Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
La víctima fue Edith pero la protegida fue Bertha. Esto aplicó en el caso del feminicidio de Edith Guadalupe, el cual estuvo plagado de irregularidades admitidas por la misma titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.
La funcionaria reconoció que omisiones de servidores públicos retrasaron 15 horas la búsqueda de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, localizada sin vida el pasado 17 de abril en un inmueble de la colonia Nonoalco, en la alcaldía Benito Juárez.
No obstante, en las declaraciones de otros funcionarios públicos, incluso de la misma presidenta, las palabras de apoyo y el respaldo al trabajo de la Fiscalía y su titular no se dejaron esperar.
Prueba de ello es que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, declaró públicamente su apoyo a la Fiscalía y aseguró que el caso se investigaría “con todo el rigor”, respaldando las acciones llevadas a cabo por dicha institución.
Y como si ese apoyo no fuese suficiente, la presidenta Claudia Sheinbaum también se posicionó sobre el caso. Señaló que se trataba de un hecho “lamentable” y afirmó que debían investigarse las irregularidades denunciadas por la familia, al tiempo que reiteró que las autoridades capitalinas estaban actuando para esclarecer los hechos.
Entonces, así la solidaridad y el apoyo incondicional hacia los familiares de la victima y la búsqueda de justicia, comenzó a diluirse. Pues la narrativa oficialista dirigió sus esfuerzos en defender la actuación de la fiscalía, o mejor dicho, a la titular de la dependencia, de tal manera que el interés primordial se desplazó a legitimar a Alcalde mientras filtraciones de la propia fiscalía buscaban revictimizar a la víctima.
Pero este evento no es un caso aislado sino un patrón de la narrativa con la violencia feminicida en el país. Entre cada caso que pueda amenazar o dañar su imagen o poner en riesgo votos, las instituciones y funcionarios –sin importar si llegaron a la silla con la bandera feminista–, cierran filas en torno a los propios, buscando contener un desgaste político sin importar que la verdadera víctima alcance justicia.
Se puede recordar el caso de Ariadna Fernanda López en 2022. La Fiscalía de Morelos sostuvo inicialmente que la joven había muerto por una intoxicación alcohólica; la Fiscalía de la Ciudad de México contradijo esa versión y afirmó que se trataba de un feminicidio. El caso se convirtió entonces en un pleito entre instituciones, donde la primera reacción oficial fue percibida como un intento de cerrar el caso rápidamente para evitar responsabilidades.
Y así es como la búsqueda de justicia queda relegada a segundo plano y a expensas de intereses de los propios funcionarios o del partido en el poder. De tal manera que las víctimas de feminicidio deberán cuidar antes de ser ultimadas si su crimen no afectará a algún funcionario, para que en caso de que ello ocurra, dejar un deslinde de responsabilidades que no las afecte mediáticamente. De buenas que Bertha Alcalde sí quedo protegida.
