Por. Ana Gabriela Núñez Pérez*
…Existe el riesgo real de que un rediseño impuesto por los tribunales se traduzca en una capa de ajustes cosméticos que deje intacto el mecanismo de fondo. El fin del scroll infinito podría ser, entonces, menos un cambio de paradigma que un cambio de apariencia. Sostener esta duda no es escepticismo por deporte, es la condición para no confundir un titular con una transformación.
El frente europeo: el laboratorio regulatorio
Si en Estados Unidos el cambio llega por la vía lenta y fragmentada del litigio, caso por caso y jurado por jurado, en Europa avanza por la vía de la norma general, y eso lo convierte en el laboratorio más avanzado para observar hacia dónde podría ir el mundo. El 10 de julio de 2026, la Comisión Europea anunció una conclusión preliminar de enorme calado: el diseño de Facebook e Instagram podría infringir la Ley de Servicios Digitales, la DSA aprobada en 2022. Lo notable es en qué se fijó la Comisión. No en un contenido ilícito ni en un discurso de odio, sino en cuatro elementos de diseño perfectamente identificables: el scroll infinito, la reproducción automática de videos, las notificaciones push y los sistemas de recomendación hiperpersonalizados. El argumento de Bruselas es que estas funciones empujan al usuario a consumir de manera casi automática, sin pausas ni decisiones conscientes, y que Meta disponía de información sobre el uso nocturno de los menores y sobre el potencial de sobreconsumo de formatos como los reels sin haber actuado en consecuencia. Es, trasladada al lenguaje regulatorio, exactamente la misma tesis que sostienen los fiscales estadounidenses: el problema es el diseño.
Ese marco no se queda en la advertencia. La Comisión ya ha mostrado que sus conclusiones preliminares pueden derivar en sanciones efectivas, con multas recientes a otras plataformas por incumplimientos de la misma normativa, señal de que Bruselas está dispuesta a ejecutar y no solo a amonestar. Y en el horizonte se perfila un paso más ambicioso, la llamada Ley de Equidad Digital, prevista para finales de 2026, que buscaría prohibir de forma explícita técnicas como el scroll infinito o el autoplay por defecto, con atención especial a los menores de edad. Si esa norma prospera, el rediseño dejaría de depender de que un tribunal lo imponga como remedio y pasaría a ser una obligación legal previa, aplicable a toda la industria y no solo a la empresa que perdió un juicio. Europa estaría convirtiendo en regla general lo que en Estados Unidos se litiga como excepción, y esa distancia anticipa la pregunta que le toca a México: ¿esperar a que los daños se acumulen y se prueben caso por caso, o legislar el diseño antes de que el daño ocurra?
Apuntes para la regulación en México
México llega a esta discusión más tarde que Europa, pero no necesariamente tarde. El 3 de agosto de 2026, el gobierno federal abrió el debate desde la conferencia matutina y anunció que a finales de ese mes presentaría una propuesta para regular las plataformas digitales y el uso de teléfonos celulares en las escuelas. El encuadre elegido es significativo y, a mi juicio, correcto: la presidenta Claudia Sheinbaum planteó el asunto como un problema de salud pública y marcó una distancia deliberada respecto de la postura estadounidense, más favorable a las tecnológicas. A las mesas fueron convidados dos voces de peso, el psicólogo social Jonathan Haidt, autor de The Anxious Generation, el libro que ha articulado buena parte de la evidencia sobre el deterioro de la salud mental juvenil en la era de los teléfonos inteligentes, y Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Facebook convertido en denunciante, quien enumeró los que llamó los seis ingredientes del uso compulsivo: scroll infinito, reproducción automática, contadores de popularidad, notificaciones constantes, mecanismos de comparación social y recomendación algorítmica. Béjar añadió una analogía que ordena el debate: cuando una compañía, como en su momento la del tabaco o la del alcohol, conoce los daños de su producto, los niega y afirma que es seguro, corresponde al Estado la responsabilidad de proteger.
Esa es la premisa desde la cual conviene pensar la regulación mexicana, y desde la cual me permito proponer, más que describir, los principios que debería contener para no quedarse a medio camino. El primero es la seguridad desde el diseño como estándar exigible, no voluntario. La evidencia acumulada, tanto la académica como la judicial, es concluyente en un punto: los mecanismos voluntarios de seguridad, los controles parentales y las verificaciones de edad opcionales, resultan insuficientes frente a modelos de negocio que premian la captura prolongada de la atención. Una regulación seria no puede limitarse a sugerir buenas prácticas; debe imponer que la configuración por defecto, sobre todo para menores, esté orientada a protegerlos, con el desplazamiento no automático y el autoplay desactivado como punto de partida y no como concesión. Se trata, en el lenguaje de la economía del comportamiento, de cambiar el default del entorno digital.
El segundo principio es la transparencia algorítmica auditable. Y aquí es indispensable ser preciso para no caer en una exigencia ingenua: transparencia no significa obligar a las plataformas a publicar el código de sus algoritmos, algo que sería inútil e inaplicable, sino obligarlas a explicar y a permitir que una autoridad audite qué está optimizando el sistema, con qué señales y con qué efectos sobre los usuarios, en particular sobre los menores. Sin capacidad de auditoría, cualquier regulación se vuelve un acto de fe en la palabra de la empresa. El tercer principio es la verificación de edad efectiva, que sustituya la casilla de autodeclaración que hoy cualquier niño palomea por mecanismos que realmente distingan a un menor de un adulto, con el cuidado de no convertir esa verificación en una nueva forma de vigilancia masiva. A estos tres pilares conviene sumar dos discusiones que México no puede posponer, la edad de consentimiento digital y las reglas para la publicidad dirigida a menores.
Pero la propuesta más ambiciosa tropieza con un obstáculo institucional que es preciso nombrar, porque de él depende que todo lo anterior sea algo más que una declaración de intenciones. La regulación del diseño requiere un árbitro técnico con capacidad de auditar sistemas algorítmicos, y México desmanteló, con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, justamente a la instancia que medía y documentaba este fenómeno. Los datos que hoy sostienen el debate, como la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales de 2023, según la cual el 68% de las niñas, niños y adolescentes consume contenidos audiovisuales por internet y plataformas digitales, provienen de ese instituto ahora extinto. Tenemos, por así decirlo, la fotografía del problema, pero debilitamos la cámara que la tomaba. Legislar la protección de la infancia digital sin reconstruir esa capacidad técnica de vigilancia y auditoría sería como aprobar reglas de tránsito sin tener quién ponga las multas ni quién mida la velocidad. Ese es el primer riesgo que la propuesta gubernamental deberá sortear.
El segundo riesgo es más de fondo y tiene que ver con el alcance. Existe la tentación, comprensible por su visibilidad política, de concentrar la regulación en el síntoma más aparente, el celular en la escuela, y dejar intacto el mecanismo que produce el daño, el diseño de las plataformas. Restringir el uso de teléfonos durante la jornada escolar puede ser una medida razonable, e incluso cuenta con amplio respaldo de madres y padres, pero si la regulación se agota ahí habrá tratado la superficie y no la estructura. El adolescente que no usa el teléfono de ocho a dos de la tarde vuelve a un feed diseñado exactamente igual a las tres. La verdadera prueba de la propuesta mexicana no será cuántos celulares apaga en las aulas, sino si se atreve a tocar la arquitectura del producto, que es donde Estados Unidos y Europa ya pusieron el foco. Regular el síntoma es sencillo y vistoso; regular el diseño es difícil y decisivo. La diferencia entre ambas cosas separará la política pública de la mera señal política.
El final que todavía no llega
Vuelvo, para cerrar, a la escena del principio, esa aplicación que no se mueve sola. Después de recorrer los tribunales de California y Nuevo México, la investigación de Bruselas y el debate que se abre en Palacio Nacional, la escena se ve menos improbable que al inicio, pero sigue sin ser un hecho consumado. Lo que estos frentes tienen en común no es una certeza sino una pregunta, la misma que atraviesa todo este texto: quién decide el ritmo, la empresa o el usuario. Durante quince años la respuesta estuvo delegada, sin que nadie la votara, en un algoritmo optimizado para que nunca dejáramos de deslizar el dedo. Lo que hoy se disputa, en el fondo, es la posibilidad de recuperar esa decisión.
No sé, y sería deshonesto afirmar lo contrario, si 2026 será recordado como el año en que empezó a apagarse el scroll infinito o como uno más en que la industria aprendió a cambiar de forma para no cambiar de fondo. Las dos historias siguen abiertas y se escribirán, en buena medida, en los próximos meses. Lo que sí me parece claro es que la pregunta ha cambiado de naturaleza. Ya no consiste en saber si debemos adaptarnos a la hiperconectividad, como si fuera un clima inevitable, sino en definir bajo qué principios, y decididos por quién, se diseñará el entorno en el que crece una generación entera. Responder que ese diseño es neutral, o que corresponde exclusivamente a las empresas que lucran con él, ya no es una postura técnica. Es, como he sostenido antes, una forma de omisión. Y la novedad de este momento es que la omisión empezó a tener consecuencias.
*Ana Gabriela Núñez Pérez es colaboradora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey.
