Por. Fernando Coca
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Este tema es, por demás, escabroso, denso y de una importancia vital para la vida democrática de México.
¿En qué consiste hoy la fiscalización de ingresos y gastos de los partidos, y sus candidatos, en tiempos de campañas electorales y preeectorales?
Bien, el INE tiene un proceso de carácter obligatorio y permanente, además de detallado, para que los institutos políticos y sus candidatos reporten cada peso que ingresa a sus tesorerías en los procesos electorales y preelectorales. Esta actividad de reportar ingresos y egresos tiene sustento en la Constitución y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y la Ley General de Partidos Políticos (LGPP).
Consiste en que cada partido, coalición, candidatos y precandidatos deben registrar en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) todos sus gastos e ingresos. Y los deben realizar en tiempo real.
Cada operación efectuada en el SIF debe incluir comprobantes digitales como contratos, facturas y estados de cuenta. Esto le permite al INE tener un monitoreo constante de cada transacción que realizan partidos, candidatos y precandidatos.
Para comprobar que los documentos que han sido presentados por los sujetos obligados, el INE cuenta con acceso a la información bancaria (cuentas oficiales de cada uno de los sujetos obligados); a las facturas del SAT y los comprobantes fiscales digitales (CFDI); reportes de cada proveedor y contratistas; monitoreo de radio y televisión, vía pública e internet, además de denuncias ciudadanas o de los opositores de cada partido.
La fiscalización se realiza en varias etapas: la primera es el registro y el reporte, que inicia cuando los sujetos obligados ingresan la información al SIF en los plazos marcados por la ley, que pueden ser mensuales, de campaña o precampaña.
De ahí pasa a una etapa de revisión preliminar en la que el INE puede detectar inconsistencias en lo reportado como gastos no reportados, facturas inválidas, triangulación de recursos, entre otras cuestiones.
En esta parte, la autoridad electoral puede solicitar aclaraciones que soporte una documentación adicional a la que ya entregaron los obligados.
Después se hacen las auditorias de campo y gabinete. En esta parte se revisan documentos y se hacen verificaciones directas en eventos, propaganda en calle, espectaculares además de hacer un cruce de información con los proveedores.
Al final se dictamina y se resuelve a favor o en contra de los obligados por medio de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) quien emite un dictamen consolidado y se lleva a revisión con la Comisión de
Fiscalización del INE que lo expone ante el Consejo General del instituto para que lo apruebe o deseche.
En el caso de que el dictamen sea rechazado y existan inconsistencia que se registraron fuera de la ley, hay sanciones que van de multas económicas, pérdida del registro de las candidaturas (por ejemplo, al rebasar los topes de campaña por más del 5 por ciento de lo permitido), hasta la pérdida del registro del partido que evadió la ley y hasta denuncias en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en casos, por ejemplo, de financiamiento ilícito.
¿Qué fiscaliza hoy el INE? Primero, el dinero que otorga el Estado mediante las prerrogativas de los partidos. También las aportaciones de militantes y simpatizantes y los créditos o el autofinanciamiento. El INE debe entregar la revisión de las campañas hasta 45 días después de la elección.
En el papel, pareciera que el sistema de fiscalización es robusto. Sin embargo, hay resquicios que han permitido el financiamiento ilegal a candidatos y sus partidos.
En la experiencia internacional existen mecanismo para hacer de la fiscalización un sistema mucho más eficiente para evitar el ingreso de recursos ilegales.
La Unión Europea es ejemplo con la transparencia programática que usa y que consiste en forzar a plataformas y agencias a etiquetar anuncios políticos, mostrar en estos quién paga cada anuncio, hacer visible la segmentación usada y los montos, limitar el microtargeting sensible y mantener los archivos auditable-por-ley.
El uso de la tecnología también puede ser útil para que la información fluya en tiempo real para que se haga una conciliación automática. ¿Cómo hacerlo? Primero enlazar el SIF con los feeds de los bancarios oficiales (movimiento, saldos, CLABE autorizada) y así conciliar con los CFDI y los contratos. Brasil lo hace de esta forma y la información es pública.
Para impedir que por la vía digital se realice campaña que evite la fiscalización, se puede adecuar a nuestro modelo el que se utiliza en el Reino Unido que construyó una biblioteca digital unificada para los anuncios en la red, además de exigir una huella digital. Todo esto para que toda la propaganda de los sujetos obligados esté a la vista y se sepa quién pagó y cuánto pago.
Canadá exige el registro de plataformas y terceros para conservar los catálogos de anuncios políticos y de temas públicos, incluso en tiempos no electorales. Además, realiza un monitoreo georeferenciado para detectar espectaculares, mantas y otros elementos para que, mediante esa georeferenciación se cruce la información con los instrumentos de fiscalización, en nuestro caso sería el SIF y el catálogo de proveedores.
Además de esto, la fiscalización debería contar con un padrón de donantes y proveedores; de esta forma, el INE tendría la posibilidad de saber quienes es el beneficiario real de cada donación y quienes, alrededor de ese donante, podrían beneficiarse de una aportación.
También sería deseable de contar con un sistema de “circuito cerrado” por el que pasen todas las operaciones, incluida la digital, para que el INE haga pagos directos y se eviten triangulaciones de proveedores críticos, es decir, aportantes de gran relevancia política, económica o social.
Un candado más, imponer subtopes a los gastos de campaña, por ejemplo, a los gastos de pauta digital, eventos masivos y propaganda física (espectaculares, bardas, mantas, etc.) para prevenir trasvases que son difíciles de identificar.
¿Y si alguien se pasa de listo? Sanciones ejemplares. Si la Unidad Técnica de Fiscalización detecta que se ha rebasado el tope de 5 por ciento, o incluso reconoció uso de recursos indebidos, se imponen medidas cautelares inmediatas como dejar de otorgar las ministraciones a los partidos suspender las pautas digitales y de radio y televisión en tonto resuelve en Consejo General.
Después de eso, dependiendo la gravedad del caso, la multa a partidos y, en su caso, a algún proveedor fantasma.
¿Cuál sería una sanción que “doliera” a partidos y candidatos tan sólo el intentar violentar la ley? No sólo cancelar la candidatura en ese momento, sino imponer un veto para ese partido en el municipio o distrito, incluso en algún estado, para participar en, al menos, la elección siguiente de la que se produjo la infracción.
Si los datos de la fiscalización, de los gastos y los ingresos son públicos, difícilmente candidatos y partidos podrán sortear la ley para su beneficio.
Ahora bien, ¿cómo y quienes deben, y pueden denunciar, las malversaciones de fondos o rebases de topes de campaña? Se puede generar una plataforma en la que el incentivo es el pago de una parte proporcional de lo denunciado.
Pero, momento, ¿y si los adversarios son quienes realizan pagos por propaganda no contratada por su oponente? Los que falsearon el gasto, serán los que asuman el castigo que buscaban para su rival electoral.
Estas propuestas que hago, nos llevarían a evitar las “cajas negras del financiamiento ilegal”, evitar la simulación contable y, siendo las sanciones inmediatas, se evitarían los fraudes electorales.
No son milagros, pero con instrumentos legales bien delineados en la reforma que está por venir, se debe incluir estos y otros mecanismos para que la transparencia y la rendición de cuentas electorales, den certeza de que no habrá más procesos electorales, amañados, caros e insultantes para la sociedad.
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