo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres,
ellas son capaces de todos los entusiasmos.”
Leona Vicario, Carta a Lucas Alamán, Ciudad de México, 2 de abril de 1831.
Existe una característica que comparten prácticamente todos los sistemas jurídicos. Suelen llegar un paso detrás de la realidad. Las leyes cambian cuando las sociedades ya han comenzado a transformarse y los derechos se reconocen muchas veces después de que distintas generaciones han luchado por ejercerlos. La historia de México ofrece numerosos ejemplos. La Independencia es quizá uno de los más significativos.
El movimiento iniciado en 1810 no solamente buscó romper el vínculo político con la monarquía española. También abrió una discusión sobre soberanía, representación, ciudadanía y la construcción de un nuevo orden jurídico. Mientras aquellas ideas comenzaban a definir el futuro del país, numerosas personas formaban parte de ese proceso sin que las normas estuvieran preparadas para reconocerlas plenamente dentro de la vida política.
Las mujeres estuvieron, entre ellas: Leona Vicario participó activamente en la insurgencia, transmitió información, apoyó económicamente la causa y formó parte de las redes que hicieron posible el movimiento independentista. Gertrudis Bocanegra colaboró con los insurgentes como mensajera y organizó comunicaciones hasta ser detenida y fusilada en 1817.
Sus trayectorias permiten advertir una contradicción que acompañaría durante mucho tiempo la construcción del Estado mexicano. Ellas podían intervenir en los acontecimientos que modificaban el rumbo del país, pero hacerlo no significaba ser consideradas inmediatamente ciudadanas con iguales derechos políticos.
La presencia femenina fue una realidad durante la Independencia y continuó durante la construcción nacional, mientras su incorporación a la ciudadanía avanzó a otro ritmo. La Constitución de 1824 estableció una república representativa, popular y federal, sin reconocer el sufragio femenino. Las Siete Leyes de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843 (centralistas) modificaron la organización política sin ampliar su ciudadanía. La Constitución de 1857 restableció la república federal y reconoció derechos y libertades, aunque la participación política mantuvo una concepción masculina.
La Revolución mexicana volvió a transformar profundamente la organización política y social del país. La Constitución de 1917 incorporó importantes derechos sociales y estableció un nuevo marco constitucional, pero las mexicanas todavía tendrían que esperar para ejercer sus derechos políticos en el ámbito federal. En 1947 se reconoció su intervención en las elecciones municipales y, finalmente, la reforma constitucional de 1953 reconoció su ciudadanía plena y abrió el camino para votar y ser electas en comicios federales.
El recorrido resulta revelador. Desde la presencia de Leona Vicario y Gertrudis Bocanegra en la insurgencia hasta el reconocimiento constitucional de los derechos políticos femeninos transcurrió más de un siglo. Contribuir a construir un país y poder decidir formalmente sobre su rumbo fueron procesos que caminaron a velocidades muy distintas.
Esa distancia entre los acontecimientos y las leyes tampoco pertenece únicamente al pasado. Los cambios sociales y tecnológicos avanzan con enorme rapidez y obligan a revisar constantemente las respuestas institucionales. Una reforma nunca representa un punto definitivo de llegada, constituye apenas una etapa dentro de un proceso permanente.
La protección de los derechos humanos permite apreciar con claridad esa evolución. Cada generación enfrenta distintas expresiones de desigualdad, discriminación y violencia. Gobernar implica comprender a una comunidad en movimiento. Los diagnósticos deben actualizarse, las estrategias necesitan revisarse y las instituciones requieren capacidades suficientes para responder ante nuevos escenarios. Permanecer inmóviles permite que la distancia entre las garantías reconocidas y su protección efectiva sea cada vez mayor.
No debemos acelerar las leyes a cualquier costo. Su fortaleza radica en encontrar un equilibrio entre estabilidad y adaptación. La certeza jurídica continúa siendo indispensable para cualquier democracia, pero también lo es la capacidad de comprender que los contextos cambian, los problemas evolucionan y los derechos requieren respuestas capaces de acompañar esos procesos.
A más de dos siglos del inicio de la Independencia, conmemorar a quienes participaron en ella permite preguntarnos cuánto tiempo puede transcurrir entre formar parte de un país y tener la posibilidad de decidir sobre su destino. Leona Vicario, Gertrudis Bocanegra y muchas otras estuvieron presentes mucho antes de que la ciudadanía política femenina fuera reconocida en México. Las lecciones de nuestro pasado permanecen vigentes. Los cambios suelen comenzar antes de que las leyes puedan nombrarlos. Lo importante es que estas últimas no se queden demasiado atrás.