Por. Ivonne Melgar
Lo que sabemos de la llamada presidencial del jueves confirma que, en la relación con Estados Unidos, el T-MEC y “la lucha contra el narcotráfico” -palabras de Trump– van en paquete.
Así que México necesita resolver asuntos de crimen organizado y corrupción que, como el huachicol fiscal, importan a su socio comercial.
Con una carpeta de investigación penal de 20 tomos en la Fiscalía General de la República (FGR), el caso obliga a desmontar una red de contrabando de combustible que habría corrompido a funcionarios de Marina y aduanales, al menos.
Y es por el presunto involucramiento de servidores públicos y personajes políticos que, este 26 de enero, en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, su aún presidenta, Vania Pérez Morales, propuso abordar el tema del huachicol fiscal.
Sin embargo, la fiscal anticorrupción de la FGR, María de la Luz Mijangos; la magistrada Eva de Gyvés Zárate del Tribunal de Disciplina Judicial, y José Ramón Amieva, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, votaron por realizar un estudio técnico sobre las conductas involucradas, a fin de valorar si puede considerarse un caso de corrupción o se trata sólo de crimen organizado.
A esa reunión extraordinaria no acudieron la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, ni el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, quienes mucho podrían aportar sobre un entramado que le robó al erario unos 600 mil millones de pesos.
Pese a esas ausencias, en esta última sesión de la presidenta Vania Pérez -que concluyó su gestión como comisionada ciudadana el día 28- se hizo el compromiso de profundizar en los análisis del SNA que definen al huachicol fiscal como “un fenómeno de corrupción en cuyo modus operandi concurren una multiplicidad de actores, actos y delitos”.
De manera que, aun cuando la presidencia del Sistema por ahora se encuentra acéfala, quedó ahí la tarea suscrita por la fiscal Mijangos y los magistrados Amieva y De Gyvés, afines a Palacio Nacional, sin duda, pero -dada su expertes- muy conscientes del daño que la opacidad le hace a la sociedad, al Estado y a sus responsables.
El freno a la propuesta de Vania Pérez -de hacerle un exhorto a la administración federal para que rindiera cuentas del caso- podría circunscribirse en el cuidado que el gobierno tiene para que el huachicol fiscal no salpique a cercanos al expresidente López Obrador y altamente sensibles para la marca Morena. Pero el tema sigue embarrándolos.
Apenas el viernes, en la conferencia mañanera, realizada en Tijuana, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrogada por el Semanario Zeta sobre los presuntos nexos con la red del huachicol de Carlos Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila, ahí presente.
Son señalamientos que reviven el antecedente de que la pareja tiene cancelada la visa estadounidense, por razones aun no conocidas.
Y aunque la respuesta reiterada de la presidenta Sheinbaum fue que ese es un asunto de la FGR y que la mandataria estatal cuenta con su respaldo, en la conferencia nadie negó el nexo huachicolero de su excónyuge y excoordinador de Proyectos Especiales. De manera que, de ser cierto el vínculo, ahí habría, además de crimen organizado, corrupción desde el poder.
Por eso hay que poner atención en la alerta que ventiló en su informe final Vania Pérez respecto a la importancia que para la ratificación del TMEC tendría el incumplimiento de México del Artículo 27: “las instituciones mexicanas deberían fortalecerse en materia de combate a la corrupción y de transparencia. Y esto no ha pasado; por el contrario, se han debilitado”.
En la Nota Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción -con el que se sustentaría el exhorto- se indica que el huachicol fiscal es hoy un asunto de seguridad nacional para EU, superando al fentanilo como tema principal en el intercambio de inteligencia y de negociaciones bilaterales, porque constituye “una trama en la que participan comercializadoras, agentes aduanales, gasolineros, autoridades e integrantes del crimen organizado internacional”.
En ese documento del SNA se concluye que el huachicol no podría operar sin la complicidad de funcionarios y trabajadores de Pemex ni la connivencia de autoridades de aduanas y puertos.
Y se plantea en la Nota Técnica que, como cada golpe contra las redes de huachicol involucra a figuras cercanas al partido gobernante, enfrentarlas tendrá un costo político.
Pero, a juzgar por lo dicho y hecho esta semana, la presidenta no está dispuesta a lastimar la relación con Trump.
Y cuidar esa relación significará, más temprano que tarde, dar “resultados concretos y verificables” (la petición de hace dos semanas de Marco Rubio, secretario de Estado) en el enfrentamiento al crimen organizado, con los huachicoleros incluidos.