La máxima autoridad electoral del país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó anular disposiciones que el Instituto Nacional Electoral implementaría para dar a conocer los resultados de la elección presidencial de julio.
El operativo planteado por el INE, y desechado por el TEPJF, pretendía dar a conocer a un ganador a la presidencia a buena hora del domingo. Eso no sucederá.
Los magistrados electorales, ellos que conocen del derecho, argumentan que la opción propuesta por el INE violentaba los principios de reserva de ley, certeza y seguridad jurídica. Los consejeros electorales advierten que la determinación judicial provocará incertidumbre en los resultados.
Ni el INE ni el TEPJF pensaron en las repercusiones de sus decisiones. Si desde Viaducto Tlalpan tenían la intención de realizar un operativo para garantizar la certeza y la confianza en el proceso electoral y dar a conocer los resultados electorales a buena hora, por qué no consultar con los magistrados la viabilidad jurídica de lo que estaban pensando.
Y los magistrados deberían ser facilitadores de la operación electoral del INE y, con su facultad de interpretación constitucional de la ley, guiar a los consejeros para ajustar sus operativos a la norma.
¡Les vale!
Estas dos instituciones fueron objeto de la confianza de los ciudadanos. El IFE, hoy INE, organizó una elección ciudadana en la que el resultado fue aceptado por los contendientes y los sufragantes.
El Tribunal se ganó la confianza cuando anuló las elecciones de Tabasco y Colima, a finales del siglo pasado, por la injerencia de los gobiernos locales en el desarrollo del proceso electoral.
Pero llegó el 2006 y el prestigio de ambas instituciones se fue al caño.
El INE estaba en manos de los partidos políticos y se había acabado la etapa de la “ciudadanización” electoral. Quienes eran consejeros o no pudieron o no quisieron aplicar la ley para poner un alto a la guerra sucia y la intervención ilegal de la Iniciativa Privada y del gobierno federal en la elección.
Y los entonces magistrados decidieron “enunciar” que la participación del entonces presidente de México sólo “había puesto en riesgo la elección con su activismo”. La de 2006 era una elección que debió anularse.
Después de eso, ninguna de estas instituciones tiene la confianza ni de ciudadanos, ni de partidos, aunque éstos últimos avalarán las determinaciones si les favorecen.
En tiempos de posverdad y Fake News, el resultado electoral favorecerá a quien cante primero la victoria. El INE y el TEPJF hicieron lo imposible: llevarnos a un ambiente más enrarecido que el que vivimos en el 2006.
La Letrina: Durante décadas, los candidatos priistas a cualquier cargo de elección popular se negaron a debatir y contrastar ideas con sus oponentes. Decían, ufanos, que quien pide debate es porque lo necesita. Hoy el PRI podría impugnar la decisión del INE de prohibir los debates en el mes y medio de inter campaña. ¿Quién quiere debatir hoy?
