México no es “un panteón” ni “una fosa común” ni “una narcofosa”, que no son más que frase que buscan ganar columnas en el periódico y espacios en otros medios de comunicación, y no precisamente de las víctimas reales, sino de muchos que medran con la tristeza y la desesperación en la búsqueda de justicia. Lo que México es, sin duda alguna, un país donde impera la impunidad.
En México los muertos, los asesinados, aparecen por dondequiera: en las calles, a la vera de los caminos, en las cunetas de las carreteras, en los bajo puentes, en los sembradíos, en las riveras, en los cerros, en los centros comerciales, en las casas, en las unidades habitacionales… y sus homicidios no son investigados, esclarecidos y castigados sus autores, es decir quedan impunes.
Hoy, los cementerios públicos o privados son literalmente lugares de descanso seguro para los muertos por violencia que consiguen llegar a ellos y para sus familiares. Todos los mexicanos, más allá de nuestros méritos, merecemos un sepulcro digno; el de honor se los dejamos a los héroes.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante 2017 hubo 31 mil 174 mexicanos muertos por homicido, 25 por cada 100 mil habitantes y el 2018 romperá fácilmente ese récord. Hace poco más de diez años, en 2007, la cifra era de ocho mil 867 mexicanos muertos violentamente.
Según las leyes mexicanas (si al escribidor no le fallan sus clases preparatorianas de derecho), el homicidio se persigue de oficio a través del Ministerio Público, institución que representa a la sociedad agraviada. En otras palabras, cualquier muerte no natural ocurrida en territorio mexicano es obligación investigarla con el objeto de descartar delito o, en su caso, castigar a sus autores.
Todos los muertos por violencia (del crimen organizado, de las mafias del narcotráfico y del robo de combustibles, pero también productos de la pasión, del alcohol y las drogas, del robo, del secuestro, de la extorsión, de los accidentes vehiculares, de los celos, de las herencias mal resueltas, del odio, de la envidia, de la violencia política, de las revanchas, de las rencillas familiares, de las fobias de género… vamos, del error) tienen el derecho de que su muerte se investigue y, si es el caso, sus asesinos sean penalizados. Eso dice la ley.
Bien, de acuerdo con el mismo Inegi, en el 2015 (la cifra es la última encontrada por el escribidor) en México había 9,247 agentes del Ministerio Público. Si usted quiere sume mil más y tendrá que para el 2017 a cada agente del Ministerio Público le tocaron, en promedio, investigar tres homicidios, sin contar claro está todos los demás delitos que por ley o por denuncia de parte deben investigar. Peor aún, ese año había en México apenas mil 128 médicos forenses y sólo 463 químicos forenses en el país. Los peritos forenses, no sobra decirlo, deben hacer dictámenes mucho más allá de que los los homicidios sean dolosos o no. Un peritaje forense puede determinar, por ejemplo, si el delito es perseguible o no.
Bueno, ahora imagine usted los servicios médicos forenses de cualquier parte del país. No piense la Ciudad de México, ni en Guadalajara ni en Monterrey, ni en Tijuana, Puebla, León o Toluca, Nacucalpan, Puebla, Culiacán o Veracruz… que tampoco tienen capacidad instalada.
Piense en cualquier otra ciudad media o, peor aún, en cualquier pueblo. ¿Cuántas “planchas” –ni modo, así se le llama en esos pueblos– tienen para recibir cadáveres producto de cualquier tipo de violencia o de muerte no considerada natural y los ministerios públicos y los miembros de los servicios periciales y forenses están obligados a investigar? Y el año pasado, ya se dijo, fueron más de 31 mil y este año serán más. ¿Cuántas gavetas forenses refrigeradas existen en México? El escribidor confiesa que no encontró el dato.
Las leyes mexicanas sobre los homicidios imponen conductas y protocolos a esos servidores públicos. Primero hay que investigar los hechos, determinar si hubo o no delito o delitos; perseguir y luego castigar a los responsables y, para investigar, es necesario contar con el cadáver como… (perdón por la expresión) cuerpo del delito. No se le debe inhumar de inmediato la mayoría de las veces, hay que preservarlo, investigarlo y dictaminarlo. La autopsia es apenas el primer paso. Y en el 2017 debieron ser por lo menos más de 31 mil autopsias.
En México, muy difícilmente en el mundo (ese tamaño es el problema), hay servicios médicos forentes que tengan capacidad para recibir tal número de cadáveres que son el inicio de investigaciones policiaca-judiciales. Tampoco existe el personal necesario para ellas.
Así que en Jalisco, no es el primer caso ni el único en el país, a un funcionario público, a un burócrata o como quiera llamársele, consciente de de sus obligaciones buscó y se le ocurrió lo que consideró una manera de cumplir con la ley, sin inhumar, destruir, incinerar o mandar a la fosa común a los muertos por homicidio en aquella región: utilizar cajas refrigeradas de tráileres para preservar los cuerpos del delito, es decir los cadáveres, que como usted sabe son productos perecederos, que se descomponen fácil y rápidamente.
Descubiertas las cajas de los tráileres vino el escándalo y el rasgamiento de vestiduras, y ese funcionario fue cesado fulminantemente por el gobernador del estado. ¡Muy bien!, dirán las buenas conciencias.
Hoy, ¿dónde están esos cadáveres? ¿El Servicio Médico Forense de Guadalajara o de Jalisco o de al menos otras seis ciudades en el país que han recurrido al mismo artilugio cuentan ya con con las suficientes gavetas regrigeradas para dar cabida a esos cadáveres ambulantes?
Este escribidor, a riesgo de la maledicencia, cree y propone que a los servidores públicos que buscaron la manera de preservar esos cadáveres por obligación legal en los “tráileres de la muerte”, según se les llama ahora en los medios de comunicación y en las redes sociales, se les haga un reconocimiento y hasta un busto o una estatua por intentar cumplir con la ley y respetar los despojos de seres humanos. Quizás sean de los que merecen –en su momento– un sepulcro de honor, sólo por haber intentado cumplir con sus obligaciones legales.