Discursos contradictorios. Para el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, en el sexenio por concluir, se forjaron instituciones sólidas que permiten entregar “un país en paz, en orden”. Con horas de diferencia, el saliente Enrique Peña Nieto, reconoció que la política de seguridad no fue “suficientemente acertada”; hay pendientes porque las estrategias no dieron los resultados para que el país “alcance condiciones de plena paz y de plena tranquilidad”. El responsable de la política interior y el presidente todavía en funciones no batean con los mismos elementos discursivos, no hay estrategia de comunicación, es evidente. El diputado Mario Delgado, tiene razón, las personas están cansadas de las extorsiones y el dolor por sus desaparecidos.
Está es una crisis de derechos humanos sin precedente. Es verdad.
Hay que decirlo con todas sus letras, los mexicanos vivimos una crisis brutal en materia de seguridad pública con una creciente espiral de violencia que cada día supera nuestra capacidad de asombro. Espiral violenta en la cual participan bandas criminales, pero también lo hacen las autoridades, y lo hacen por omisión, colusión, aquiescencia o complicidad. Cualquiera de estas circunstancias es igual de grave porque son las personas a las que debiesen proteger las que se encuentran en indefensión. Los salientes, justifican su inacción; los entrantes se colocan del lado de los dolientes, pero ello no basta en tanto sigan en suspenso soluciones necesarias, urgentes y humanitarias.
Los foros de pacificación con todo su dramatismo y cargas de catarsis para tirios y troyanos, serán insuficientes si a su narrativa no se suman estrategias para que el gobierno que inicia el 1 de diciembre garantice que habrá para las víctimas: verdad histórica, justicia y no repetición.
En días pasados, una integrante del Colectivo Desaparecidos de Córdoba –Orizaba, Veracruz me invitó a asistir a una jornada de oración a seis años de la desaparición de su hija, la joven Fernanda Rubí, a quién busca“en vida, muerte y fosas clandestinas”. Las mujeres, las familias enteras, que sobreviven la ausencia de sus seres queridos, y que también son víctimas indirectas, tienen derecho a saber la verdad, qué ocurrió, cómo, dónde están, a sepultar de acuerdo a sus costumbres; a acceder a la justicia y que estos hechos no se repitan.
En estos foros que arrancaron en agosto y concluirán en octubre, asisten futuros funcionarios, defensores de derechos humanos, sobrevivientes, víctimas. La apuesta es pacificar y ordenar territorios, reconciliar el tejido social descompuesto.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará más de 60 mil desaparecidos. La Secretaría de Gobernación al concluir Felipe Calderón, reconoció 26 mil 121 casos de “personas no localizadas”. Casos que se suman a los más de 32 mil del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el último reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Habrá quienes digan que este sexenio son 35 mil. Y los registros eufemísticamente e indistintamente en juegos de palaras les denominan: personas no localizadas, extraviadas o desaparecidas. El asunto es que en 12 años, con carpeta de investigación habría 60 mil casos de personas desaparecidas, 60 mil víctimas directas, y un número muy superior e indeterminado de víctimas indirectas…
La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvo por saldo más de 120 mil muertes violentas. En sus primeros cinco años, en el gobierno de Enrique Peña Nieto habría registrado más de 114 mil asesinatos; al menos 25 mil de estos en 2017, considerado el año más violento. En el primer bimestre de 2018, sumaban cinco mil más. En 12 años, con carpetas iniciadas, se habrían registrado más de 239 mil homicidios… La cifra negra, es incierta, como lo es también el número de huérfanos, viudas, padres y madres que han perdido a sus personas más cercanas.
Es un hecho que para el nuevo gobierno, es todo un reto… Que para todos los afectados, todos los temas son prioritarios: educación, salud, vivienda, seguridad pública, alimentación, combate a la pobreza, medio ambiente, alto a la corrupción e impunidad, justicia pronta y expedita… Cada uno de los temas que nos planteamos en el día a día, requieren atención inmediata, estrategia y recursos públicos.
Y la estrategia de seguridad, reconciliación y pacificación exige un tratamiento holístico, multisectorial.
Familiares de personas desaparecidas, comentan que si el nuevo gobierno quiere perdonar, en algunos casos estarían dispuestos: ¡Qué haga lo que quiera! Pero queremos saber dónde están nuestros desaparecidos, aun si están en fosas clandestinas. Otros más radicales reiteran: Ni perdón ni olvido. Pero una expresión unifica a todas las familias: Te buscaré hasta encontrarte.