El acelerado incremento en el número de personas mayores en nuestro país implicará la definición de legislación y políticas que promuevan su integración al desarrollo y atiendan sus necesidades, de acuerdo con un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
La investigación titulada “Reformas en materia de derechos de las personas mayores”, elaborado por Concepción Torres Ramírez, apunta que, en el 2024, las personas mayores de 60 años representan el 12.9% de la población, aunque se espera que dicha proporción se incremente al 25% en el año 2050.
La investigación señala que este incremento en el número de personas mayores significará también el surgimiento de demandas sociales específicas que deberán ser atendidas mediante leyes y políticas distintas de las que supone una sociedad más joven, tanto para su integración al desarrollo como para la atención de sus necesidades.
En ese sentido, refiere que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece los derechos específicos de esta población, pero es necesario reformar otras leyes para poner en sintonía a nuestro país con la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, ambos instrumentos emitidos por la ONU para proporcionar protección y cuidados a los adultos mayores.
Actualmente, en el Senado de la República se encuentran en análisis 18 iniciativas que buscan reformar distintas leyes en materia de personas mayores.