México. El presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, presentó una iniciativa que busca impulsar a la educación superior como un mecanismo para fomentar el desarrollo económico, disminuir las desigualdades y la violencia.
Propuso reformar el artículo 3 de la Constitución, a fin de que el Estado –Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios–, tenga la obligación de impartir, además de la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior, la educación superior.
Afirmó que, “para desarrollarse como una potencia, México debe expandir su sistema de educación superior”. En este sentido, celebró el anunció del nuevo gobierno para construir cien nuevas universidades y apoyar a las instituciones de educación superior existentes.
El senador Batres argumentó que la cobertura de este nivel de enseñanza en nuestro país es la más rezagada de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La cobertura en Estados Unidos de la educación superior, refirió, rebasa el 82 por ciento, en España llega a 69 por ciento, en Argentina a 67 por ciento, en Uruguay a 65 por ciento, en Canadá a 62 por ciento y en Chile a 52 por ciento.
Pero en México, la cobertura llega a sólo 37 por ciento y eso explica muchos de los problemas que se padecen en nuestro territorio nacional: faltan cuadros profesionales y técnicos; muchos jóvenes que carecen de empleo y escuela son atrapados por los procesos de descomposición social y por las redes delincuenciales.
“Los jóvenes en las cárceles en el país constituyen el 70 por ciento de la población penitenciaria. Pensamos nosotros que los jóvenes deben estar en las aulas y no en las jaulas”, expresó.
Los trabajadores con títulos universitarios, agregó, ganan el doble de sueldo que aquellos que sólo cuentan con bachillerato, sin embargo, en 2016, sólo el 17 por ciento de los jóvenes de en México había cursado la educación superior.
La iniciativa, que recibió el respaldo de más de 30 senadores de los diferentes Grupos Parlamentarios, se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Estudios Legislativos.