Es bien sabido que cuando cada proceso electoral federal concluye, arranca la presentación de iniciativas político electorales que pretenden dotar de mayores mecanismos que garanticen elecciones más confiables.
Derivado de reformas como la que se vislumbra, en la historia electoral de nuestro país se han creado las instituciones electorales que conocemos y se le ha dado forma a la organización de los procesos electorales y definición a los eventos posteriores a la jornada electoral, como son los cómputos distritales y la validez de las elecciones.
Las reformas electorales se han generado a raíz de procesos electivos complicados y en algunos casos muy cuestionados, con ello, en su momento se dio forma a un instituto cuya función exclusiva ha sido la organización de cada elección, el cual a partir de 2014 se ha nacionalizado.
También se ha dado forma a los mecanismos de defensa de los derechos político electorales, así como a la defensa de la legalidad de todos los actos de las autoridades electorales y de quienes participan en las elecciones, la protección al sufragio y los resultados de la votación, todo ello a través de un tribunal especializado en la materia electoral y con un sistema de medios de impugnación que permiten el acercamiento a la justicia.
Esto ha venido sucediendo con mayor fuerza desde 1986, y se fueron consolidando los sistemas de partidos, así como de especialización y atribuciones de las autoridades administrativa y jurisdiccionales en materia electoral.
Los resultados electorales de 1988 desencadenaron la exigencia de la oposición por arrancar de las manos del gobierno la organización de las elecciones, entonces vieron la luz un Instituto Federal Electoral, pero aún presidido por el secretario de Gobernación y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, las reglas del uso de recursos públicos, del acceso a medios de comunicación para los partidos políticos y sus candidaturas se fue definiendo, así como distintas medidas para los tiempos de campañas.
A partir de la reforma electoral de 1990 tenemos un esquema de fiscalización de los recursos públicos de los partidos, así como la rendición de cuentas respecto de sus ingresos y egresos, el registro federal de electores y la credencial para votar con fotografía. También hubo un gran cambio con el nacimiento del Tribunal Federal Electoral, su competencia dejó de ser administrativa y se convirtió en jurisdiccional, creando un sistema de justicia electoral.
Para 1994 se constituye el Instituto Federal Electoral totalmente ciudadanizado, de ahí hasta la fecha, salvo como ya se mencionó, con el cambio de nombre debido a su nacionalización. Y es con esta reforma que desaparece la autocalificación legislativa de las elecciones, permaneciendo dentro de las atribuciones del Poder Legislativo el de calificar la elección presidencial.
Es con la reforma de 1996 que se consolidan formalmente las instituciones electorales, tanto la administrativa como la jurisdiccional, sus atribuciones se redefinen, reforzando la autonomía de las instituciones, dejan de ser consejeros ciudadanos para convertirse en consejeros electorales, el Tribunal Electoral pasa a ser parte del Poder Judicial de la Federación como un órgano especializado y la calificación electoral es totalmente jurisdiccional incluyendo la elección de Presidente de la República.
Las reformas siguientes, en 2002 fue con la finalidad de establecer las cuotas de género, el 70-30 por ciento de entre los géneros. En 2005 se estableció formalmente el voto de los mexicanos en el extranjero.
Es hasta 2014 que existió una reforma electoral sustancial. Se nacionaliza al arbitro electoral, se determinan modificaciones para el nombramientos de consejeros y magistrados en las entidades, la coalición electoral y de gobierno, el modelo de comunicación política, la fiscalización, casilla única, capacitación electoral, educación cívica, en fin, en todos los rubros hubo modificaciones. En lo jurisdiccional se crea la sala especializada para asuntos exclusivos de procedimientos especial sancionador.
Para 2018, después de los resultados electorales, la reforma electoral se antoja que concluya con la nacionalización de las autoridades locales. Por lo pronto, las iniciativas en ambas cámaras del Congreso de la Unión, van encaminadas a: tipificar el delito de violencia de género en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la revocación de Presidencia de la República, Gubernaturas, Diputaciones y Presidencias Municipales; paridad de género en todos los cargos de elección popular y en los órganos directivos de los partidos políticos, modificar la fórmula para la asignación de financiamiento a los partidos políticos, cuotas para la postulación de candidaturas a personas con discapacidad, prohibición de colocación de propaganda electoral en transporte público. Establecer como causal de nulidad de una elección la violencia política de género.