Por. Sandra Vivanco
Este domingo todas las personas con calidad de ciudadanas en México tuvimos la oportunidad de participar en una Consulta Popular, que es, de acuerdo a la Constitución Federal, un ejercicio democrático y de participación que permite opinar sobre un tema de interés nacional.
Una Consulta Popular como la desarrollada en todo el país a través de la instalación de más de 57 mil casillas, en la que participaron aproximadamente 10 mil personas como Instructores Asistentes y capacitar a más de 285 mil personas funcionarias de mesas de opinión, y poder recibir en cada casilla hasta 2 mil votantes, también merece el análisis de la cultura cívica que en el caso de nuestra sociedad es de baja participación.
Por supuesto que la apatía no solo es en una Consulta Popular que muchas personas ni siquiera entendieron por la inaccesibilidad de la pregunta que, aunque requería una respuesta sencilla como un SÍ o un NO, lo cierto es que, pensar en los alcances del cuestionamiento fue motivo de duda. Hubo quienes dijeron que la consulta serviría para encarcelar a los expresidentes de la República. Otros analizaban que era para sujetar a procesos de investigación a cualquier persona servidora pública que no haya actuado con diligencia en su encargo por designación o conferido por voto popular.
Lo cierto es que, para que cualquiera que fuese la respuesta por la que se decantara la ciudadanía, fuera vinculante y las autoridades en turno tomaran cartas en el asunto, se requería una amplia participación, del 40% del listado nominal, que en su totalidad significa más de 93.6 millones de personas. Lo que no sucedió.
Casi era de esperarse el resultado, por un lado, por el abstencionismo que de manera recurrente aparece en todos los procesos electorales constitucionales, en un ejercicio que pocos entendieron y que en redes sociales fue duramente criticado, no cabía la duda que se presentaría. Pero, además por tratarse de un mecanismo que jamás se había implementado y que no estamos acostumbrados a inmiscuirnos en los procesos y en las decisiones que a todos deberían interesarnos.
Siete millones de personas aproximadamente acudieron al llamado de la participación ciudadana, la cual debemos entender también como un control democrático, que permitirá a través de una sociedad atenta, informada e involucrada en los asuntos vitales una vigilancia de los procesos de gobierno, del actuar de las personas funcionarias, pero también calificar los avances o retrocesos.
De alguna forma, perdimos, todos y todas, la oportunidad de que esta primera consulta vinculara a las autoridades a actuar como debían hacerlo en otro momento otras, pero sin duda, este debe ser el punto de partida para que sea un ejercicio recurrente que de alguna forma disminuya la desconfianza que sienten las personas electoras por sus autoridades e instituciones.
Este tipo de instrumentos de participación ciudadana más allá de educar y organizar, sirven para convertir a la sociedad en el contrapeso necesario para que aquellos que pretendan el poder sepan a quien se debe su designación: al pueblo, como lo establece la propia Constitución Federal. Muchas veces en el ejercicio de los encargos, lo último que pareciera importar es precisamente la opinión ciudadana, salvo cuando se trata de sufragios.
Con ejercicios participativos se genera una dinámica de calificación y vigilancia al quehacer público, lo que empodera a la sociedad y permite legitimar acciones gubernamentales, se trata pues de un tamiz social.
Una consulta popular permite también sujetar algunos temas al escrutinio social, y ello no es malo, lo incorrecto es que para su desarrollo no exista la suficiente difusión, accesibilidad no solo para que los votantes opinen sino para que entiendan los alcances de dicho ejercicio, que la pregunta sea de fácil lectura y que los recursos humanos y materiales que se requieran no sean desperdiciados.
Hoy más de 7 millones de personas atendieron la consulta popular, que era su obligación y también su derecho, a partir de ahora debe hacerse una costumbre cívica y entenderla como el ejercicio pleno de derechos de ciudadanía, todo esto permitirá una gobernanza en la que se involucren todos los sectores sociales y las personas por iniciativa propia, tan solo con la posibilidad de acudir a una urna a emitir una opinión.
La consulta popular está regulada desde 2014, por primera ocasión se vuelve algo vigente, involucrando de alguna forma a los tres poderes del Estado, aún sin el éxito del 40% del Listado Nominal, la realidad es su propia existencia que debe perfeccionarse con la participación de cada persona que goza de ciudadanía.
Activar a la sociedad a través de los instrumentos democráticos que permite el marco legal en nuestro país es un bonus importante, que reconoce los esfuerzos institucionales, pero también a cada persona que acude y hace uso de su boleta. Es una forma de hacer comunidad y generar pertenencia, el opinar en temas que nos preocupan equilibra la distancia entre sociedad y gobierno, pero también fortalece a la democracia.