Con la mayoría calificada de 307 votos a favor, 128 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó con cambios el dictamen de reforma constitucional que introduce como una nueva causal de nulidad de elecciones cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales.
El dictamen, que adiciona un inciso d) a la base VI del artículo 41 de la Constitución Política, deriva de una iniciativa presentada por el diputado morenista Ricardo Monreal Ávila, se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Acreditar actos intervención o injerencia extranjera
En lo particular se aceptó la reserva presentada por el diputado Jorge Luis Sánchez Reyes de Morena para que la redacción quede: “se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.
Sánchez Reyes mencionó que más allá de los partidos políticos está la patria, la nación y se debe entender que la soberanía recae en el pueblo, y en México no permitimos injerencia extranjera. La soberanía debe ser absoluta, indivisible y centralizada, y el soberano tiene autoridad total para mantener el orden interno y proteger al Estado de amenazas externas”.
Por su parte, el diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, detalló que esta modificación precisa que cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales sea declarada la nulidad del proceso electoral.
“Yo sí creo que México atraviesa por una etapa de constantes agravios, de constante hostilidad y constante amenaza. Y creo que México debe de blindar su legislación y debe de blindar en su legislación cualquier intromisión del exterior, cualquier injerencia de gobiernos extranjeros, cualquier intervención de agentes, personas”, refirió.
¿Qué se aprobó?
En el régimen transitorio el dictamen señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este decreto, antes del 5 de junio de 2026.
Además, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales electorales de las entidades federativas revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas para garantizar el cumplimiento de lo previsto en el decreto.
El objetivo es fortalecer la protección constitucional de la soberanía nacional y la independencia política del Estado mexicano frente a posibles actos de injerencia externa; garantizar que la renovación de los poderes públicos derive exclusivamente de elecciones libres, auténticas y ajenas a cualquier influencia extranjera, y reforzar el sistema de nulidades electorales mediante mecanismos orientados a preservar la legitimidad democrática y la libre manifestación de la voluntad popular.
Expone que la injerencia extranjera en procesos democráticos se ha convertido en uno de los principales desafíos para la estabilidad institucional y la protección de la soberanía de los Estados modernos.
Refiere que organismos internacionales han advertido que dichas intervenciones pueden manifestarse mediante campañas de desinformación, manipulación digital, corrupción, espionaje, ciberataques, y la influencia manipuladora en la participación o las opiniones de la ciudadanía, a través de campañas y manipulación en línea.
La iniciativa especifica que la intervención extranjera puede manifestarse mediante financiamiento, ciberataques, campañas de desinformación coordinadas o presiones diplomáticas, conductas que buscan vulnerar la independencia política del Estado mexicano.
Además, deja en claro que la ausencia de una causal específica dentro del texto constitucional genera una laguna normativa que podría dificultar la actuación pronta y eficaz de las autoridades jurisdiccionales electorales frente a actos de injerencia externa que afecten la voluntad popular o la soberanía nacional.