Por. Ivonne Melgar
Envueltos en “el movimiento” y la soberanía, el gobernador Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza dijeron este miércoles que las acusaciones del Departamento de Justicia eran una calumnia, una insidia.
No había pasado ni una hora de la noticia confirmada por la Embajada de Estados Unidos, cuando los acusados de colaborar con el crimen organizado, entre otros presuntos delitos, salieron a defenderse.
“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esta causa”, expuso Rocha en X.
“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al Partido Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, advirtió Inzunza.
Al siguiente día, la presidenta Claudia Sheinbuam fijó postura: “Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
Aun cuando ha prometido ir a fondo contra la corrupción y la violencia criminal, esta vez la jefa del Estado mexicano optó por el camino que marcó su antecesor: la defensa del proyecto y de los suyos por encima de cualquier denuncia.
Han sido casi ocho años de adoctrinamiento y cierre de filas en torno “al movimiento” y sus integrantes, con justificaciones mediáticas, cobijo político, impunidad y el emblemático “¡No estás solo!”.
Amparados en esa pedagogía, muchos han probado que invocar al amado líder y sus causas es mantra de salvación: Ignacio Ovalle, el del fraude a Segalmex; Cuauhtémoc Blanco, el nunca investigado; Adán Augusto López, el jamás involucrado en el caso La Barredora; el almirante Rafael Ojeda, apenas enterado del huachicol…
Es cierto que la inmunidad en nombre de la trasformación purificó hasta a los Yunes. Y que la presidenta hizo ante AMLO un compromiso, en agosto de 2024, después de que el Mayo Zambada contó haber sido víctima de una celada en la que participó el gobernador sinaloense.
“Nosotros le tenemos toda la confianza al maestro Rocha”, dijo López Obrador. “Vamos a seguir apoyando al gobernador y a su pueblo; quien quiera estigmatizar a este bello estado que se quede con su historia”, ofreció ella.
Con todos los poderes a su disposición -legisladores, jueces, fiscales- la presidenta que promete prosperidad compartida, no puede taparse los oídos ante el clamor de una entidad rehén del miedo y la ingobernabilidad.
Y si ella no quiere pagar el costo de romper la promesa hecha hace 30 meses, tiene la ruta del Congreso, donde este jueves Jorge Álvarez Máynez, dirigente de Movimiento Ciudadano, y el diputado Gibrán Ramírez Reyes presentaron una solicitud de desafuero para que sean investigados el gobernador, el senador Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
En el documento, entregado en Cámara de Diputados, señalan sobradas razones que ameritan separarlos ya del cargo para que, sin fuero, respondan ante la jurisdicción mexicana.
Al sustentar los motivos para un juicio político, Máynez y Ramírez afirman que resulta procedente “al tratarse de servidores públicos que presuntamente han actuado en forma dolosa y en perjuicio a la libertad de las instituciones, al obstaculizar e interferir u omitir sus funciones respecto a los principios constitucionales en su actuar tras los graves señalamientos en el Estado de Sinaloa”.
Recuerdan que, para desmontar las posibles redes de corrupción incrustadas en las instituciones de la entidad, resulta fundamental juzgarlos aquí bajo la presunción del delito de asociación delictuosa, con el cual “se busca castigar la traición al servicio público, entendiendo que la asociación delictuosa lesiona la paz pública y la seguridad del Estado de una manera mucho más profunda que un delito cometido por un particular”.
A lo largo del alegato, plantean un tema que debería ser suficiente para que el Congreso tome en sus manos ya esta situación: Rocha, Inzunza y Gámez tienen que ser investigados por el ejercicio ilícito del servicio público, que el Código Penal Federal establece, “por la presunta omisión en el combate a la delincuencia en el municipio de Culiacán y supuestos vínculos financieros con grupos delictivos para el financiamiento ilícito para cometer actos de corrupción”.
No se trata de extraditar a la decena que, según el Departamento de Estado conspiró con el Cártel de Sinaloa para importar narcóticos a EU a cambio de apoyo político y sobornos. Pero sí de conocer la verdad.
La solicitud presentada por MC documenta una inescapable ruta, la de investigar, dejar de ser omisos y romper el mantra de la impunidad cuatroté, si es que el gobierno pretende darle viabilidad a Sinaloa y al país.