Las mujeres no sólo son víctimas de acoso, abuso y asesinato; también son violentadas por las instituciones que ignoran sus denuncias y criminalizan sus protestas.
En 2010, Mariana Lima fue asesinada en el Estado de México por su pareja, el policía de investigación Julio César Hernández Ballinas. Desde el principio, la Procuraduría de Justicia local investigó el deceso como suicidio.
Irinea Buendía, madre de la joven que murió de manera violenta con sólo 29 años, luchó durante largos años contra el sistema. A peritos, ministerios públicos, fiscales y abogados les relató una y otra vez los agravios, ofensas verbales y golpes que sufrió su hija. Julio César Hernández llegó al extremo de llamar a Irinea para advertirle: “Voy a matar a tu hija y la voy a tirar en la cisterna”.
Todo fue inútil: los amigos y superiores del homicida fueron determinantes para insistir en la hipótesis del suicidio. Ocultaron pruebas, manipularon evidencias, atentaron contra el prestigio de la víctima con falsas historias de amoríos y alargaron la judicialización del caso, para salvar al asesino de Mariana Lima Buendía.
Un total de 20 Agencias del Ministerio Público investigaron el caso hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que detectó las múltiples irregularidades registradas durante las pesquisas y obligó a las autoridades del Estado de México a investigar la muerte de Mariana como feminicidio.
Este expediente es emblemático. Por primera vez, el más alto Tribunal de Justicia de México reconoció la importancia de la perspectiva de género en el tratamiento e investigación de los asesinatos violentos de las mujeres.
Sin embargo, la muerte de Mariana y la lucha de su madre, Irinea, han sido en vano. La violencia contra las mujeres es un tumor canceroso que se ha diseminado por el cuerpo de una sociedad indiferente al dolor, ansiedad, frustración y coraje que todos los días sufren miles de mujeres en México.
Las encuestas indican que el 20 por ciento de los mexicanos piensa que la violencia contra las mujeres es culpa de ellas mismas y el 17.9 por ciento opina que las mujeres violadas son responsables de la agresión porque “provocan” a los hombres.
México no es un lugar seguro para las mujeres. Sólo en 2019, cinco mil 350 mujeres han sido asesinadas, 14 mil 799 fueron violadas y hay 7 mil 526 desaparecidas. Por cada 100 mujeres, 66 han enfrentado al menos un incidente de violencia emocional, económica, física o sexual. Y en el 42.1 por ciento de los casos, las agresiones se producen en la oficina, la casa y la escuela.
Aunque desde 2011 existen organismos federales, estatales y municipales especializados en feminicidios, los avances son insignificantes porque no hay especialistas ni personal comprometido con la perspectiva de género, son posiciones políticas que sólo están interesadas en promover o proteger la imagen de los gobernantes.
Las familias investigan solas los asesinatos, buscan indicios y testimonios con temor a las represalias, arriesgando su vida. No sólo eso: las autoridades también las culpan de los sucesos de violencia y muerte de los que son víctimas.
La complicidad y corrupción entre policías y fiscales, la indolencia de los gobernantes y la falta de empatía de la sociedad han extendido el contagio: la mayoría de los asesinatos quedan impunes y los criminales no son castigados.
Llegó la hora de pasar de la preocupación a la acción y multiplicar los esfuerzos de gobierno y sociedad, para lograr un México seguro y libre de violencia hacia las mujeres.