La ropa sucia se lava en casa, reza un dicho popular que hoy más que nunca debiera ser utilizado, sobretodo por quienes integran el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Desde las semanas previas a la emisión de la resolución por el caso de la gubernatura del Estado de Puebla, hubo filtraciones de conversaciones vía mensajes telefónicos de varios actores políticos y personal de diversas ponencias de la Sala Superior, en esos intercambios se informaba del sentido de la controvertida resolución que permitió confirmar la elección del 1 de julio pasado.
Sin embargo, esos mensajes permitieron que se conocieran las diferencias entre las magistraturas integrantes, lo malo es que esos desencuentros no tienen su origen propiamente en criterios y análisis profundos en materia de derecho electoral, por el contrario, los disensos son por intereses políticos.
Los dimes y diretes entre dos integrantes de la Sala Superior llegaron hasta las amenazas de sacar a la luz diversa información que dejaría mal parado a más de alguno. Eso indiscutiblemente daña a la institución.
En efecto, las instituciones se conforman con personas, en el caso del Tribunal Electoral como cualquier otro órgano juzgador, debe estar integrado con los mejores perfiles y su llegada al máximo órgano de justicia electoral debería de estar libre de dudas de injerencia de partidos políticos o de gobernantes en funciones, esto es parte del cumplimiento de uno de los principios rectores de la materia electoral: la imparcialidad.
Las sentencias de los tribunales electorales deben reflejar que quienes las emitan sean imparciales, esto es, que no exista un sesgo, ni la mínima duda de que alguna fuerza política interviene o presiona para que el sentido de la resolución beneficie interés alguno. Así mismo debe actuar la autoridad administrativa electoral, es decir el INE o algún OPLE deben de garantizar que sus actos no son en función de generar un trato parcial entre quienes contienden por cargos públicos, o en cualquier determinación respecto de los distintos partidos políticos, dentro o fuera de algún proceso electoral.
Contrario a esto, las manifestaciones de quienes integran la Sala Superior fueron en el sentido de dejar entrever que pudo existir presión respecto de los votos para determinar la confirmación de los resultados electorales, sin mayores argumentaciones de derecho, con esos actos desde el seno del máximo Tribunal Electoral se dañó a la institución y lo peor es que las acusaciones no vinieron de fuera.
Y la reflexión es, ¿por qué los integrantes expusieron así a su institución?, ¿con qué finalidad?, ¿quién ganó y quién perdió?, ¿era verdaderamente necesario salir a lavar la ropa sucia en público?.
La realidad es que días después solo se limitaron a decir que el asunto se había discutido y que ya eran buenos amigos. Irresponsablemente ya le habían pegado a su propio Tribunal, un balazo en el pie como comúnmente se dice.
En el caso, lavar la ropa en casa permitiría dirimir las diferencias en privado y fortalecer al Tribunal Electoral aún y cuando las resoluciones no sean votadas por unanimidad pero si en total armonía y por supuesto con razonamientos y argumentos de derecho.
Los procesos electorales tienen como eslabón último las resoluciones jurisdiccionales que validan la votación y en sí todo el proceso, no es menor que las diferencias que pudieran tener un sesgo político pongan en riesgo la credibilidad del Tribunal Electoral.
La institucionalidad de las personas permite la solidez, no de su trabajo, sino de la propia Institución en la que sirven.