Por. Patricia Betaza
En los últimos días se aprobaron en ambas cámaras del Congreso, tres iniciativas muy importantes encaminadas a salvaguardar el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia.
En la Cámara de Diputados se aprobó castigar hasta con 22 años de cárcel, la llamada violencia ácida. Aunque no hay un registro oficial se estima que en los últimos 12 años se realizaron 3 mil 354 ataques con ácido. La mayoría de las víctimas, mujeres jóvenes, porque como dijeron algunas legisladoras, se trata de llevarlas a una muerte social, a dejar la huella de por vida en el rostro y en el cuerpo. También se aprobó garantizar cirugías reconstructivas para las víctimas.
El dictamen ahora pasará al Senado. En este momento sólo Puebla es el único estado del país en sancionar la violencia ácida como tentativa de feminicidio, hasta con 40 años de prisión.
También se aprobaron en la Cámara de Diputados, reformas al artículo 325 del Código Penal Federal algo muy trascendental para hacerle frente a la impunidad en el caso de un feminicidio. Aquel servidor público que retarde o entorpezca la procuración o administración de justicia, será castigado con cuatro y hasta 12 años de prisión. En ese lapso será destituido o inhabilitado.
La ola rosa también pintó al Senado. Las y los legisladores aprobaron que la violencia vicaria -esa que utiliza a los hijos, familia o alguien cercano a la víctima para hacerle daño-, será castigada hasta con cinco años de cárcel. La pena podría aumentar, si además hay un delito de violencia familiar. Ahora la iniciativa tendrá que ser aprobada por los diputados.
Pasos importantes se han dado en el Congreso para combatir la violencia contra las mujeres, porque la impunidad es la madre de todos los males. Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de un total de 7 mil 246 feminicidios cometidos en 10 años, sólo un 23 por ciento ha recibido una sentencia condenatoria. Falta mucho camino por recorrer para lograr que las mexicanas tengan una vida libre de violencia. Pero algo, es mucho.