Cuestionamientos a la necesidad del servicio de carrera judicial; a la independencia de integrantes del Poder Judicial; así como la falta de claridad en la realización del proceso de elección para ministros, jueces y magistrados, se expusieron en el “Foro Nacional Justicia pronta y expedita”.
Especialistas, abogados, constitucionalistas e incluso periodistas se dieron cita para analizar la iniciativa de reforma judicial propuesta por el presidente André Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero.
El Doctor César Astudillo Reyes y exabogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), puntualizó que “esta reforma nos está acercando a un error histórico”, toda vez que, dijo, la están focalizando a los juzgadores y no en la impartición de justicia.
“Esta reforma no atiende el déficit en órganos de impartición de justicia y titulares, pues en México se cuenta con cinco juzgadores locales y federales por cada cien mil habitantes”, lo que desemboca en una sobrecarga de trabajo para los juzgadores, señaló.
Asimismo, advirtió del acceso a la justicia como un nuevo privilegio para la clase política y no como un derecho humano de la ciudadanía.
En medio de esta discusión, la periodista Ivonne Melgar, quien se distingue por su crónica parlamentaria y el registro periodístico puntual, ha sido testigo de los ocho foros convocados por la Cámara de Diputados, los debates en la UNAM, la consulta impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los señalamientos de juzgadores y trabajadores del Poder Judicial.
Con este panorama, expuso ante los asistentes que “en el caso de los foros, los impulsores de la iniciativa presidencial hablan de excesos de jueces, magistrados y ministros tanto en sus ingresos, prestaciones y escalafón como por el alcance de sus sentencias que, señalan, invaden atribuciones del Poder Ejecutivo y Legislativo, sin que exista castigo para la corrupción y el nepotismo internos.
Agregó que la reforma judicial propuesta por el Ejecutivo no se hace cargo del hecho de que, por cada 100 mil habitantes, hay 0.33 jueces federales y 3.49 locales, situación que genera que los juzgadores atiendan más de 4 millones de asuntos nuevos al año.
“El seguimiento de los foros me permite asegurar que tanto cuantitativa como cualitativamente hablando, la información ahí vertida nos permite concluir que son sin duda mayores los puntos en contra que los argumentos a favor porque el nudo central del problema de la reforma es su diagnóstico. Parte de un enfoque que, a decir de los expertos y protagonistas, equivoca el foco al pretender que la falta de justicia radica en quienes la imparten. Y peor todavía, apuesta su solución en el voto universal de jueces, ministros y magistrados”, explicó.
Otro punto crucial, de acuerdo con la periodista, es que la iniciativa presidencial no centra su exploración del problema en las víctimas.
“Una tercera línea que el debate arroja es la complejidad de ir a las urnas para definir ahí a jueces, ministros y magistrados, con un costo similar a una elección presidencial, advirtió hace una semana la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei”, abundó
Finalmente, el Encuentro Nacional para la Agenda de Seguridad y Justicia convocado por el Poder Judicial “arrojó que la falta de justicia involucra a todas las instituciones del Estado en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno y la mayoría se concentran en la esfera de la falta de seguridad y la violencia criminal.
“Se observa una carencia significativa de formación continua y especializada entre los operadores de los sistemas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, incluyendo policías, peritos, fiscales y jueces. Este problema se presenta en categorías como atención a víctimas y grupos vulnerables; capacitación y fortalecimiento de los servidores públicos en seguridad y procuración de justicia; y desconocimiento por parte de la ciudadanía de los procesos y autoridades en la procuración e impartición de justicia, entre otras”, explicó.
