Por. Saraí Aguilar*
X: @saraiarriozola
“A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”, reza el viejo adagio popular que retrata con brutal exactitud nuestra realidad política. En el México de hoy, esa máxima se ha perfeccionado hasta convertirse en un sofisticado sistema de justicia selectiva donde los expedientes no se abren para buscar la verdad, sino para calcular el costo de la gobernabilidad. Funciona como un traje a la medida donde la ley se aplica con rigor implacable contra el ciudadano de a pie o a opositores pero se vuelve una sugerencia elástica —llena de amparos, plazos infinitos y carpetas congeladas por la fiscal Ernestina Godoy— cuando los reflectores apuntan a las altas esferas del poder que son de la misma bancada. Ejemplo reciente el del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya o el senador Enrique Izunza.
En el caso específico de Inzunza resulta vergonzoso, pues al menos a Rocha lo mandaron a la congeladora; no fue el caso del senador quien se encuentra activo en la Cámara alta. Su paso del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa y la Secretaría General de Gobierno, hasta el escaño federal no solo ilustra la fragilidad de convicciones de la clase política, sino la forma en que los operadores señalados buscan refugio. Cuando el peso de las acusaciones —que van desde presuntos nexos con redes de criminalidad hasta denuncias formales por acoso, hostigamiento sexual y abuso de poder interpuestas por la jueza Ana Karina Aragón— se vuelve insostenible, la salida clásica es el chapulineo legislativo. El romper con la bancada oficialista, colgarse la etiqueta de independiente y buscar en el fuero un salvavidas de supervivencia.
No obstante, lo verdaderamente alarmante de este andamiaje es cómo se jerarquizan los delitos en función de la conveniencia del Estado. En el caso de Inzunza, como en tantos otros, los señalamientos de alto impacto político y seguridad nacional acaparan los reflectores, relegando sistemáticamente a las denuncias por violencia de género a un indiscutible segundo plano. Es ahí donde opera el mecanismo más perverso del sistema: las agresiones contra las mujeres se minimizan, se desestiman o se convierten en moneda de cambio temporal entre bandos, tratándolas como meros “daños colaterales” de la estabilidad política.
El mensaje que se manda desde las cúpulas es cínico e inaceptable: hay faltas que escandalizan porque erosionan la red de complicidades del régimen, y hay violaciones a los derechos de las mujeres que se pueden sacrificar tranquilamente en el altar del pragmatismo electoral. Mientras las instituciones sigan operando como un seguro de vida y los expedientes de acoso sigan acumulando polvo en el archivo muerto, seguiremos confirmando que, para el poder, la justicia plena nunca ha sido un derecho universal, sino un privilegio de los intocables.
*Doctora en Educación. Máster en Artes. Especialista en Cultura con Perspectiva de Género
