En los primeros meses del año, se presentó una iniciativa de reforma a las leyes de educación en estados como Querétaro, Aguascalientes, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y Guanajuato. Esta iniciativa es denominada “Pin parental” o “Derecho preferencial de los padres”, la cual de ser aprobada, permitiría a los padres de familia decidir si sus hijas e hijos pueden recibir o no educación en temas de sexualidad, reproducción y género en las escuelas a nivel primaria, secundaria y preparatoria.
Esta iniciativa –importada desde España– forma parte de las propuestas de Vox, un partido político español, catalogado como de extrema derecha y cuestionado por tener una base ideológica nacional-católica autoritaria; que además está logrando trasladar sus intereses a otros países como es el caso de México, a través de partidos políticos que comparten sus posturas ideológica y política.
Así, el “pin parental” se trata en realidad de una puesta que vulnera el derecho de la niñez y la adolescencia a la autonomía progresiva, negando el acceso a una educación integral en sexualidad que se constituye precisamente en el respeto a los derechos humanos y a los valores de una sociedad plural y democrática; propuesta que de fondo además pretende anular la diversidad sexo genérica. Lo que se traduce en un atentado a la progresividad y no regresión a los Derechos Humanos.
En este sentido, la iniciativa de reforma resulta anti constitucional debido a que los artículos tercero, cuarto y sexto constitucional velan por la educación sin prejuicios de la niñez; y violatoria de derechos al comprometer el derecho a la educación, a la salud sexual y reproductiva, y a la no discriminación.
De acuerdo con el Colective en Defensa de los Derechos Humanos en NL, si se les niega a los niños y niñas el derecho a informarse y dialogar en un espacio seguro sobre temas de sexualidad y salud reproductiva, las consecuencias a futuro serían: aumento en el número de embarazos adolescentes e infantiles; aumento en el número de violaciones y abuso sexual a menores de edad; aumento en enfermedades de transmisión sexual; aumento en la violencia contra la mujer (feminicidios, abuso sexual y psicológico, acoso y discriminación). De esta manera, el “Pin parental” resulta todavía más peligroso si consideramos que México es el país integrante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con más embarazos adolescentes, además de ocupar el primer lugar en abuso sexual infantil.
En respuesta a esta iniciativa de reforma, surge el colectivo Artículo Tercero, conformado por organizaciones de la sociedad civil, activistas, y defensores de derechos humanos; que buscan defender un país en el que niñas, niños y adolescentes puedan desarrollarse a partir de la educación integral y laica. El colectivo señala que la omisión del Estado para garantizar una educación integral, laica y con perspectiva de derechos humanos es inadmisible. Así mismo, en un comunicado de prensa emitido este 25 de junio, demanda a las y los legisladores en los congresos locales: Desechar las iniciativas del “pin parental” o “derecho preferencial de los padres” presentadas en sus entidades privilegiando los derechos de las niñas, niños y adolescentes y legislar con base en lo que marca nuestra Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
En este marco, durante la conferencia de prensa convocada por Red por los Derechos de la Infancia en México, se reflexionó entorno a la importancia de escuchar a las y los niños y adolescentes, para conocer lo que quieren y necesitan en materia de educación, porque sólo de esa manera se pueden lograr políticas públicas que les representen.
¿La niñez y adolescencia de nuestro país necesita “contraseñas” para poder acceder a una educación integral, plural, laica e igualitaria?
Por nuestra cuenta, toca precisamente vigilar la protección de sus derechos, además de exigir que se les garantice una vida plena y libre. Para lo cual, es preciso ser capaces de identificar y cuestionar las ideologías matrices que operan detrás de algunos partidos políticos que dicen “representarnos”, y que resultan peligrosamente retrógradas.