Sistemas transversales con la población.
Iniciamos el segundo semestre del año, con las 32 entidades federativas con su Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes instalado. Estos sistemas son, junto con las procuradurías enfocadas a la población infantil, los brazos operativos de la Ley General de Derechos. El sistema es la instancia encargada de garantizar la transversalidad en los instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones.
Están pensados como espacios para articular los esfuerzos de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil, para generar mecanismos que garanticen la participación directa y efectiva de niñas, niños y adolescentes en los asuntos públicos y para llevar a cabo procesos sistemáticos y continuos de formación y sensibilización sobre el conocimiento y respeto de los derechos de esta población.
Hoy en el país, reflejo de su diversidad, están constituidos sistemas que apuestan de diferente manera a su operatividad –algunos con su secretaría ejecutiva vinculada a los DIF y otros a secretarias estatales, particularmente a la de gobierno– lo que es un hecho es que no hay modelo y no hay recetas. A partir de ahora comenzará a acumularse la experiencia, sobre qué fórmulas son las que arrojan mejores resultados. Lo que sin duda estará vinculado a la fuerza de una coordinación basada en una apuesta política y presupuestal por las personas menores de 18 años.
A partir de ahora, pasado el formalismo de las instalaciones, se tendrá que pasar de la foto al fondo. Un gran reto si consideramos que buena parte de ellos se crearon sin trabajo previo. Sistemas, como el de la Ciudad de México, el penúltimo en instalarse hacia finales de junio, son la excepción, ya que en este caso le antecedió la instalación con un semestre de antelación de seis mesas de trabajo con la participación de los tres poderes de gobierno y la sociedad civil. Lo que permitió que se cuente con avances sustantivos en los arreglos y compromisos institucionales, y la armonización legislativa.
La importancia de tener sistemas más allá de la formalidad, vivos y activos, es muy relevante, considerando los pendientes que nos arroja, que el 53% de las personas menores de edad, son pobres. Adicionalmente tenemos una agenda de transición, en donde hay que lidiar con problemas tradicionales como la desnutrición y la mortalidad por causas previsibles, con otros del nuevo milenio como la obesidad infantil y la mortalidad por violencias sociales. Y finalmente una agenda emergente de procesos de exclusión, maternidad adolescente, conductas de riesgo adictivo, falta de espacios seguros, ausencia de adultos educadores, y de situaciones altamente violatorias como son la trata con fines de explotación sexual y laboral.
Ante lo anterior, los Sistemas nos comprometen a la coordinación para la acción, a una mirada articulada de esfuerzos para la protección de los derechos de la infancia. Nos comprometen, parafraseando a Rosa Montero, a “generar palabras cálidas” que abracen a las niñas excluidas; palabras poderosas, capaces de entrar en la dinámica familiar para rescatar a los niños maltratados; palabras mediadoras que ayuden a las niñas a una mejor convivencia escolar con sus pares; palabras blindadas que protejan a nuestros adolescentes de la violencia, las adicciones, los embarazos tempranos; palabras educativas, que les enseñan sus derechos y cómo defenderlos; palabras de esperanza por su presente y su futuro. Palabras, de esas buenas palabras que hay muchas en nuestras leyes general y locales de derechos de niñas, niños y adolescentes. Que requieren que en nuestros dichos y en nuestros hechos las sostengamos y las pronunciemos alto.
Porque Sistema se debe escribir con S de Sinergia y no con S de Simulación.
Nashieli Ramírez
Directora de Ririki Intervención Social. Experta en infancia y adolescencia, y sus derechos.